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La aseveración la formuló este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo, donde fue recibido por el defensor especial con competencia nacional en Asuntos Indígenas, Alonso Guevara, y la directora de servicios jurídicos, María Luisa de Paz.
Romero Martínez, quien es hijo del cacique Sabino Romero, actualmente detenido en el Fuerte Macoa, ubicado en Perijá, por una pelea que dejó 2 muertos y 6 heridos y que se originó presuntamente luego de que un grupo de indígenas acusó al otro de robar un ganado en la finca Las Flores, pidió que esa demarcación se haga rápida y sin terceros porque no desea que se produzcan incidentes sangrientos entre hermanos de raza.
Propuso que se haga el deslinde en Yaza y se cancelen las bienechurías a los propietarios, de manera 'que se vayan tranquilos y nosotros podamos desplegar nuestra vida sin ningún tipo de temor'.
Aclaró que los sucesos violentos en la Sierra de Perijá tiene su origen en una instigación de los ganaderos agrupados en Gadema y el frente Campesino Revolucionario Wayú, que reúne a parceleros.
Según el líder indígena, la provocación es con la intención de responsabilizar a su padre Sabino por la pérdida de reses y hacerlo aparecer como narcotraficante, lo cual es falso porque no hay pruebas.
Señaló que los terratenientes han sobornado con dinero a indígenas, que son mestizos, para que descalificaran y mataran a su progenitor por el hecho de ser un luchador social desde hace varias décadas.
“No podemos seguir viviendo en paz con los terratenientes de la región, ya que todo el conflicto se genera por las tierras que ellos ocupan ilegalmente y que nos pertenecen por herencia ancestral“, puntualizó el cacique Yukpa.
Lamentó la riña que hubo entre indígenas y garantizó que lo que se pretende es detener el liderazgo de los luchadores como su padre para que “todo quede cómo está”.
La detención de su padre
Al referirse a la detención de su padre, quien fue imputado por el Ministerio Público por homicidio calificado por las muertes de Ever Romero, de 20 años, (yerno de Sabino Romero) y de Maritza Romero, de 16 años con cuatro meses de gestación, quienes fallecieron por arma de fuego el pasado 13 de octubre en la comunidad de Río Yaza, sostiene que desde su aprehensión no ha podido comunicarse con él.
Dejó claro que su papá está preso “inocentemente” porque ellos no tienen pruebas, además está herido con perdigones en un brazo y en la espalda y no ha recibido tratamiento médico para su curación, razón por la cual queremos que lo liberen porque no tiene nada que ver con los fallecidos.
Recientemente, 17 organizaciones no gubernamentales (ONG), defensoras de los derechos humanos, emitieron un comunicado, en el cual señalan, entre otras cosas, que hay interés de algunos sectores en fragmentar a las comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda, compra de camiones y créditos con la finalidad de lograr su apoyo incondicional para la firma de una propuesta que constituye una manera de mantener la presencia y privilegios de los hacendados.