Agropatria, agrocapitalismo y agricultura sustentable

El artículo 305 de la Constitución establece que «El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral...»  Este enunciado refleja el compromiso y la voluntad del pueblo, de poner a las instituciones del Estado en pro de una misión que reconoce las gravísimas consecuencias que tiene el agrocapitalismo sobre el planeta y sobre la vida humana.

Esa conciencia y ese espíritu cuestionador finisecular que caracteriza a la sociedad venezolana, han sido los impulsores de experiencias como «Todas las Manos a la Siembra», la Cooperativa La Alianza en Las Lajitas, el «instituto Agroecológico Latinoamericano de Estudios Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes», los diversos espacios que han florecido a partir de iniciativas populares (aulas agroecológicas, escuelas populares de agroecología, programas de formación de grado en agroecología, etc.); la red Nacional de Sistemas de Trueque, el Mercado Socialista El Conuco en el Hatillo, entre muchos otros aleccionadoras formas de constatar que otra agricultura es posible.

Sin Embargo, aún el agrocapitalismo está vivo y permea la revolución camuflado tras acciones que seguramente están cargadas de las mejores intenciones, pero que definitivamente no son buenas ni para el pueblo ni para la revolución. Y esto va sin ánimo de atacar la gestión de gobierno o el trabajo de nuestros camaradas que están dignamente al frente de tal responsabilidad.  No, por el contrario, va con la intención de profundizar la revolución replanteándonos incluso aquello que ya nos resulta cotidiano.

Todos celebramos la llegada de la Gran Misión Agro Venezuela y el empuje no solo de la agricultura como forma de vida, sino de la organización social y la descentralización o desagregación de la producción.  Esto ultimo es particularmente importante cuando evaluamos los impactos del cambio climático en la producción: en 2010 más de 5.000 hectáreas sembradas se perdieron por inundaciones, lo cual no hubiera ocurrido si en vez de estar sembradas todas en el mismo lugar, esas mismas 5.000 hectáreas estuvieran distribuidas en pequeños parcelas por todo el país.

Sin embargo, todas éstas iniciativas positivas se empañan si la  nacionalización de Agroisleña no rompe con el comercio de agrotóxicos, sino que por el contrario ahora los distribuye masivamente y a precios aún más económicos; en vez a de ayudar a la revolución y al pueblo, lo estamos envenenando con sustancias que ya esta demostrado que producen cáncer, deformaciones congénitas como labio leporino y espina bífida,  linfoma, leucemia,  además de contaminar las aguas y los suelos por cientos de años. 

Esos agrotóxicos son los responsables de que en ciudades como Calabozo, tengan cifras alarmantes, entre las mayores del mundo, de nacimientos con malformaciones. ¿Queremos eso para toda Venezuela?




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