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Ante estas declaraciones Christian Pereira dirigente sindical de la ensambladora Chrysler de Venezuela, expresó lo siguiente:
“No existe ninguna duda de que las declaraciones del presidente de la General Motors obedece a un chantaje de la transnacional, a través de la amenaza con los puestos de trabajo, para que el gobierno flexibilice el control de cambio, lo cual es parte de todo un andamiaje de manipulación y desviación de la política automotriz por parte de las transnacionales acá en Venezuela.
Lo cierto es que en el portal de CADIVI, el sector automotriz aparece como en el tercer escalón en cuanto a la asignación de divisas con el 14,18 % sólo superado por los renglones alimentación y salud y que las cinco principales ensambladoras de vehículos en el país aglomeran el sesenta por ciento de esas asignaciones.
General Motors y las demás ensambladoras utilizaron los beneficios que les ha dado el gobierno, como los provenientes del Plan Venezuela Móvil para trasladar sus líneas de producción al exterior y sólo ensamblar en el país los vehículos subsidiados por el gobierno, eso se corroboró cuando en el año 2007 de casi medio millón de vehículos vendidos en el país el setenta por ciento era proveniente de las importaciones y no de la producción nacional y la General Motors, por ejemplo, poseía en el ranking de ventas cuarenta modelos de los cuales treinta y cinco eran importados.
Luego de las restricciones a las importaciones de vehículos que aplicó el gobierno, los empresarios han estado obligados a producir en sus plantas y se han conseguido que sus líneas de producción están obsoletas, pues estos empresarios chupa sangre no han querido invertir en tecnología y los trabajadores hemos sufrido las consecuencias, pues la cantidad de trabajadores enfermos por la exposición al trabajo con condiciones disergonómicas en la industria automotriz supera los cuatro mil.
También estos empresarios se han dedicado a desarrollar toda una campaña de ataque a los trabajadores, delegados de prevención y dirigentes sindicales que hemos encabezado la lucha por condiciones dignas de trabajo, violan la ley e incumplen los contratos colectivos y luego declaran en los medios de que somos los trabajadores los que ocasionamos conflictos ilegales y sin razón; en medio de este ataque los trabajadores recibimos despidos injustificados, desmejoras, procedimientos en tribunales, descalificaciones en los medios y toda una arremetida que incluso ha cobrado vidas en hechos que no se han investigado a fondo como lo ocurrido en la MMC de Barcelona y hace pocos días en Toyota, de Cumaná.
Pero además existe toda una onda especulativa que gira en torno a la adquisición de un vehículo y los venezolanos para obtenerlo pagamos hasta tres y cuatro veces su valor en el mercado internacional; empresas como Chrysler de Venezuela en los meses que tiene el año le ha aplicado cinco aumentos a los precios de los vehículos.
Y más allá aún General Motors es actor principal de una política que ha impuesto una modalidad de flexibilización y tercerización de la mano de obra, que recibió el apoyo del MILCO a través de la trasformación de las relaciones de trabajo y del traslado de la mano de obra a través de simulaciones de cooperativas, donde se le impide a los trabajadores que gocen beneficios de ley, que tengan derecho a organizarse y al contrato colectivo, esto ocurre en la planta de camiones ubicada en Mariara estado Carabobo.
Hemos recibido información de que la empresa tiene planes de trasladar el ensamblaje del modelo Spark a esta planta y de cinco proyectos que posee todos serán destinados a Mariara.
Con esa misma política el grupo GEANDINA de capital colombiano, donde pertenecen las fábricas de autopartes Rudeveca, Metalcar, Gabriel, Madeal y Covendisa, ha ido sacando a cientos de trabajadores a la calle para luego abrir con mamparas de cooperativas, en algunas de ellas trabajando a puerta cerrada como lo hacen en las fábricas de ruedas Rudeveca y Madeal.
Por todas estas cosa es que le decimos que los trabajadores de General Motors y del resto del sector tenemos que reaccionar y no ceder ante el chantaje de estas trasnacionales, no deben aceptar las llamadas “cajita feliz” y más bien tiene que organizarse para revelarse ante los distintos atropellos de las ensambladoras.
Las automotrices en Venezuela ya están tomando medidas para que seamos los trabajadores y el pueblo venezolanos los que llevemos parte de la carga producto de su descalabro financiero. Si la General Motors o cualquiera de estas pretenden cerrar, estas fábricas tienen que ser ocupadas por sus trabajadores e inmediatamente el gobierno debe intervenirlas para colocarlas al servicio de los intereses de la nación y al proyecto socialista. Debe el gobierno atender y escuchar a los trabajadores para en conjunto tomar las medidas que se tengan que tomar en contra de los atropellos a los que nos ha estado sometiendo las automotrices y no seguir cediendo, como lo ha hecho hasta ahora, a los chantajes del poder económico, quienes terminan utilizando los recursos que les da el estado para atropellar a sus trabajadores, saquearle los bolsillos al pueblo y conspirar contra el proceso revolucionario”.
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