Caracas, 1 Feb. ABN (Lorena González Villarreal).- La propuesta de
reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, LTDA debe estar lista
para esta primera semana de febrero. Luego pasará a la Plenaria de la
Asamblea Nacional para ser discutida. Si es aprobada se enviará,
finalmente, al Ejecutivo Nacional para que la publique en la Gaceta
Oficial de la República.

Así lo consideró, en entrevista concedida a ABN, el diputado del
Movimiento V República, Virgilio Chávez, quien dijo que el vacío del
reglamento debe llenarse inmediatamente se apruebe la reforma, en caso
de que así llegara a suceder, porque "eso es lo que va a permitir tener
cuentas claras".

A tres años y dos meses de entrar en vigencia, los intentos de poner en
práctica la Ley de Tierras, como es conocida, han dejado ver que es
necesario afinar algunos detalles para precisar varios elementos
conceptuales y procedimentales por lo que actualmente se discute en la
Asamblea Nacional su reforma.

En tal sentido, el 12 de enero pasado la Comisión Permanente de
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional asumió la discusión de la
reforma de la LTDA a través de una de sus subcomisiones, que quedó
conformada por el diputado Chávez, quien es vicepresidente de la
mencionada comisión, así como por el vicepresidente de la Asamblea
Nacional (AN), Ricardo Gutiérrez, entre otros.

El diputado Chávez opinó que tal reglamentación debe hacerla el
Ejecutivo Nacional, y en este caso la responsabilidad recae directamente
sobre el Instituto Nacional de Tierras, INTI, porque "es el órgano que
trabaja en la aplicación o ejecución de la LTDA".

Sin embargo el presidente del INTI, Eliézer Otaiza, considera que es
este organismo, creado en 2001 para hacer cumplir la Ley de Tierras,
quien debe asumir esta tarea: "Nosotros creemos que esa es una de las
responsabilidades del INTI porque este organismo tiene una función
primordial por ser, justamente, quien tiene reservas legales, entre
otras cosas, de los procedimientos que tiene la ley".

Agregó que la reforma obedece no a un capricho, sino a la necesidad de
"rescatar el espíritu de toda la ley, específicamente de los artículos
89 y 90, y otros que hemos venido considerando. Igualmente, pretende
reivindicar lo que ha sido la acción del gobierno para poner productivas
las tierras del país y cambiar el modelo económico".

El cambio o revisión de la ley fue propuesto por la Comisión Agrícola
Nacional, creada a través de un decreto presidencial el 10 de enero de
este año y que tiene la tarea de insertar las tierras ociosas en el
proceso productivo del país.

Esta comisión la integran representantes de diversos organismos públicos
como el INTI; la Procuraduría General de la República; el Ministerio de
Agricultura y Tierras y del Ambiente; el jefe del Cufan, General de
División Julio Quintero Viloria; el asesor jurídico de la Presidencia de
la República, René Duarte Gómez; y los gobernadores de Cojedes,
Monagas, Yaracuy y Apure.

Desde el 12 de enero hasta la fecha ha habido varias reuniones en las
que se han debatido diversos aspectos de la ley, tales como la revisión
del concepto de latifundio y el esclarecimiento de los procedimientos
administrativos para que el INTI emprenda el rescate de las tierras
ociosas sin ningún tipo de problemas.

En el artículo 7 se define como latifundio toda extensión de tierra
mayor de 5 mil hectáreas que esté ociosa e inculta y sea de sexta o
séptima clase, mientras que en el 74 se prohíbe la expropiación de los
fundos con esas mismas características, entre otros.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José
Luis Betancourt, interpuso un recurso de nulidad en la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 6 de febrero de
2002.

El 20 de noviembre de ese año el órgano judicial declaró parcialmente
con lugar la petición de Betancourt. De ese modo, el artículo 89 (que
estipula la intervención de las tierras ociosas) y el 90 (que niega la
indemnización de las bienhechurías a los ocupantes ilegales de algún
terreno público) fueron anulados porque, efectivamente, el TSJ los
consideró inconstitucionales, mientras que los numerales 25, 40 y 43
fueron sometidos a una nueva interpretación.

El presidente de Fedenaga dijo a ABN que durante la elaboración de la
LTDA el gobierno nacional nunca escuchó las propuestas de la federación
que él representa. Y más tarde, cuando entró en vigencia, los ganaderos
detectaron serias violaciones a la Constitución Nacional, sobre todo lo
que tiene que ver con el derecho a la propiedad que está consagrado en
el artículo 115.

Hoy día, en el contexto de la reforma, Betancourt dice que le gustaría
que todo estuviera más claro en la ley y que se flexibilizara la
participación en las decisiones de las políticas públicas porque de nada
sirve ser "exclusionista".

Sin embargo, para el presidente del INTI se debe restituir el artículo
89, sobre todo, porque, según Otaiza, es uno de los pilares de la ley ya
que la figura de la intervención es la que permite agilizar los
procedimientos para disponer de las tierras ociosas y ponerlas
productivas.

"Hay que entender que esa ley está dentro de una estrategia que adelanta
el gobierno a fin de colocar las tierras productivas. Para eso se
necesita luchar contra el latifundio, así como tener claro el Plan de
Seguridad Agroalimentaria y Desarrollo Sustentable para luego ir a lo
que es el ordenamiento territorial, que son las tres grandes líneas que
ordenó el Presidente con el decreto del pasado 10 de enero", explicó a
ABN el presidente del INTI.