Caracas, 4 de agosto de 2005.- El Gobierno Nacional no tolerará la impunidad ni los asesinatos a mansalva en el campo venezolano. Así lo manifestó el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, al anunciar ante la prensa los resultados del Taller de Seguridad Campesina que se realizó en el Palacio de Miraflores, por instrucciones del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

Albarrán señaló que la Comisión Agrícola Nacional decidió ofrecer esta rueda de prensa, en la sede de la Vicepresidencia de la República, para dar a conocer las conclusiones del taller y de las conversaciones sostenidas a raíz de la marcha campesina realizada en Caracas el pasado 11 de julio.

Como una de las primeras conclusiones, Albarrán indicó que se consideró la necesidad de que la Comisión Especial Parlamentaria que estudia los casos de sicariato, muertes y torturas de campesinos, por la aplicación de la Ley de Tierras, "debe trabajar mancomunadamente con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para esclarecer y sustanciar los 138 casos de campesinos muertos". Para adelantar esta labor, el ministro aseguró que este mismo jueves se instalaría en una mesa de trabajo en la Fiscalía General de la República.

En este sentido, también se decidió darle seguimiento a las gestiones que adelantan los fiscales y jueces que llevan los casos de sicariato y atropellos a los campesinos y entregar una indemnización a las 138 familias víctimas del sicariato.

Lucha contra el latifundio

El titular del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) informó que otra conclusión del taller consistía en coordinar con la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Tierras (INTI) "para sincerar la verdadera propiedad de las tierras y de esta manera agotar la vía administrativa para luego establecer la vía penal". Afirmó Albarrán que, con esta intención, desde este viernes comenzarán a coordinarse en el directorio del INTI que se realizará en Cojedes.

"Decidimos fortalecer los entes en la aplicación de la Ley de Tierras. Es por ello que a partir de mañana haremos los directorios del INTI en los estados. Como una manera de aplicar la corresponsabilidad, los alcaldes y gobernadores comenzarán a trabajar conjuntamente con nosotros en la aplicación de la Ley de Tierras", señaló Albarrán, quien añadió que los mandatarios regionales y locales deben también dar cumplimiento al decreto 3.408, del 10 de enero de 2005, que establece la lucha contra el latifundio. Explicó Albarrán que hasta los momentos han ubicado 317 latifundios en el país, "que corresponden a tres millones 685 mil 123 hectáreas".

Otra medida anunciada por el ministro fue la de trabajar conjuntamente con los movimientos campesinos y las instituciones estatales, a fin de aplicar la contraloría social en el ámbito de los tribunales agrarios.

Además se decidió crear la Defensoría Agraria, coordinar con el Seniat para garantizar la aplicación del impuesto sobre las tierras ociosas, realizar un censo con objeto de verificar la situación jurídica de campesinos que se encuentran detenidos, dar prioridad a las cooperativas en el otorgamiento del financiamiento agrario, imprimir celeridad a la entrega de las cartas agrarias, así como municipalizar las oficinas del INTI.

También se organizarán brigadas campesinas de seguridad integral, con labores de prevención, y se creó una comisión con representantes del Ministerio de Energía y Petróleo, en los estados fronterizos, para tratar el problema del contrabando de gasolina.

Durante la rueda de prensa, Albarrán estuvo acompañado por el comandante del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan), general Alí Uzcátegui; el viceministro de Seguridad Ciudadana y presidente de la subcomisión de seguridad de la Comisión Agrícola Nacional, general Alcides Rondón; la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), Tibisay León; el procurador agrario, José Artiles, y dirigentes del Frente Campesino Ezequiel Zamora.