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Martínez había tomado, junto con miembros de su cooperativa y en cumplimiento de la Ley de Tierras, 144 hectáreas de las 282 del fundo antes mencionado, las cuales estaban totalmente ociosas. El Instituto Nacional de Tierras (INTI) les había otorgado ya su carta de permanencia.
Los familiares de esta nueva víctima del poder económico, entre ellos la diputada del Consejo Legislativo de Yaracuy, Cruz Mora, aseguran que el terrateniente Manuel Fonseca y su lugarteniente Eduardo Gómez les habían hecho amenazas públicas a Jaiver Martínez y otros miembros de su cooperativa, por lo cual son los principales sospechosos de ser los autores de este atentado.
