El artículo 305 de la Constitución establece que «El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral...»
Este enunciado refleja el compromiso y la voluntad del pueblo, de
poner a las instituciones del Estado en pro de una misión que reconoce
las gravísimas consecuencias que tiene el agrocapitalismo sobre el
planeta y sobre la vida humana.
Esa
conciencia y ese espíritu cuestionador finisecular que caracteriza a la
sociedad venezolana, han sido los impulsores de experiencias como
«Todas las Manos a la Siembra», la Cooperativa La Alianza en Las
Lajitas, el «instituto Agroecológico Latinoamericano de Estudios
Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes», los diversos espacios que
han florecido a partir de iniciativas populares (aulas agroecológicas,
escuelas populares de agroecología, programas de formación de grado en
agroecología, etc.); la red Nacional de Sistemas de Trueque, el Mercado
Socialista El Conuco en el Hatillo, entre muchos otros aleccionadoras
formas de constatar que otra agricultura es posible.
Sin
Embargo, aún el agrocapitalismo está vivo y permea la
revolución camuflado tras acciones que seguramente están cargadas de las
mejores intenciones, pero que definitivamente no son buenas ni para el
pueblo ni para la revolución. Y esto va sin ánimo de atacar la gestión
de gobierno o el trabajo de nuestros camaradas que están dignamente al
frente de tal responsabilidad. No, por el contrario, va con la
intención de profundizar la revolución replanteándonos incluso aquello
que ya nos resulta cotidiano.
Todos
celebramos la llegada de la Gran Misión Agro Venezuela y el empuje no
solo de la agricultura como forma de vida, sino de la organización
social y la descentralización o desagregación de la producción. Esto
ultimo es particularmente importante cuando evaluamos los impactos del
cambio climático en la producción: en 2010 más de 5.000 hectáreas
sembradas se perdieron por inundaciones, lo cual no hubiera ocurrido si
en vez de estar sembradas todas en el mismo lugar, esas mismas 5.000
hectáreas estuvieran distribuidas en pequeños parcelas por todo el país.
Sin embargo, todas éstas iniciativas positivas se empañan si la nacionalización de Agroisleña no rompe con el comercio de agrotóxicos, sino que por el contrario ahora los
distribuye masivamente y a precios aún más económicos; en vez a de
ayudar a la revolución y al pueblo, lo estamos envenenando con
sustancias que ya esta demostrado que producen cáncer, deformaciones
congénitas como labio leporino y espina bífida, linfoma, leucemia,
además de contaminar las aguas y los suelos por cientos de años.
Esos
agrotóxicos son los responsables de que en ciudades como Calabozo,
tengan cifras alarmantes, entre las mayores del mundo, de nacimientos
con malformaciones. ¿Queremos eso para toda Venezuela?