(20 de marzo de 2008) Brasil. El
4 de marzo un contingente de la Brigada Militar invadió de forma
violenta el campamento de mujeres de Vía Campesina en la hacienda
Taruma, en Rosário du Sol. Hoy se confirma un saldo de 15 mujeres
heridas y un caso de aborto por efecto de la violencia emprendida.
Cerca
de 250 niños, que estaban en el campamento, fueron separados de sus
madres y tratados como criminales. Las campesinas fueron despojadas de
sus herramientas de trabajo y el campamento quedo destruido.
Durante ese día la Brigada Militar ya había agredido anteriormente a
varios grupos de mujeres en la entrada de la hacienda y detenido a
periodistas que estaban en el área cubriendo el episodio. Existe el
caso de un camarógrafo que fue detenido durante varias horas y luego le
han quitado la película que registraba los hechos.
Los
ataques se generaron producto de la legitima ocupación de cerca de 900
mujeres de Vía Campesina de la Hacienda Taruma, en el municipio de
Rosario Do Sul, localizado a 80 kilómetro de la frontera con Uruguay.
Las mujeres de Vía Campesina llegaron hasta esta zona para cortar
eucaliptos y plantas árboles nativos en terrenos pertenecientes a la
empresa sueco-finlandesa Stora Enso, como una forma de llamar la
atención de las autoridades por las ilegalidades cometidas por la
transnacional.
Esta
empresa actuó ilegalmente al comprar decenas de áreas en Rió Grande Do
Sul, cerca de la frontera, a pesar de la que legislación brasileña
indica la prohibición de adquirir terrenos en un franja de 150
kilómetros de la frontera de brasil con otro país. Reclaman 2.100
hectáreas.
Esta
no es la primera acción violenta del gobierno de Yeda Crusius (actual
mandataria del estado de Río Grande do Sul). La Vía Campesina condena
la acción y denuncia que la Gobernadora coloca el aparato policial del
Estado al servicio de una de sus mayores financiadoras de campaña, la
multinacional Stora Enso.
Las
mujeres de Vía Campesina se movilizaron para defender la soberanía
alimentaría y luchar contra los agro negocios, e indicaron que "nuestra
acción es legitima, la Stora Enso es lo ilegal. Plantar este desierto
verde en la franja de la frontera es un crimen contra la ley de nuestro
país y contra la soberanía de nuestro Estado que cada vez tiene menos
tierras para producir alimentos. Estamos sacando lo que es malo y
plantando lo que es bueno para el medio ambiente y para el pueblo
gaucho".