CARACAS (AFP) - El gobierno de Hugo Chávez presionó esta semana a la clase empresarial al intervenir varias empresas y haciendas en el marco de una política de rescate del aparato productivo, una acción calificada de "violatoria" de la propiedad por los sectores privados.

Las intervenciones de al menos cuatro haciendas, que suman más de 68.000 hectáreas, y de dos plantas industriales encendieron la alarma en sectores económicos nacionales, que acusan al gobierno de atropellar las leyes sobre propiedad y seguridad jurídica.

El gobierno, en cambio, defiende la legalidad de las intervenciones y asegura que las propiedades afectadas no estaban siendo utilizadas, por lo que eran contrarias al principio de "interés social" que deben tener legalmente las empresas en el país.

El presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Richard Vivas, anunció que se está estimando la intervención de tres millones de hectáreas en 317 propiedadas consideradas "latifundios" por un estudio oficial.

Por su parte, el ministro de Economía Popular, Elías Jaua, anunció que tres ministerios realizan un censo de empresas abandonadas para tomarlas y otorgárselas a cooperativas o a desempleados, como parte de un plan de rescate industrial.

En otro anuncio, la coordinadora de la progubernamental Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Marcela Máspero, estimó que 800 empresas que se encontrarían "inoperantes" en Venezuela, podrían ser "rescatadas" por el gobierno.

En las últimas semanas, autoridades civiles y militares intervinieron silos del grupo alimentario Polar, una planta procesadora de tomates de la compañía estadounidense Heinz y una hacienda de más de 27.000 hectáreas del grupo Vestey, uno de los productores cárnicos más grandes de Gran Bretaña.

Las tres empresas anunciaron que tomarán medidas legales para responder a las tomas. El grupo Polar, el más importante del país, negó que sus silos hayan estado inactivos y solicitó al Tribunal Supremo de Justicia un amparo contra la medida.

En un comunicado, Heinz pidió explicaciones oficiales por la toma de su procesadora de tomates en el estado Monagas (400 km al este de Caracas) al sostener que esa acción viola "los derechos de propiedad y libre comercio".

Esta toma fue ordenada por el gobernador de Monagas, José Briceño, quien advirtió a empresarios que seguirá interviniendo a empresas no operativas en la entidad.

"Estamos estudiando los procedimientos para actuar acorde a la ley", aseguró Briceño al advertir que un estudio oficial reveló que 30 empresas en Monagas operan por debajo de su capacidad.

La intervención de propiedades fue rechazada por el presidente de la opositora Alianza Agropecuaria, Hiram Gaviria, quien acusó a Chávez de propiciar conflictos en zonas rurales para aumentar su poder.

El presidente de la cúpula empresarial Fedecámaras, José Luis Betancourt, dijo que la postura interventora del gobierno "constituye una vía de hechos que violan abiertamente los derechos fundamentales del hombre señalados por las Naciones Unidas".

Según la constitución venezolana, el Estado puede intervenir aquellas empresas declaradas de "interés social" por el parlamento después de que tribunales emitan sentencias o establezcan indemnizaciones.

En febrero, el gobierno intervino una manufacturera de papeles, luego de que sus dueños se declararan en quiebra tras sufrir las consecuencias de un paro petrolero entre 2002 y 2003.