La Venezuela en tiempos de revolución democrática y de un mundo globalizado cada vez más asimétrico, inició el pasado mes de abril un proceso de Consulta Nacional sobre la Calidad de la Educación orientado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Se puede afirmar, sin temor a equivocación, que esta decisión respondió a un viejo clamor nacional, al menos de todos los involucrados directamente en el sistema educativo, lo cual representa una significativa parte de los ciudadanos del país.

Como puede inferirse de su enunciado, dicho proceso pretende recoger las opiniones, inquietudes y aspiraciones de docentes, estudiantes, trabajadores del sector educativo, madres, padres, representantes y comunidad organizada en Consejos Comunales y Comunas, con el objetivo público y deliberado de que sus propuestas y observaciones puedan incidir favorablemente en el mejoramiento de un sistema escolar que haga posible el derecho constitucional de ofrecer una educación para todos y de calidad, en tanto que la escuela se convierta en un espacio abierto, inclusivo y sin discriminaciones para que sea capaz de despertar y desarrollar integralmente en cada venezolano sus potencialidades y abordar con sentido solidario y atento las limitaciones y carencias de los venezolanos en situación de vulnerabilidad.

Mejorar la calidad de la educación de nuestro país es un problema de Estado y, por ende, un asunto de todos, y eso se logra mediante la toma de decisiones pertinentes y adecuadas, con base en la información recopilada a través del proceso de la consulta nacional que va más allá de los expertos. Según cifras oficiales, entre el 22 de abril y el 10 de mayo, se realizaron en escuelas públicas, 8.154 consultas con un millón 630 mil 685 escolares y maestros participantes, y en los colegios privados se han hecho 1.351 consultas con 205.342 participantes.

Ahora bien, fieles a su tradición, los opositores al Gobierno Nacional, han buscado toda clase de argumentos falaces con el fin de entorpecer y sabotear este proceso de consulta democrática. Han dicho que la consulta es una farsa para justificar la imposición de decisiones ya tomadas que pretenden modificar los contenidos para establecer una educación socialista; que se trata de la ideologización de la educación; que las niñas, niños y adolescentes, los trabajadores y la comunidad organizada no están en capacidad de decidir sobre los fines y contenidos de la educación, etc. Quienes así opinan, olvidan que en el pasado las decisiones educativas se tomaban de manera inconsulta y sin ninguna participación de los ciudadanos considerados eunucos políticos.

Por otra parte, si fuera cierto que se pretende imponer un modelo educativo predeterminado, simplemente no se hubiese hecho la consulta, tal como era la usanza de AD y COPEI en los gobiernos del pacto de gobernabilidad Punto Fijo.

En relación a la supuesta ideologización de la consulta, se soslaya el hecho indiscutible de que todo sistema educativo tiene por finalidad la reproducción del modelo económico de sociedad que lo contiene. Esta crítica carece de fundamentación filosófica porque oculta que la educación, por ser un hecho social y cultural, se transforma en el acto humano más político y sublime de la sociedad y, en consecuencia, en el portador del espectro de valores y de actitudes permeados por la ideología. No existe en el planeta Tierra una educación sin ideología e insistir en su discusión es defender un exabrupto conceptual y una barrabasada llena de ignorancia.

Ahora bien, en presencia de una revolución -y en Venezuela se intenta impulsar una revolución socialista, pacífica y democrática - es lógico y natural que exista la necesidad de replantear los fines de la sociedad, el sistema de valores, las aspiraciones y las expectativas de los sujetos sin vulnerar los derechos constitucionales.

En el caso de la Venezuela Bolivariana, esas transformaciones se vienen haciendo mediante un profundo proceso de participación popular y un claro ejercicio de democracia participativa y protagónica, reflejados en esta consulta masiva que está en marcha. No es cierto que sólo los docentes están capacitados para opinar y decidir sobre el proceso educativo, como algunos de ellos afirman, sino que todos los afectados e involucrados tienen el derecho y la obligación de participar en él porque la educación es un asunto de todos y no de un sector en especial.

Esta visión gremializada observada en ciertos sectores del magisterio nacional y destacada en la dirigencia de las instituciones universitarias con escuelas y programas de formación docente, es antidemocrática y excluyente, porque niega el mandato constitucional que ordena a los ciudadanos y a sus instituciones a participar en la refundación de la República y, en consecuencia, transformar la educación para disponer de una luminosa y proba escuela primaria, un excelente liceo y, por supuesto, una universidad pública inclusiva y de alta pertinencia social, identificada con la búsqueda de la verdad y los valores espirituales e identificada con los planes de desarrollo de la Nación.

Finalmente, es preciso desenmascarar también la argucia utilizada por la oposición venezolana de relacionar la Consulta Educativa con la Resolución 058 del Ministerio del Poder Popular Para la Educación, que tiene más de año y medio de vigencia y que no está oficialmente en debate porque es parte de la legislación educativa vigente. Esta disposición ministerial se refiere a la creación de los Consejos Educativos para el logro de un mecanismo participativo, inclusivo y plenamente democrático en todas las instancias del proceso educativo, por lo que permite la incorporación de toda la comunidad: estudiantes, trabajadores administrativos y obreros y la comunidad organizada, además de los docentes, madres, padres y representantes, a quienes estuvo reservada la toma de decisiones hasta hace poco tiempo.

En este sentido, la intención de rechazar la Consulta Educativa, por tratarse supuestamente de una consecuencia de la Resolución 058, es intentar, a posteriori, la derogación de este importante instrumento de verdadera democratización de la educación. Una mirada atenta observará que es todo lo contrario de lo que en forma falaz y manipuladora argumenta la oposición.

La Consulta Educativa es una exigencia política y un desiderátum de la Carta Magna para impulsar la consecución de una democracia, con pleno disfrute de las libertades, que valore al ser humano, a la iniciativa popular y que fomenta una participación ciudadana que transforme la educación y cambie la escuela para que la refundación de la Patria sea un proyecto posible.

No sólo es necesario repensar la educación sino que es fundamental modificar el sistema de valores enraizados en una sociedad altamente colonizada con el esquema neoliberal de la globalización. Una sociedad permeada por el consumismo feroz necesita una sobredosis de educación humanista y liberadora, autocrítica y propositiva.

Desde la FBUS de la Universidad de Los Andes sostenemos que la Consulta Nacional debe asumirse como una obligación del Estado y para el poder soberano del pueblo es un deber fundamental participar suministrando la información requerida. Quienes se oponen a ello se ponen de espalda a la historia como la bíblica mujer de Lot.

Fuerza Bolivariana Universitaria Socialista de la Universidad de Los Andes (FBUS)

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