Caracas, 06 Oct. ABN (Ingrid Navarro).- El Gobierno nacional a través de la lucha contra el latifundio y las tierras improductivas ha logrado rescatar 2 millones de hectáreas.

De este total 1 millón 100 mil hectáreas son efectivamente aptas para el cultivo, en tanto que el resto son espacios considerados reserva forestal, según la información oficial que maneja el Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras.

En este sentido, el titular de ese despacho, Elías Jaua Milano, informó que el 90 por ciento de las tierras rescatadas para cultivo se encuentran actualmente productivas.

El alto funcionario citó como ejemplo los hatos La Vergareña, San Pablo Paeño y el antigua Marqueseña ahora Centro Florentino.

Comentó Jaua que los fundos zamoranos establecidos hasta la fecha en tierras rescatadas por el Estado están plenamente productivos.

De acuerdo con el Censo Agrícola realizado en el ano 1997 en Venezuela existían 6 millones de hectáreas bajo régimen de latifundio, es decir, que aùn faltan por recuperar 4 millones de hectáreas.

El ministro al ser consultado con respecto a este tema de cara a la reforma constitucional planteada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela destacó que en la propuesta se plantea
claramente que "no puede existir nadie que mantenga tierras ociosas bajo régimen de latifundio".

La democracia no es compatible con el monopolio

Para el titular del despacho de Agricultura y Tierras en una sociedad democrática no debe existir monopolio.

Es por esta razón, explica, que todos los esfuerzos del Gobierno nacional se orientan a una democratización tanto de la propiedad como de la producción.

"Nosotros visualizamos un país sin monopilios económicos, con una economía donde coexistan diversas formas de propiedad, pero donde ninguna se sobreponga a la otra y menos para chantajear polítiicamente al pueblo"

El ministro Jaua reiteró que en la propuesta de reforma se mantiene la propiedad privada y en el caso de los productores del sector se les propone unirse a la Red de Productores Libres Asociados.

Igualmente, destacó que se mantiene la propiedad colectiva a través de la adjudicación de tierras a las cooperativas y se introduce la propiedad social representada en proyectos coordinados por el Estado, pero con participación de los beneficiarios de las distintas misiones.

Aclara Jaua que en este último tipo de propiedad "no se le entregarán instrumentos de adjudicación de tierras, es decir, las personas trabajarán para el Estado con una remuneración y además parte de las utilidades generadas se distribuirán entre quienes ayudaron a la siembra y producción".

El resto, precisó el funcionario será destinando a un fondo para el desarrollo de las comunidades donde habiten estas personas y la producción fundamentalmente a las empresas de la Corporación Venezolana Agraria (CVA).

Consultado con respecto a la obligatoriedad por parte de la empresas privadas de colocar la producción en plantas del Estado el entrevistado aclaró que no existe una obligación legal. Sin embargo, estima que moralmente debería existir la voluntad de apoyar los programas sociales.

En lo que respecta a la dotación de maquinaria en el campo Jaua acotó que sólo producto del convenio con la República Argentina se han destinado 120 millones de dólares a este propósito, en tanto que en el caso de las compras realizadas por el Fondo de Desarrollo Agrícola, Pesquero, Forestal u Afines (Fondafa) a Venirán el monto se ubica entre 300 y 400 millardos de bolívares.