Caracas, 21 May. ABN.- Un grupo de personas viajará a Costa Rica, en representación de las víctimas de la llamada masacre de Yumare, a fin de solicitar una audiencia con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

El grupo espera entrevistarse con distintas organizaciones sociales y medios de prensa de ese país para impedir que se le otorgue asilo político a Henry López Sisco, autor intelectual de la muerte de 9 personas en la zona de La Vaca, estado Yaracuy, el 8 de mayo de 1986.

Eduardo Sánchez Rojas, quien forma parte de la delegación que viajará a la nación costarricense, indicó: «El objetivo de nuestra acción es impedir que se le dé asilo a un asesino que está implicado en la muerte de nuestros familiares».

De acuerdo con lo explicado por Rojas, durante el programa En confianza, transmitido este lunes por Venezolana de Televisión (VTV), una de las principales causas que motivó la acción de los familiares de las víctimas de Yumare, es la errónea matriz de opinión que se está creando en los medios de comunicación de Costa Rica.

«En varios medios importantes de Costa Rica se está presentando a López Sisco como un perseguido político que está escapando de las supuestas represalias que quiere ejecutar el actual Gobierno venezolano por su presunta implicación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pero lo que los medios ese país no conocen el amplio prontuario criminal de López Sisco», expresó.

Asimismo, aseguró que altos funcionarios del Gobierno costarricense se han sumado a la campaña de mentiras que se teje sobre la solicitud de asilo que hizo Henry López Sisco, «el ministro de Relaciones Interiores declaró recientemente que el asilo a López Sisco debe ser considerado pues está siendo objeto de persecución».

El 17 de mayo el Ministerio Público imputó a tres ex funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), por su presunta responsabilidad en los homicidios de nueve personas, en la masacre de Yumare.

El fiscal 2° de Yaracuy, Miguel Gómez, imputó a Freddy Alí Grangger, Eugenio Creasola Armas y a Cesáreo Soto Muñoz, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de actos y documentos; y uso indebido de arma de guerra.

Para el momento de los hechos, Grangger se desempeñaba como subinspector adscrito a la División de Explosivos. Creasola era inspector jefe adscrito a la Brigada General de Intervenciones. Ambos dependían de la División General de Operaciones de la Disip, departamento que era comandado por Henry López Sisco.

Con estas tres nuevas imputaciones, suman un total de 16 personas vinculadas presuntamente vinculadas con los homicidios de Luis Guzmán, José Silva, Ronald Morao, Dilia Rojas, Simón Romero, Pedro Jiménez, Rafael Quevedo, Nelson Castellanos y Alfredo Caicedo.

López Sisco también dirigió la masacre de Cantaura, cometida el 4 de octubre de 1982; la masacre del Amparo, ocurrido el 29 de octubre de 1988. Fungió como asesor de seguridad del gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial opositor, Manuel Rosales.