Caracas, 08 Sep. ABN (Ingrid Navarro L).- Desde la llegada del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, al poder se ha impulsado un proceso de transformación del modelo económico y social del país, cuyos aspectos fundamentales han sido, por un lado, la lucha contra el latifundio para lograr el reordenamiento de la propiedad de la tierra y, por otro, avanzar progresivamente hacia el logro de una mayor seguridad y soberanía agroalimentaria.

En este contexto en el año 1999 y, como parte del paquete de las 49 leyes habilitantes, se aprobó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, reformada en el 2005. La misma sirvió de base para que en enero de este mismo año el gobernador del estado Cojedes, Jhonny Yánez Rangel, firmara el primer decreto zamorano que marcó el inicio de la guerra contra el latifundio.

En enero de este año, el jefe de Estado también juramentó a los miembros de la Comisión Agrícola Nacional, presidida por el ministro de Agricultura y Tierras.

Como parte de los 145 años de la muerte de Ezequiel Zamora, en esa ocasión lanzó una misión que lleva ese mismo nombre y, cuyo propósito fundamental es organizar la tenencia y uso de la tierra con vocación agrícola.

Así, el artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra al latifundio como una práctica contraria al interés social.

Al respecto, el balance realizado por el Instituto Nacional de Tierras (Inti) arroja que en el primer semestre de este año se otorgaron mil 125 cartas agrarias sobre una superficie de 78 mil 220 hectáreas.

También se concedieron 405 derechos de permanencia en 88 mil 718 hectáreas y 36 certificados de fincas mejorables o productivas para 101 mil 416 hectáreas, en tanto que los títulos de adjudicación totalizaron 45 en una extensión de 3 mil 201 hectáreas.

Las cifras del Inti reflejan que en total se han beneficiado unas 12 mil 700 familias con el reordenamiento de la propiedad de la tierra y se han declarado ociosos unos 62 lotes de tierra que abarcan una superficie de un millón 342 mil 80 hectáreas.

Asimismo, se han clasificado unos 20 hatos como latifundios, entre los cuales destacan el hato Paraima, y los fundos La Yeguera, El Paují, Piñero Los Cocos, así como El Frío y Los Cocos, entre otros.

A lo largo de estas últimas tres semanas, el Gobierno Nacional ha adelantado también una serie de acciones como consecuencia de las denuncias presentadas por trabajadores, ex trabajadores y productores de empresas agroalimentarias, ubicadas en los estados Sucre, Barinas y Monagas. Estas personas reclaman la aplicación del modelo de cogestión o la expropiación, las cuales han generado diversas reacciones.

Por ello, esta misma semana se designó una comisión especial en la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Ricardo Gutiérrez, cuyos integrantes se trasladarán este viernes al estado Barinas para verificar la situación de las instalaciones del Frigorífico de esa entidad Sociedad Anónima (Fibrarsa) y Productos de Maíz de Barinas (Promabasa), filial de la empresa Polar.

El diputado Jesús Graterol, quien también integra la referida instancia parlamentaria, resaltó que no es la primera visita que realizará a estas empresas, puesto que en días pasados se trasladó a la referida entidad y recorrió ambas plantas.

Indicó que en esa oportunidad constató que las instalaciones de Fribarsa no están en tan malas condiciones, aunque se encuentran paralizadas, mientras que la planta procesadora de maíz está en situación de abandono, desmantelamiento y deterioro.

Hay que referir que el artículo 115 de la Constitución Nacional establece textualmente: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Amparados en el referido artículo de la Carta Magna, este miércoles un grupo de ex trabajadores de ambas empresas, así como también productores y cooperativistas del estado Barinas, protagonizaron una manifestación en las puertas del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) en demanda de la expropiación de las referidas instalaciones.

Para el titular del MAT, Antonio Albarrán, los venezolanos están tomando conciencia y apropiándose de lo establecido en la Constitución Nacional.

Dijo que ante las denuncias formuladas en el ministerio, su obligación es atenderlas y analizarlas, de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico vigente en el país.

Según el ministro, el censo que actualmente realiza el Gobierno nacional de las empresas paralizadas o que trabajan a una capacidad menor de la que poseen no debe ser visto como una acción terrorista sino como una necesidad para planificar adecuadamente las políticas públicas.

El máximo representante del despacho agrícola puntualizó que este tipo de acciones y la atención a las denuncias formuladas por productores, empleados y ex trabajadores de dichas compañías debe constituirse en un acontecimiento normal.

El titular del MAT fue enfático al precisar: “Nosotros estamos procediendo de acuerdo con la ley y buscando la justicia social”.

Al ser consultado sobre esta materia, el presidente de la Federación de Micros, Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (Fedeindustria), Miguel Perez Abad, afirmó que si bien son válidos los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para recuperar las instalaciones agroindustriales y preservar los puestos de trabajo, es indispensable buscar mecanismos institucionales, tal y como lo ha venido haciendo el Ministerio del Trabajo, a través de la instrumentación del proceso de cogestión.

El máximo representante de Fedeindustria consideró necesario recuperar y mantener el diálogo con el sector privado y buscar estrategias adecuadas para evitar que se produzcan ruidos en la comunicación que lejos de contribuir a la transparencia generan confusión.

Pérez Abad aseveró que tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, el interés privado no puede estar por encima de la seguridad agroalimentaria, pero en caso de que sea necesario recurrir a mecanismos como la expropiación, previamente se deben cumplir todos y cada uno de los parámetros legales establecidos en el estamento jurídico de la nación.

El entrevistado consideró que con los procesos de cogestión impulsados por el Ejecutivo nacional se han obtenido logros importantes que deben no sólo servir de ejemplo sino también ser preservados.

Con respecto a la actividad de las industrias del sector agrícola que pertenecen a la federación Pérez Abad dijo que trabajan por encima de 70%, en tanto que el promedio de las 3 mil 200 empresas inscritas es de 85%.

No obstante, para Pérez Abad el análisis debe ir más allá, porque en el caso de algunas empresas que tienen operaciones cíclicas en un determinado momento a simple vista podría presumirse que hay una alta capacidad ociosa.

El representante gremial citó como ejemplo el caso específico de industrias vinculadas al procesamiento de frutas, textiles y calzados, cuya producción en una determinada época del año alcanza un pico y luego desciende.

Hay que mencionar que de acuerdo con lo expresado por los distintos voceros del Gobierno Nacional cada uno de los casos se analizará en forma particular y según lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.