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Botadero de Basura que la empresa "Sincreba" dejó como recuerdo para todos los merideños, en el sector El Balcón, ni el municipio Sucre, ni la mancomunidad de alcaldes, el Ministerio del Ambiente, le buscan solución a este problema ...será que el relleno es un negocio también? | Credito: Clan |
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MERIDA, Venezuela; 18 de abril (Colectivo Libre Aquiles Nazoa) La Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos se encuentra en un estado lamentable de abandono desde noviembre del año pasado. Mientras tanto, la burocracia ha encontrado en el Consejo Comunal de la zona un nuevo parachoque para sus políticas antiobreras.
El 11 de enero de 2008, el diario Pico Bolívar reseñó una reunión realizada en la alcaldía de Libertador entre representantes de la empresa española Urbaser, responsable del aseo urbano en el municipio; consejos comunales, y funcionarios. En la nota se puede leer lo siguiente:
"(el alcalde Carlos León) expuso que se ha venido discutiendo la posibilidad de que el consejo comunal de Puente Viejo sea el encargado de asumir esta inversión del Estado, para encaminar el servicio que presta la planta…".
Nosotros proponemos que sea una empresa estatal bajo control obrero la que se encargue de la gestión de la planta. No obstante, los trabajadores están agrupados en una cooperativa que perfectamente podría funcionar como empresa de producción social bajo alguna modalidad de cogestión con el Estado, sólo hace falta la voluntad política de la mancomunidad para acordar una fórmula de gestión. Sin embargo, ni siquiera se informó a los trabajadores de lo acordado en la negociación entablada con el Consejo Comunal. La cooperativa se dirigió formalmente al Consejo Comunal de Puente Viejo para solicitar una reunión en la que plantearían la reactivación de la planta con el concurso de los trabajadores, la comunidad y las autoridades.
En la respuesta obtenida, el 31 de enero de 2008, el Consejo Comunal plantea directamente: “no tenemos ningún interés en la planta.”
Sin embargo, los representantes comunales ejercen funciones de vigilancia en la planta, y cobran un peaje a los recicladores informales que acceden al botadero, en virtud del acuerdo con las alcaldías.
Lamentablemente, en este caso la figura del Consejo Comunal sirve nuevamente al Estado como un modo de tercerizar los conflictos que se derivan de los manejos negligentes y antiobreros de la burocracia.
Pese a todas las dificultades, los trabajadores mantienen la movilización por la reapertura de la planta, y preparan una campaña internacional de solidaridad apelando principalmente al movimiento obrero y a las organizaciones de recicladores a nivel mundial, para emplazar al Estado venezolano a asumir su responsabilidad frente al caso.
