La universidad tiene autonomía como lo manda el artículo 109 de la Constitución y ello se traduce en una autorización para resolver sus propios asuntos en materia de investigación científica, humanística y tecnológica, normas de gobierno, funcionamiento y la administración, así como planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Asimismo se incluye la inviolabilidad del recinto universitario.
Pero la universidad no es una república independiente, pues está sometida a la autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, sus leyes, poderes públicos e instituciones. Por eso advertimos que el contexto político de la nación y el que aisladamente transcurre en el ámbito universitario, son bastante distintos y cualquier comparación sería infundada.
En la universidad, la bandera de las reivindicaciones estudiantiles puede ser impuesta como tema hegemónico por los poderes internos que operan dentro del claustro, para ocultar los asuntos de interés nacional y al mismo tiempo simular independencia en relación con los partidos políticos.
Habiendo pocos liderazgos profesorales y estudiantiles que permanezcan inmunes a la injerencia o influencia partidista (tal como se evidencia en medios de comunicación y redes sociales) es frecuente que se defraude la buena fe de centenares de jóvenes inocentes que entregan su voto con la ilusión de un proyecto estrictamente universitario y no clientelar.
Aunque en izquierdas y derechas hay quienes defienden la tradición del voto docente calificado, lo cierto es que el Principio Constitucional de Progresividad de los Derechos Humanos ordena crear una legislación nueva que equipare el voto estudiantil y el profesoral. Dicha innovación propiciará un salto cualitativo en la conciencia de los estudiantes para que ejerzan radicalmente su poder transformador y dejen atrás la fantasía del “apoliticismo universitario” que históricamente ha favorecido a las élites academicistas.
En el marco de la nación, las pugnas sociales hacen que las masas busquen alternativas políticas de transformación, aun cuando haya países donde temporalmente no se vea una opción revolucionaria. En Venezuela esa opción existe con la Revolución Bolivariana y el vigente proceso de inclusión social, pues a diferencia de los reductos de la burguesía donde la liberación ideológica está pendiente, en la nación prevalece una mayoría universal con conciencia superior.
Somos jóvenes (en mi caso 34 años), pero nuestra lucha es antigua. Lo suficiente para recordar que era el año 2003, yo estaba recién graduado en leyes y pertenecía a la Dirección Nacional de la Juventud Comunista; cuando desde una universidad con sede en mi natal Maracay, un colectivo de estudiantes y profesores de izquierda solicitó mis servicios políticos y abogadiles para atender la problemática de su elección decanal.
Las listas de votantes no habían sido publicadas en su totalidad, aunque el conflicto radicaba esencialmente en la injerencia de los profesores jubilados dentro la votación. Asediados por la peligrosa derecha universitaria en un escenario de convulsión electoral, me reuní clandestinamente con estos camaradas para preparar la operación revolucionaria; y regresé a los pocos días al recinto con un tribunal, a fin de efectuar la inspección que hiciera constar los listados incompletos. Ello me permitió fortalecer mi alegato jurídico para que se postergara la elección por unas semanas, como al final lo logramos. Siendo nuestro propósito fundamental, ganar tiempo para conquistar una reforma de la normativa que depurara realmente el proceso electoral.
Sabíamos que ese contingente jubilado concentraba a la derecha adeco copeyana más reaccionaria y antipopular de nuestra ciudad jardín, por lo cual constituía un objetivo estratégico para el colectivo revolucionario “congelar” a estos discípulos de Caldera y Betancourt. Se trataba pues de una aspiración democrática de nuestra parte para vencer la contienda electoral y realizar nuestro anhelo de cambio hacia una Universidad libre, democrática y abierta al pueblo.
Ante altas instancias burocráticas, dentro del corto tiempo disponible antes de la elección, elevamos nuestra petición por una efectiva corrección de esa vieja normativa opuesta a la transformación. Más sin embargo, no obtuvimos la respuesta oportuna ni la solidaridad esperada. Quizás los que encabezamos esa lucha, desafiando al todopoderoso e inmutable sistema universitario burgués, sentimos que nos dejaron solos.
Llegada la mañana de la elección, la aguja de mi reloj me señalaba un diez implacable. Me di vuelta y contemplé por la avenida Las Delicias, la llegada de una larga columna de taxis a la Universidad. Un macabro canto me advirtió que las elecciones ya nos las habían robado. Coreaban: “Se va, se va”. Eran los “profes escuálidos” que recibían a decenas de sus compadres para ejercer el sufragio. Al verlos todos vestidos de blanco, mi mente produjo una réplica pictórica de mi infancia en los ochenta, viendo en las urnas a esos viejos militantes adecos, envueltos en blanco uniforme con una mosquita plástica adherida al pecho.
Aquel día apreciando en la Universidad como la ley es un instrumento de la Burguesía para la hegemonía y la trampa, sentí que nos habíamos quedado cortos en nuestra campaña, no por lo jurídico, sino por lo político. Y sonriendo serenamente junto a mis camaradas en una reflexión silente, pero más profunda y revolucionaria, me dije: “La próxima vez que nos contemos, el voto del estudiante y del profesor valdrán lo mismo”. La revolución debe pasar por la Universidad.
