Categóricamente rechazamos el paro universitario, pues defendemos un diálogo basado en la legalidad y el respeto mutuo para que no se siga afectando el Derecho a la Educación (Art 102 CRBV) ya que estudiantes de todas las ideas sufren daño por el radicalismo ingrato de quienes desacreditan el aumento dado por el Gobierno Nacional, mientras Europa recorta sueldos.
La verdad no contada todavía es que las Normas de Homologación del sector universitario están por debajo de la ley. Por eso afirmar que una resolución administrativa de 1982 emanada del CNU vale más que la Constitución (CRBV) y la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) es mentir para alargar el conflicto.
Sorprendentemente y por primera vez en Venezuela, con el artículo 6 de la LOTTT, profesores, empleados y obreros de la administración pública, sean contratados o titulares al servicio del Estado, tenemos oportunidad de participar en la definición del nuevo marco laboral. Somos garantes de las reivindicaciones laborales pero siempre respetando los métodos legales.
En honor a la verdad, el TSJ debe anular las normas de homologación invocando el artículo 335 constitucional. Mientras ello ocurre, convocamos al análisis del Principio de Jerarquía de las Normas Jurídicas (Pirámide de Kelsen en primer año de Derecho).
A modo de cierre, invitamos a la correcta interpretación de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales (artículo 89 ordinal 1 CRBV). De ahí se extrae que la Carta Magna y la LOTTT crean la base para una Reunión Normativa Laboral que resulta más favorable porque democratiza la participación de todos en el ámbito universitario.
