El fracaso de la política de las sinuosidades y omisiones de la MUD y su candidato, dejan al desnudo con rigurosa veracidad las intenciones que la motiva y la constatación de la existencia de un proyecto político, económico y social contrario a los intereses de la patria, por tanto, a las necesidades y aspiraciones del pueblo venezolano. El ámbito de las políticas públicas en materia educativa no es la excepción. Las experiencias regionales en la aplicación de las políticas neoliberales en educación describen un panorama caracterizado por la desolación; la profundización de la pobreza y la exclusión han sido sus señas de identidad. Tampoco la experiencia venezolana del pasado reciente marca la pauta diferenciadora.
En el caso venezolano la aplicación de la “Agenda Venezuela”, programa neoliberal del último gobierno de la IV República liderado por Rafael Caldera y su pupilo Teodoro Petkoff, dio continuidad a las políticas de desmontaje de la educación pública iniciadas a finales de la década de los 70, en tiempos de la decadente “Venezuela saudita” de Carlos Andrés Pérez.
La impronta (y la amenaza) de las políticas neoliberales aún persiste, en línea con las inspiraciones no confesadas del programa de la MUD, cuyo propósito es finalizar la “obra” de los gobiernos antecesores de la IV República, dirigida a la destrucción del sistema educativo público, gratuito y cualitativamente mejor, contrariando el mandato constitucional y revirtiendo el esfuerzo titánico de la Revolución Bolivariana por concretar esta finalidad.
Así, la restauración neoliberal que pretende la derecha venezolana propone en su “agenda” la preminencia del discurso economicista como argumento “único”, “irrefutable”, como alternativa a la incipiente reconstitución del Estado docente (conciben la inversión educativa como gasto público); esta orientación propugna la disolución de los actores de la educación para facilitar la privatización del servicio, revertiendo los logros educativos observados en una década de revolución que se traducen en la mejora sostenida de los principales indicadores educativos (tasa de crecimiento sostenido de la matrícula escolar, retroceso en las tasas de deserción y repitencia, incremento en las tasa de prosecución escolar, entre otras).
Una de las primeras medidas que propone la agenda de la MUD son las políticas de “descentralización” de la educación. Se trata de uno de los lineamientos estrella del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que bajo la excusa de mejorar la “eficiencia” del sistema educativo, busca facilitar el proceso privatizador. En la práctica se trata de viabilizar la fragmentación del sistema educativo y con ello la disolución de las responsabilidades del Estado en esta materia.
Desde una perspectiva política, la descentralización que aspira promover la derecha criolla va dirigida a dinamitar la fortaleza del Estado y sus responsabilidades con la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Esta pretensión se fundamenta en el diseño de una escuela “neutral”, “desideologizada”, por tanto alejada del carácter político que la define y caracteriza, desdibujando su papel como herramienta de inestimable valor en la transformación cultural del pueblo, negando su carácter vehicular en el fortalecimiento del protagonismo y la participación organizada de las comunidades en la vida pública. De hecho, el programa de la MUD supone que la escuela es una entidad ajena a la vida comunitaria, concibiéndola como un mero instrumento “desarrolla competencias”, que facilita mano de obra idónea a los intereses de la reproducción capitalista.
Aparejada a la propuesta de descentralización, se incorpora otra de las tesis de la propuesta ideológica neoliberal como es la “autonomía de los centros educativos”, que constituye un nivel más específico en la política de fragmentación del sistema educativo, y que apunta a una sospechosa independencia de escuelas y liceos con respecto a las decisiones del Estado. De acuerdo con el dogma, se justifica tal medida para atender cuestiones relativas a la gestión administrativa, bajo la excusa que así se supera las conocidas trabas burocráticas coadyuvando en la “eficiencia” del sistema.
Sin embargo, en la práctica se traduce en el abandono de responsabilidades de las instancias del Estado, para favorecer el pago de cuotas, y otras aportaciones que decida el equipo directivo, por parte de los padres y representantes de los alumnos. De esta manera se consuma la fragmentación del sistema y la privatización velada de la educación, para favorecer intereses económicos particulares, en detrimento de las necesidades educativas y culturales del pueblo.
El programa neoliberal de la MUD propone, además, como finalidad última: “mejorar” la “calidad” del sistema educativo. El término no deja de ser atractivo, quizás por su polisemia y su utilidad de comodín en la retórica discursiva en el ámbito de las políticas educativas. Pero la “mejora de la calidad” es costosa, por tanto, hay que pagar el servicio educativo; no todo el mundo puede acceder a éste, razonan. Este argumento ha servido para condenar a la marginación social y cultural a generaciones completas de venezolanos. Porque en la lógica de la derecha la “calidad” es sinónimo de exclusión, de expulsión de niños y niñas de la escuela, de filtrar el acceso a la educación universitaria, porque deben estar los “mejores” (que siempre son los mismos: sus hijos, amiguetes y parientes), hasta convertir un servicio público estratégico como es el educativo, en una mercancía, un artículo de lujo solo para las élites.
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