CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR UNIVERSITARIO

1. Para abordar el debate referido a la contratación colectiva en el sector universitario venezolano es imprescindible partir de la concepción general que se tiene sobre las universidades y las funciones que éstas deben cumplir en la sociedad, particularmente en el marco de una transformación social como fue concebida por el presidente Chávez y plasmada en los planes de desarrollo nacional 2007-2013 y 2013-2019.
2. Las universidades tienen por función el generar nuevos conocimientos científicos que aporten al desarrollo económico soberano e independiente del país, crear una ciencia que preserve la autonomía política de la nación y respete las culturas autóctonas, conocimientos que deben estar en función del bienestar de las mayorías sociales populares, en el marco de la inserción que como República soberana se ejecuta en el mundo globalizado y particularmente con las hermanas naciones de Nuestra América.
3. También tienen las universidades otra función principal: la formación de nuevos profesionales que contribuyan al desarrollo científico, técnico, social y cultural del país, educados en el respeto a las normas democráticas que permiten el protagonismo popular en todos los ámbitos del ejercicio profesional, tanto en la esfera pública como privada.
4. Para ejecutar esas funciones las universidades disponen de un personal de trabajadores docentes o profesores que ejecutan labores simultáneas de docencia e investigación, personal docente que cuenta con un personal de apoyo integrado por trabajadores administrativos y obreros. Sin dejar de mencionar que los estudiantes de pre y posgrado representan la razón de ser de la universidad, pues con ellos se construye y constituye la nueva ciencia para la transformación social de Venezuela.
5. De acuerdo a la ley vigente, la carrera académica del personal docente y de investigación exige ascender en un escalafón cada cuatro o cinco años, presentando trabajos de ascenso que representan resultados de investigaciones realizadas por el docente con el fin de mantenerse actualizado en sus conocimientos científicos. Para llegar al último escalafón, el de profesor titular, el docente debe presentar cuatro trabajos de ascenso (para ascender a Asistente, Agregado, Asociado y Titular respectivamente), y haber culminado por lo menos una maestría y un doctorado (para ascender a profesor asociado la ley exige poseer el título de doctor). El ascenso en el escalafón es de obligatorio cumplimiento para los docentes, según la ley, so pena de ser removidos de su cargo (artículo 110 de la LU). De manera que un docente cuando llega a profesor titular acumula aproximadamente 15 años de experiencia universitaria, en la cual ha impartido una o varias cátedras, además de haber ejecutado por lo menos cuatro proyectos de investigación relacionados con las mismas cátedras que imparte en pre o posgrado.
6. Esta carrera académica contemplada en la ley vigente consideramos debería ser más exigente y además de los trabajos de ascenso deberían incorporarse instancias de evaluación hacia los docentes que incluyera una presentación periódica (cada 5 años, por ejemplo), ante un jurado calificado, de los principales contenidos y estrategias desarrolladas en las cátedras que imparte, incluyendo la elaboración obligatoria de textos de estudio, libros o publicaciones científicas en general que se relacionen con la labor docente e investigativa del profesor, además de exponer las actividades obligatorias de extensión y de investigación realizadas durante el período. Sin embargo, tal como está contenida en la ley, esas exigencias persiguen garantizar que el conocimiento científico que posee cada profesor se actualice en el tiempo, y es una medida para evitar la “piratería” académica y el anquilosamiento en el conocimiento que se imparte en las aulas de clase.
7. Por estas razones, aspectos que se pudieran considerar, de manera muy ligera, como exclusivamente reivindicativos, como son el bono doctoral que cobramos los docentes y la prima de profesor titular, constituyen en realidad un reconocimiento al esfuerzo en su formación y un premio al cumplimiento estricto de las exigencias de ley. Sin esas exigencias, las funciones universitarias que definimos en los primeros puntos de este documento sería casi imposible cumplirlas.
8. De acuerdo con nuestro razonamiento, no tiene ninguna relación el bono (o prima) doctoral que recibe un docente, con el pago (bono, prima o cualquier otro nombre) que pueda recibir un trabajador no docente que posea título de doctor. Cuando un empleado administrativo posee título de doctor, no necesariamente ese título está relacionado de manera directa con la labor de apoyo que realiza dentro de la institución (tengamos en cuenta que el personal administrativo involucrado en actividades docentes y de investigación es muy poco significativo en cuando a la población total del personal de apoyo universitario). En el caso del docente, su título de doctor es obligatorio para ascender en el escalafón, y es a la vez obligatorio para el cumplimiento de la excelencia académica que requiere la universidad para cumplir sus funciones sociales. El título de doctor en un docente es una obligación de ley y una necesidad para que la universidad pueda cumplir su papel en la sociedad. El título de doctor en un empleado administrativo no es necesario salvo en los casos en que el perfil del cargo administrativo así lo requiera (hasta donde sabemos, no hay cargos administrativos que exijan poseer título de doctor para ocuparlos).
9. Tampoco existe relación alguna entre la prima de profesor titular, con la prima por antigüedad que hasta ahora han venido cobrando los trabajadores administrativos de las universidades nacionales. La prima de profesor titular no es una prima por antigüedad, exclusivamente. Primero que todo, es una prima que sólo se comienza a cobrar cuando el docente ya tiene aproximadamente unos 15 años de actividad académica en la institución. En los 14 años previos, el docente no cobra la prima, obviamente, porque aún no es titular. Diferente es la prima de antigüedad de los empleados, que la cobran desde el mismo primer año cumplido de labores universitarias. Pero por sobre todo, la prima de titular representa la excelencia académica que se propone cada universidad en la búsqueda de un conocimiento científico liberador que coadyuve en la formación de nuevos profesionales comprometidos con una Venezuela soberana que satisfaga las principales necesidades de su población. La prima de titular es un incentivo para que todo el personal docente cumpla con la obligación de ley de ascender hasta el último escalafón y satisfacer así los requerimientos investigativos necesarios para mantener actualizados los conocimientos científicos de cada profesor. Este razonamiento no contradice la propuesta de extender a los docentes la prima por antigüedad que actualmente cobran los trabajadores administrativos. Estamos de acuerdo con que esta III CCU apruebe que la prima de antigüedad sea extendida al personal docente. Lo que proponemos es que se mantenga de igual forma la prima de profesor titular.
10.  Aquí resaltamos las estrategias de contrarreformas educativas que viene aplicando el capitalismo mundial y particularmente en Latinoamérica, enmarcados en el denominado “apagón pedagógico global” (en aporrea se han publicado en los últimos años diversos análisis, http://www.aporrea.org/educacion/a233805.html). Entre esas contrarreformas que se han acentuado en este siglo XXI, además de la privatización y mercantilización de la educación que se había profundizado a partir de la moda neoliberal de los 80, destacan la fragmentación del hecho pedagógico a través de “modas educativas” que han ido pulverizando el concepto de la educación como un hecho total, integrado al contexto social y al proceso de formación integral del estudiante (aquí mencionan la moda de las didácticas, la del currículo, la de la evaluación cualitativa, la de formación de supervisores y planificadores, y la más reciente de evaluación de los sistemas educativos). Destacan la homogenización de los aprendizajes, limitándolos a cuatro áreas (lectoescritura, matemática, tecnología y nociones de ciencia) y la evaluación de los docentes, que en el caso universitario ha desembocado en el abandono de la agenda de la educación universitaria por buena parte de los organismos educativos internacionales, dejando a merced del mercado y los rankings universitarios el destino del sector (controlados esos rankings por el Banco Mundial y la OCDE).
11. Destaca en toda esta contrarreforma educativa el fuerte ataque contra la profesión docente, que la coloca en riesgo de desaparición. Como afirma Luis Bonilla en el mencionado artículo: “Los docentes somos actores/autores fundamentales en la construcción de ciudadanía no domesticada, interpretación científica del mundo, el aprender a aprender y el desarrollo del pensamiento crítico. Si se indaga  encontraremos que detrás de cada proyecto emancipatorio colectivo ha sido notoria la presencia de docentes, quienes coadyuvaron a abrir -desde las ideas y el ejemplo de sus posiciones- el camino. Por ello, el capitalismo desprecia tanto a los docentes”. Es por ello que no compartimos la desvalorización de la profesión docente que está implícita en algunas cláusulas del Proyecto de III CCU, criterios que ya han aparecido tanto en las anteriores contrataciones como en el discurso de los dirigentes de la   Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela   (FTUV), en consonancia con un discurso y acciones similares de parte de las autoridades del MPPEUCT.
12. El mismo Luis Bonilla alterta ante esta política del gran capital: “Lo que está ocurriendo en muchos países donde se presentan las contrarreformas neoliberales de nueva generación (siglo XXI), no es otra cosa que un gigantesco ensayo del gran capital para aplicar la más feroz involución educativa en el plano de la educación pública con un capítulo especial en la eliminación de la profesión que lo ha caracterizado: la docencia. Si logran imponerlo en algunos países procurarán generalizarlos como nuevo modelo para América Latina y el Mundo”. Resulta irónico que muchas propuestas y ejecuciones tanto del gobierno bolivariano como de algunos dirigentes sindicales universitarios se han puesto en sintonía con estas contrarreformas neoliberales. Un solo ejemplo basta: el considerar que la conducción del acto educativo es un “problema gerencial” y que por tanto los ministerios de educación y demás autoridades deben estar conducidos por “buenos gerentes”, aunque nunca hayan pisado un aula de clases ni sean docentes de profesión. Contra este giro neoliberal de algunos personeros gubernamentales y del sindicalismo bolivariano queremos alertar, pues contradice totalmente los postulados emancipatorios del proceso de transformaciones iniciado por el presidente Chávez.
13. La existencia de una serie de vicios en el desempeño laboral de los docentes universitarios (los hay por igual en los administrativos y obreros), no implica en modo alguno que se supriman los mecanismos de evaluación que tienden a preservar la calidad del conocimiento que deben generar e impartir los docentes a todo lo largo de su carrera académica. Porque se derrumbe un edificio no se va a eliminar la profesión de ingeniería. Lo que se hace es profundizar en los mecanismos de evaluación en la formación de esos ingenieros. Porque se cometan componendas y piraterías en los trabajos de ascenso de los docentes universitarios, porque se desarrollen líneas de investigación sin pertinencia alguna para las necesidades del país y del pueblo, porque se publiquen trabajos “científicos” que poco aportan a resolver los problemas planteados en el plan de la patria, no implica que se supriman o desvaloricen los trabajos de ascenso, las actividades de investigación y la publicación de los resultados de esas investigaciones. Lo que está planteado es diseñar un esquema de carrera académica para los docentes universitarios, que tenga una evaluación estricta respetando la democracia y la pluralidad epistémica de la ciencia; lamentablemente el gobierno bolivariano se privó de ejecutar una profunda reforma universitaria que era perfectamente posible cuando se tuvo por 15 años la mayoría parlamentaria. Lo que no podremos aceptar nunca es que la piratería y la corrupción académica se combata creando condiciones para una mayor piratería y una mayor corrupción en el ejercicio de la docencia universitaria.

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

• Rechazamos la eliminación de la prima de profesor titular (que aparece en la cláusula n° 33, parágrafo tercero), y proponemos su permanencia como prima multiplicativa anual mientras el docente se mantenga activo, y que la misma sea aumentada para que represente realmente un incentivo, tanto para cumplir con la ley como para mantenerse activo como docente. En el marco de la actual inflación que desmorona el salario real, dicha prima de titular debería estar por los 15.000 bolívares por año como titular. Esta eliminación de la prima de titular, tal como está concebida en el proyecto de la III CCU que presenta la FTUV, acaba con la universidad como tal, destruye el papel de la universidad como creadora de nuevos conocimientos científicos, pues no valora para nada ni el proceso progresivo de formación de los docentes (expresado en el sistema de escalafón) ni la actividad de investigación científica (expresada en este caso en el requisito obligatorio de los trabajos de ascenso).
• Rechazamos el punto 2 de la cláusula 28, que dice: “Realizar ajustes en la construcción de la tabla (se refiere a la tabla salarial), partiendo  de aumentos absolutos que permitan cerrar la brecha salarial entre los trabajadores universitarios”. Este criterio, antes expresado reiteradamente de manera pública por los dirigentes de la FTUV, pero que ahora aparece incluido en una cláusula de la contratación, implica también una desvalorización absoluta del sistema de escalafón docente, y un desconocimiento de las funciones sociales que cumple la universidad. Consideramos un verdadero exabrupto el plantear “cerrar la brecha salarial entre los trabajadores universitarios”, pues esa frase sugiere que el salario de un obrero con poca o ninguna formación académica debería acercarse al de un profesor titular a dedicación exclusiva, que representa el salario más alto en las universidades venezolanas. El cumplimiento de ese principio sería la aniquilación de la universidad, la pérdida de su excelencia, la desaparición de su calidad académica, y sería un incentivo para la fuga de cerebros hacia cualquier institución extranjera o hacia empresas privadas existentes dentro del país.
• En este tema resaltamos que en las universidades del resto de países latinoamericanos, los profesores de más alto escalafón (con  título de doctor, experiencia de una o dos décadas como docente y varias decenas de publicaciones científicas) tienen un sueldo equivalente a más de diez salarios mínimos. Por ejemplo en Ecuador, donde el salario mínimo era en 2015 de 366 dólares, un profesor de mayor escalafón gana hasta 4100 dólares, que representa más de 11 salarios mínimos, mientras que un profesor auxiliar de tiempo completo gana hasta 2000 dólares, equivalente a 5,5 salarios mínimos. En Venezuela, los profesores de mayor escalafón tenemos un ingreso mensual que apenas se acerca a dos salarios mínimos (el salario mínimo “integral” actual es de 90.811 Bs. y el de un profesor titular es de 168.303, incluyendo el bono de alimentación). Y el salario de los profesores instructores a tiempo completo en Venezuela (salario de la casi totalidad de los nuevos ingresos docentes), de 119.000 Bs,  apenas supera el salario mínimo nacional, de 90.000 Bs. (1,3 salarios mínimos). De acuerdo con esto, las tablas salariales universitarias no aguantan más “aplanamiento” del ya ejecutado en la última década.
• Consideramos que la nivelación salarial como política laboral es justa en términos históricos, pues el capitalismo ha introducido abismales diferencias salariales entre los más altos ejecutivos de bancos y empresas y el personal de trabajadores que vivimos de un salario. Su aplicación en Venezuela pudiera iniciarse precisamente en las instituciones de mayor disparidad salarial, como en PDVSA, la FANB y el TSJ. En las universidades no es necesario porque ese proceso ya se cumplió.
• En otro orden, consideramos que los montos de una serie de aspectos contemplados en el proyecto, como la prima por hijos, el bono de alimentación, la contribución para útiles escolares y otros aspectos similares, deben ser fijados de acuerdo a los altos niveles de inflación que han prevalecido en los últimos años y que según todo indica se mantendrán por lo menos durante el 2017. Una prima por hijos de 4000 bolívares mensuales, cuando la canasta básica familiar se ubica por encima de 400.000 bolívares según cálculos de instituciones privadas (dado que el BCV se abstiene de presentar ese tipo de estadísticas desde hace varios años), es un monto irrisorio que debe ser revisado.
• Sobre la cláusula 28 referida a las tablas salariales, entendemos que el punto 1 de esa cláusula habla de un aumento de 500 % anual para 2017 y otro tanto para 2018. De ser así estamos de acuerdo, aunque el deterioro de nuestros salarios reales en los últimos cinco años supera ese porcentaje. Si resulta que lo redactado no logró explicarse, o se colocó de manera confusa, y el aumento de 500 % se refiere al período bianual de vigencia de la III CCU, entonces esa cifra debería revisarse, pues los cálculos más conservadores hablan de al menos un 700 % de inflación para este año 2016, cifra calculada antes que se desatara toda esta escalada de las últimas semanas que puede llevar la inflación anual por encima del mil por ciento para 2016 y que probablemente augura otra altísima inflación para el 2017.
• En las tablas salariales, ratificamos que se debe garantizar el porcentaje de diferencia entre los distintos escalafones del profesorado y del resto de niveles laborales de administrativos y obreros. Rechazamos cualquier propuesta que tienda a “aplanar” las tablas salariales universitarias.
• Sobre las cláusulas 2 y 3 de la III CCU, que hablan de la “vinculación universidad – economía productiva” y de la “construcción de la cultura socialista”, como docentes universitarios ofrecemos espacios de formación hacia las comunidades que hemos venido ejecutando desde hace unos diez años, como los diplomados en “Formación Sindical, Consejos de Trabajadores y Prevención Laboral” (8 cohortes hasta el presente), el diplomado en “Educación Intercultural Bilingüe” (7 cohortes), diplomado en “Consejos Comunales” (8 cohortes), el seminario “Marxismo y la Sociedad Global del Siglo XXI” (una cohorte), el seminario “La Crisis Mundial y los retos de la economía venezolana” (dos seminarios realizados), además de diversas líneas y proyectos de investigación relacionados con las comunidades indígenas del estado Zulia, con los movimientos de trabajadores y movimientos estudiantiles existentes en la región.
• Es de nuestro criterio que quienes vayan a representar a los trabajadores universitarios afiliados a la FTUV en la nueva discusión de la III CCU, no sean los mismos que nos representaron en las dos anteriores discusiones de Convención Colectiva Universitaria. La razón de esta propuesta está, por una parte, en que reivindicamos que la contratación universitaria debe ser discutida por personas que defiendan un modelo de universidad crítico y alternativo tanto a la contrarreforma capitalista como ante la inercia gubernamental, y además por los nefastos resultados derivados de las omisiones que hicieran los representantes de la FTUV al valorar de una manera sumamente irresponsable los índices inflacionarios anteriores, las previsiones inflacionarias para el año en que se discutió la CCU y las previsiones para el año siguiente, con los resultados que estamos afrontando actualmente.
• Por otra parte, la FTUV fue constituida en 2015 y designó una directiva provisional que incumple la LOTT en su artículo 387, numeral 8, que dice que “el registro nacional de organizaciones sindicales…podrá abstenerse del registro de una organización sindical… 8. Cuando en la junta directiva provisional se incluyan personas que durante el último año pertenecieron a la junta directiva de otra organización sindical cuyo período se venció y no han convocado a elecciones sindicales”. Los directivos de las tres federaciones principales que integraron la FTUV volvieron a colocarse como directivos provisionales de la nueva federación que se constituía, en violación flagrante del mencionado artículo, pues estaban en mora electoral en las anteriores federaciones. No obstante, violando la propia ley cuyos derechos debería garantizar, el Ministerio del Trabajo procedió a registrar a la FTUV colocando los mismos directivos que aparecían en las anteriores tres federaciones universitarias.
• Proponemos que en asambleas sindicales, los trabajadores designe quienes los representarán nacionalmente en la discusión de la III CCU.

CONSIDERACIONES FINALES:

• Es necesaria una lucha frontal de los trabajadores universitarios por recuperar la capacidad adquisitiva de nuestro salario. Es una lucha que apenas comenzará con esta tercera CCU y que debe continuar posteriormente, porque es tan profundo el hundimiento de nuestro salario con relación a la inflación real presente hoy en Venezuela, que es muy difícil, por no decir imposible, el poder recuperar niveles salariales que teníamos hace apenas cinco años en un solo aumento salarial.
• El ambiente para la discusión de la III CCU será considerablemente conflictivo, debido a que la escalada inflacionaria no parece detenerse, el salario de los trabajadores está en el subsuelo y parece que seguirá estando allí por un lapso no tan corto, y los gremios universitarios principales, controlados por la derecha, aprovecharán para realizar paros y otras acciones de lucha en procura no sólo de conquistar derechos perdidos, sino de contribuir al debilitamiento del gobierno chavista y facilitar así que la derecha asuma el poder en un corto plazo.
• La única manera de afrontar esta realidad política nacional es sostener una política clasista en defensa de los derechos reivindicativos de los trabajadores universitarios, vinculado esto a una perspectiva de universidad comprometida con la formación, creación y difusión de nuevos conocimientos científicos para el desarrollo soberano y el bienestar del pueblo venezolano. Hasta ahora el gobierno de Maduro, siguiendo la política de Chávez hacia las universidades, se limitó a mantener y garantizar el  enorme financiamiento que tienen las universidades autónomas controladas todas por la derecha, sin proponer ningún tipo de trasformación interna, resaltando que se perdieron tres períodos legislativos -15 años-, y no se aprobó una nueva ley de universidades, además que se permite que los actuales rectores de derecha continúen de manera indefinida en sus cargos, incluso si fallecen se permite que designen un encargado también de derecha (como ocurre actualmente en LUZ). Si se asume una política gobiernera que justifique el derrumbe salarial actual y le siga escatimando derechos a los trabajadores, lo que se logrará es que la amplia masa de universitarios respalde de manera casi total a los gremios de la derecha, con la consiguiente derrota política que eso significa, incluso mirando a futuro en un espectro político nacional de incertidumbre.
• Los niveles de sufrimiento y explotación de la masa trabajadora han alcanzado expresiones no vistas por lo menos en el último medio siglo, y no se le puede pedir mayores sacrificios a los trabajadores. Venir con un discurso gobiernero que pida mayores sacrificios no encontrará eco ni siquiera en la masa chavista, considerablemente reducida, que aún se mantiene fiel al gobierno de Maduro.

¡¡ POR UNA III CCU QUE GARANTICE EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS Y SUS FAMILIAS,  A LA VEZ QUE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y EL BIENESTAR DEL PUEBLO VENEZOLANO!!

Maracaibo, 04 de diciembre de 2016

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