El
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST) realizó hoy (24)
una denuncia formal en la Comisión de Derechos Humanos del Senado
Federal, que se trasladó a Porto Alegre para seguir de cerca la
situación. En un comunicado, el MST denuncia que el "movimiento está
sufriendo una verdadera ofensiva de fuerzas conservadores de Río Grande
do Sul, que no sólo no quieren ver la tierra dividida, como manda la
constitución, sino que quieren criminalizar a los que luchan por la
reforma agraria e impedir la continuidad del MST". El documento
presentado ayer (23), un acta del Consejo Superior del Ministerio
Público, de diciembre del año pasado, revela que el MPE pretende
prohibir cualquier desplazamiento de trabajadores del MST, incluyendo
marchas y caminatas, intervenir en escuelas de asentamientos,
criminalizar dirigentes e integrantes y "desactivar" todos los
campamentos de Río Grande do Sul.
De acuerdo con el acta, el
MST es visto como una organización delictiva "que utiliza tácticas de
‘guerrilla rural’ para la ocupación de territorios estratégicamente
elegidos por sus líderes". Otra vez según el acta, "las acciones
predatorias del MST son para exigir una inmediata y vigorosa acción
representada por un conjunto de medidas que lleven a la neutralización
de sus actividades y declaración de ilegalidad del movimiento".
Para
el abogado del MST y autor de la denuncia, Leandro Scalabrin, la
decisión del Ministerio Público ofende el Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos, especialmente el artículo 22, nº 1,
reconocido por Brasil en 1992. Además, ofende también la Constitución
Federal. El artículo 5º, inciso XVII, dice que "es plena la libertad de
asociación para fines lícitos, vedada la de carácter paramilitar."
En
la denuncia presentada por el MST, se encuentran todos los detalles
sobre la estrategia del Ministerio Público. "Desde la formulación de
estos informes, se notaron cambios en el accionar de la policía civil y
de la brigada militar, en relación con protestas realizadas por
profesores, pequeños agricultores, sindicalistas, trabajadores,
acusados de delitos, personas pobres y fundamentalmente contra los
integrantes de vía campesina", afirma la denuncia.
En vista de
esto, el MST pide que todos envíen cartas de protesta a la Gobernadora
Yeda Crusius, y al procurador general de Justicia, que es nombrado por
la gobernadora y que coordina el Ministerio Público Estatal. Los
mensajes deben ser enviados con copias a dhmst@uol.com.br e imprensa@mst.org.br.
