“No hay sitio adonde vaya sin que me alcance algún comentario apocalíptico”, refirió el gobernador Yánez Rangel. Considera el latifundio como un reto de justicia social. Asegura que visitará el Zulia hasta erradicar este mal.

En los últimos cincuenta días, el gobernador del estado Cojedes, Jhonny Yánez Rangel asegura haberse convertido en un perseguido mediático. “No hay sitio a donde vaya sin que me alcance algún comentario apocalíptico del Wall Street Journal, el Miami Herald, el New York Times, el Washington Post y hasta CNN”. Los decretos zamoranos han marcado un antes y un después en sus cuatro años de gestión. Pero lejos de sentirse afectado, lo atribuye a un “manejo indiscreto de la información” referente a un tema que no vaciló de calificar como "un problema muy sensible y de connotación altísima": la lucha contra el latifundio.

Inspirado por el deseo de manifestar la verdadera esencia de la consigna: "Tierras y Hombres Libres", visitó PANORAMA, acompañado por su gabinete, para salir al paso de la controversia.

- A su juicio, dónde está el punto crítico de este asunto?

- Gran parte de la polémica radica en la confusión reinante acerca de si nosotros andamos interviniendo o expropiando tierras. Este rumor, curiosamente, no ha partido de los grandes propietarios, que esperan tranquilos y confiados en mi promesa de ordenar el caos. Quienes alzan su voz son algunos alarmistas de oficio, que pretenden enredar a la gente con una telaraña de términos legalistas y que cuentan con el respaldo de algunos medios de comunicación. Pero estos no hacen más que trazar pinceladas distorsionadas de lo que realmente persigue la Ley de Tierras.

- ¿Qué resultados hasta ahora han arrojado las intervenciones?

- 40% de estas afectan a grandes políticos regionales.

- ¿De qué se tratan entonces estas intervenciones?

- Apegándonos a la verdadera terminología legal, la palabra intervención se refiere a la facultad que tiene el Estado para solucionar problemas utilizando la fuerza concedida por las mismas normativas preestablecidas.

- Entonces, quiénes argumentan que usted se ha “extralimitado” en sus funciones...

- Están lejos de la verdad. Dentro de las atribuciones inherentes a todo gobernador, en el área administrativa, éste puede emitir cualquier decreto que contribuya a reforzar su investidura, apegado, obviamente, a lo cimentado en las leyes.

- ¿Cuál era la situación de Cojedes, previa a los decretos zamoranos?

- Como gobernador no podía garantizar la inversión privada. El estado bajo mi responsabilidad alberga grandes latifundios. Existen muchas áreas de intersección entre propiedades privadas y tierras aptas para el campesinado. Esto ha sido causa de innumerables invasiones, paralización de proyectos y enfrentamientos entre quienes reclaman como suyas dichas zonas. Cada quien interpretaba la Ley de Tierras a su manera. Me encontraba maniatado ante la situación, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia había eliminado aquellos artículos que facultaban al Estado para intervenir o expropiar dichas tierras. Por eso decidí dar el primer paso en el ordenamineto de su aplicación. Por “formalidades de ley” no estaba dispuesto a sacrificar la justicia social. Preferí arriesgarme a ir preso antes que defraudar las esperanzas de mi pueblo.

- ¿Cree que los decretos zamoranos han calado en mentalidad de la población?

- Considero que la lucha antilatifundio se ha consolidado pese a las críticas. Lo iniciado en Cojedes ha sido imitado por los gobernadores y alcaldes del país y ratificado por el presidente Chávez. Ha quedado claro que los decretos poseen un alto contenido de justicia social y obedecen a lo establecido por la Constitución Bolivariana de Venezuela.

- ¿Qué le diría a quienes los señalan como un atentado contra la propiedad privada?

- En vez de acabar con esta, creo que la estamos potenciando. Poner a producir los 600 presuntos latifundios distribuidos en toda Venezuela beneficiará a quienes sean sus legítimos dueños. Podrán acceder a créditos de proyectos que estimularán a su vez al campesinado. Por otra parte, la creación de un catastro eficaz, suprimirá de una vez por todas la amenaza de las invasiones. Las autoridades dispondrán de un perímetro de control que les permitirá actuar con mayor celeridad en caso de necesidad. Ahora sí el sector privado podrá invertir con toda tranquilidad. Esto es algo en lo que muchos deberían pensar más en vez de acusar peregrinamente al gobierno de "robar" las tierras a quienes, anárquicamente, se las quitaron al Estado hace muchos años.

- ¿Por qué resulta vital "evitar la dispersión" en la aplicación de los decretos zamoranos?

- La comisión técnica contra el latifundio no pretende quedarse sólo en determinar si las tierras intervenidas son o no ociosas o a quien pertenecen realmente. Eso sería no pasar de la punta del iceberg. Colateralmente estamos planteando estrategias de desarrollo endógeno para las mismas, contando con la asesoría de universidades e instituciones especializadas en la materia. No queremos perder de vista nuestro objetivo, que apunta a la consolidación de una economía social alejada del capitalismo y fundamentada en el modelo endógeno. Sólo así el pueblo podrá jugar un papel relevante en el progreso nacional.

- ¿Quién preside el ordenamiento de las tierras ociosas en el Zulia: el gobernador Rosales o usted?

- No hay que perder de vista, para evitar malentendidos, que soy coordinador y miembro de la comisión nacional presidencial responsable de los estados Cojedes, Aragua, Carabobo, Trujillo, Mérida, Portugesa, Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia. Es mi responsabilidad ordenarlo todo para evitar que cada gobernador y e institutos como el Inti o el Mat comiencen por su lado. Mi presencia en el Zulia obedece a que he venido a ofrecer los instrumentos de articulación para que se lleve a cabo un proceso fructífero.

- ¿Y cómo queda lo establecido por el gobernador Rosales hace unos días?

Cuando él juramentó a la comisión de alcaldes de los municipios zulianos y emitió un decreto regional, aún faltaba que la comisión nacional, por mí presidida, delegara en él la subcomisión de la Misión Zamora. Quiero dejar bien claro que mi presencia aquí no debe entenderse como una intromisión en el ejercicio del poder regional; nada tiene que ver con las diferencias políticas puesto que el gobierno nacional respeta al gobernador del Zulia, como esperamos que este respete al presidente Chávez.

- ¿Cuáles son los instrumentos de articulación a seguir durante este proceso?

- Puesto que ya juramentamos en el Zulia la instalación de la comisión nacional y la subcomisión nacional, presidida por el gobernador Rosales, le he entregado el plan de trabajo que hemos venido implementando en Cojedes. Una vez aprobado, en una semana recibiré un informe referente a las áreas sensibles de la región con el planteamiento de las intervenciones y sus cronogramas. Luego monitorearé los niveles de avance desde la sala situacional. Quiero reiterar que nuestra intención no es expropiar sino rescatar. No he venido a instalarme en la residencia del gobernador Rosales, pero cada vez que sea necesario vendré al Zulia hasta erradicar el último latifundio.

- ¿Qué opina del decreto del gobernador Rosales?

- Se somete a lo precisado en el decreto presidencial.

Balance
INTI En el caso del Zulia, se tomará en cuenta el informe del Instituto Nacional de Tierras presentado por el general Wilfredo Silva a mediados del 2004.
Compensación En el área de ecoturismo, para preservar la flora y fauna de algunas áreas, se está ideando proclamar ciertas áreas de reserva como parques nacionales. Mientras se prepara el pago de las bienhechurías, el Seniat ya se pronunció en torno al pago de impuestos por tierras improductivas para el 2006.
ANÁLISIS El gobernador Yánez Rangel considera que la política de tierras afectará la “Revolución Bolivariana” hasta el punto de consolidarla o hacerla desaparecer. “No hay que olvidar que esta fue el detonante del 11 de abril de 2002”, comentó.