(Caracas, 23 de mayo de 2008) Ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, se ordenó el inicio del juicio oral contra seis estudiantes, por su presunta responsabilidad en la toma de las instalaciones de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) de Barquisimeto.

En la audiencia preliminar, los fiscales 60 nacional y 4° del estado Lara, Ricardo Bravo y José Carrillo, respectivamente, ratificaron la acusación contra Luis Pérez Pérez y Carlos Luis Durán, como autores materiales en los delitos de uso de niños o adolescentes para delinquir, instigación pública a la desobediencia de las leyes y ocultamiento de armas de guerra y de fuego.

Asimismo, confirmaron los cargos contra Isabel Vera Santos, Jhonatan Enrique Gómez, Iván José Canelones y Brandys Ibarra Rodríguez, como cooperadores inmediatos en los referidos delitos.
Los seis estudiantes también fueron acusados por agavillamiento, concurrencia real y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

El Tribunal 4° de Control del estado Lara admitió sólo parte de la acusación, pues desestimó los cargos de instigación pública a la desobediencia de las leyes, ocultamiento de arma de guerra y aprovechamiento de cosas provenientes del delito; al tiempo que ordenó el enjuiciamiento de los acusados.

En ese sentido, el Ministerio Público apelará la decisión del juez Edwin Andueza en lo relacionado a la desestimación de algunos de los delitos, por cuanto existen elementos que permiten demostrar la presunta comisión de los mismos.

En la audiencia, los fiscales Ricardo Bravo y José Carrillo también solicitaron que se decretara la medida de privación de libertad de los acusados. Pero, el Juzgado 4° de Lara mantuvo las medidas cautelares de presentación periódica, la prohibición de acercarse a la universidad y de participar en manifestaciones, dictamen que también será apelado por el Ministerio Público.

Es oportuno recordar que los acusados fueron aprehendidos la madrugada del 17 de febrero, en el transcurso de un procedimiento ejecutado por las autoridades.

En esa oportunidad, el Tribunal 4° de Control de Lara les decretó la medida de privación, la cual fue revocada posteriormente y sustituida por arresto domiciliario. No obstante, en la primera semana del mes de mayo, el Juzgado de la causa revisó la medida a solicitud de los abogados defensores y decidió otorgar las cautelares antes mencionadas.