Imprimir 19 - 04 - 09
Son 1.507 campesinos pagando régimen de presentación por rescatar la tierra Misión Boves / Movimiento Campesino Jirajara Aproximadamente
a las 6:30 de la tarde de ayer, 18 de abril, Carlos Ortega, Humberto
Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y
Simón Valera, fueron desplazados hacia la Fiscalía en Guanare, capital
del estado Portuguesa. Los
siete formaban parte de las 63 familias campesinas que se encontraban
en el fundo El Rodeo (municipio Papelón, sector Papayito), en pleno
proceso de recuperación, trabajando en conjunto con el Inti y el Fondas
y que fueron asaltados por efectivos de la Policía Selvática del estado
Portuguesa en un procedimiento “más parecido a una emboscada liderada
por los propios terratenientes, fue llevado a cabo por la Policía
Selvática del Edo. Portuguesa, cuerpo que tiene estrechas relaciones
con hacedandos/as, según las denuncias de lídere/zas de ese estado”
como reporta el periódico Proceso en diversos portales de la red. En
dicho asedio, en los que también fueron detenidos tres funcionarios del
Inti que se encontraban en el predio realizando tareas de demarcación
junto a los/las campesinos/as, fueron amenazados, violentados y
sometidos por los efectivos, al momento de intervenir en la detención
de Carlos Ortega Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando
García, Armando Tovar y Simón Valera. Fueron sometidos y obligados a
permanecer en el suelo, mientras se llevaban a los otros siete. Los
técnicos y las otras 54 personas fueron liberadas, y las familias
expulsadas del fundo, que actualmente se encuentra ocupado por
efectivos de la Policía Selvática y la Guardia Nacional. Entre las
víctimas se encuentra una compañera con ocho meses de embarazo, que sin
considerar su estado recibió el mismo trato. A las horas todos/as
fueron liberados, incluyendo a los 3 funcionarios del Inti. Otro
fue el destino de los restantes siete: En evidente violación de los
derechos humanos fundamentales, del Código Orgánico Procesal Penal y de
las garantías constitucionales, los siete fueron reseñados como
criminales en la cede del Cicpc en Guanare, se les abrió expediente, se
les mantuvo detenidos por más de 24 horas, para finalmente, por orden
de la jueza encargada del caso (cuyo nombre y competencia tendremos en
poco tiempo) Carlos Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis
Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera son sometidos a
régimen de presentación. Decisión
que se contradice con la petición del Fiscal Superior de otorgarles
libertad plena, ya que el caso carecía de sustanciación y que destaca
el carácter viciado de la decisión. Ensañamiento con el dirigente Carlos Ortega Se
hace necesario realzar la prepotente actuación del Coronel de la GN,
Gilberto Saluzo, Comandante General de la Policía de Portuguesa, quien
en reiteradas ocasiones, previas al juicio, amenazó con imputar al
dirigente Carlos Ortega, para luego ingresar a la sala donde se les
llevaba el juicio a los siete de El Rodeo, irrespetando el
procedimiento judicial, vociferando y amedrentando a los juzgados,
gritando a todo pulmón: “Ustedes son unos invasores”, según revela una
fuente. A
todo esto se le debe agregar la rencilla personal que el gobernador
Wilmar Castro Soteldo con Carlos Ortega que en días recientes había
emitido opiniones duras pero fundamentadas en relación a para quién
trabaja el gobernador de portuguesa, si para el pueblo campesino, o
para la oligarquía latifundista. Según revela una fuente, de la misma
boca de Castro Soteldo, salió la orden “indirecta” de darle una lección
ejemplar a Ortega. Todo
esto indica que se trata de una retaliación política, ya que la
decisión de la jueza contraviene a la petición del Fiscal Superior de
otorgarle a los campesinos libertad plena. Contando además con el aval
del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y el Fondas, puesto que de las
923 hectáreas del fundo, 450 estaban siendo destinadas para el
desarrollo de un Proyecto Integral Productivo, con enfoque
agroecológico. Por
otro lado, es de emergencia destacar que con este acto de
criminalización y deslegitimación de la lucha llevada a cabo por los
siete de Guanare y las 63 familias asentadas en el fundo El Rodeo,
permite, en especial en el caso de Carlos Ortega, el desarrollo de una
situación lamentablemente conocida: al criminalizar a Carlos Ortega,
reconocido dirigente regional, se facilita el escenario de una muerte
por sicariato, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ya que la
criminalización pivotea la nefasta matriz de que se trataba de un
ajuste de cuentas por parte del hampa, obviando el verdadero rostro de
un luchador agrario en pleno rescate legítimo de la tierra. Ignoramos
si el gobernador estará al tanto de las consecuencias que implica esta
decisión, pero de lo que no queda duda es que se trata más de una
rabieta personalizada que de un caso de justicia imparcial. Máxime
cuando el Comandante de la Policía de la región amenaza y vocifera
abiertamente, emitiendo amenazas del cuño de “ni que venga el
presidente Chávez a ordenarme tu libertad vas a salir”, reflejando su
carácter reaccionario, cómplice de la impunidad y de hombre antipueblo. Tampoco
se debe perder de vista el accionar de la Policía Selvática, creada por
la ex gobernadora Antonia Muñoz, con la presunta intención de prevenir
“crímenes de impacto ecológico”, pero que ha tenido una destacada
actuación a favor de latifundistas y en contra del pueblo campesino, en
un estado donde la criminalización es cuestión de tradición, si
recordamos los diversos casos de Grupos Exterminios compuestos por
integrantes de la Policía de Portuguesa en años anteriores. Y que,
además, destaca una victoria a favor de Ismael Pena (se le calculan
13.000 hectáreas) y el latifundismo portugueseño. Con
los siete de El Rodeo, suman 1.507 campesinos desmovilizados en régimen
de presentación acusados de invasores desde que entró en vigencia en el
2001 la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. En numerosas oportunidades,
el movimiento campesino ha exigido la Enmienda de la disposición
transitoria Nº13, y del artículo 471-a y 472 del Código Penal reformado
que burocratizan y criminalizan la ocupación de tierras ociosas. Notas e interrogantes -A
la comandancia general de la policía del estado Portuguesa en Guanare,
se movilizaron alrededor de 80 campesinos esperando mayor movilización
para hoy 19 de abril. Esto, evidentemente, marcó presión y agilizó el
proceso de liberación de Carlos Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna,
Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera. -¿Se
manifestarán sobre el caso el PSUV en el estado y a nivel nacional, la
Defensoría del Pueblo particularmente la Defensoría Agraria y la
gobernación que se proclama socialista, Consejo Legislativo del estado
Portuguesa y la Asamblea Nacional? ¿Qué dirán los medios del sistema
público? -Que
el asedio al fundo El Rodeo se haya realizado justamente el Día de la
Dignidad Campesina (17 de abril) agrediendo física y verbalmente a 63
campesinos y técnicos que son servidores públicos, desalojando además a
las familias que rescatan la tierra, establece un lamentable
contrasentido; que la sentencia a los siete se haya dado un día antes
de cumplir casi 200 años del 19 de Abril de 1810, conmemorando la fecha
de inicio de la Revolución de Independencia en Nuestra América, una
ironía macabra; cuando además estamos en tiempos de revolución, así la
gobernación de Portuguesa y los latifundistas no lo crean. ¡Exigimos
a las autoridades compententes que se liberen de todo cargo a Carlos
Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García,
Armando Tovar y Simón Valera y a los demás 1.500 campesinos que pagan
régimen de presentación de forma injusta! ¡Basta de impunidad! ¡Honor y gloria a los 214 campesinos asesinados!