La ultraderecha vuelve a arremeter criminalmente en contra del pueblo en Mérida.
A las 12:30 am de este domingo, 11 de Noviembre, un grupo paramilitar fuertemente armado sometió al grupo de trabajadores que realizaban la vigilancia y custodia de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos, amordazándolos y torturando a uno de ellos, propinándole una golpiza mientras se encontraba atado; el resto de los trabajadores era interrogado y apuntado con armas largas y cortas. Los seis encapuchados que llevaron a cabo la acción terrorista se valieron de la oscuridad para llegar al lugar a bordo de dos camionetas modelo Corsa, una blanca y una negra, y buscaban a la dirigente obrera Sonia Mejías, por quien preguntaron repetidamente. El suministro de electricidad para el alumbrado de la vía de acceso a la garita de vigilancia había sido saboteado el día de ayer, presumiblemente por quienes llevaron a cabo el ataque. La acción paramilitar fue frustrada por la llegada minutos más tarde de un grupo de trabajadores a bordo de un vehículo particular, hecho que desconcertó a los atacantes y propició su huida, luego de que uno de los tripulantes del vehículo lograra escapar del grupo paramilitar.
Los trabajadores atacados señalan que la camioneta Corsa blanca es propiedad de la familia Vielma, la cual es propietaria de la empresa Sincreba. Esta empresa administraba la planta hasta que fuera tomada por los trabajadores, y la concesión de la que gozaba le fue revocada el 23 de Octubre. Pese a ello, Ricardo Vielma, presidente de Sincreba, se ha presentado dos veces esta semana en la planta para exigir que se le permita retirar maquinaria y bienes que asegura son de su propiedad, y en ambas ocasiones se ha presentado escoltado por agentes de la policía regional. Además de ello, Vielma ha llamado a los dirigentes obreros personalmente para procurar una negociación que le permita retirar bienes de la planta.
En horas de la madrugada, luego del ataque, se presentó una comisión policial para atender la denuncia, pero los trabajadores aseguran que la inspectora a cargo de esta comisión no les atendió debidamente, y que algunos funcionarios policiales se burlaron de ellos.
Este es el cuarto ataque armado que han recibido los trabajadores en las últimas dos semanas, en un clima de impunidad grotesco, pues no ha habido castigo para los responsables a pesar de las denuncias formales.

Responsabilizamos directamente a Ricardo Vielma y sus allegados de Sincreba si cualquier trabajador o miembro de este colectivo sufre un nuevo atentado. Mientras que la Defensoría del Pueblo permanece acéfala en Mérida, y la Dirección de Seguridad Ciudadana de Mérida no toma medidas de protección a favor de los trabajadores, la vida de ellos y de quienes acompañamos su lucha corre peligro. Llamamos nuevamente a las autoridades nacionales a atender este caso, antes de que se consumen las intenciones criminales de los enemigos de los trabajadores.