Ciudad Bolívar, 27 Abr. ABN.- Antes de finalizar el año se reconstruirá el hecho conocido como la masacre de Yumare en la que nueve luchadores sociales fueron asesinados por efectivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), durante el gobierno del ex presidente Jaime Lusinchi.

El abogado representante de los familiares de las víctimas, Omar Ramírez, dijo que la reconstrucción se hará una vez culminadas las exhumaciones de los nueve fallecidos, de las cuales falta aún la de Ramón Infante Quevedo «El Poeta», enterrado en Boconó, estado Trujillo.

Ramírez estuvo presente en la exhumación de los restos de Luis Rafael Guzmán Green, quien murió en Yumare y estaba enterrado en el Cementario Municipal Centurión de esta capital.

La investigación de esta masacre se inició formalmente el 8 de mayo de 2006, cuando el gobernador del estado Yaracuy, Carlos Jiménez, y un grupo de familiares, representados por la Fundación Yumare Vive, introdujeron una querella ante el Tribunal 6 de Control de San Felipe contra los presuntos responsables de estas muertes, entre ellos el ex comisario Henry López Sisco.

El proceso de exhumación se hizo para confirmar la tesis de que este luchador social fue víctima de un ajusticiamiento y que no murió en ningún enfrentamiento armado con la Disip, como informó en su momento el gobierno de Lusinchi.

La reconstrucción se realizará en el sector La Vaca de Yumare, perteneciente al municipio Bolívar del estado Yaracuy, donde ocurrieron los hechos el 8 de abril de 1986.

La misma aportará datos a la investigación iniciada en abril de 2006, cuando fue interpuesta ante el Tribunal VI de Control de San Felipe una querella contra los ex funcionarios de la Disip involucrados en este hecho y otros ex integrantes del entonces gobierno de Jaime Lusinchi.

Ramírez acotó que la investigación tiene una gran connotación, debido a que se trata de un hecho que califica como delito de lesa humanidad, cometido en función de una política represiva del Estado venezolano que, a su juicio, se repitió varias veces durante la década de los años 80.

«Aquí tenemos que la Brigada de Intervención de la Disip, encabezada por el comisario Henry López Sisco, asesinó a nueve venezolanos en una acción de exterminio y aniquilamiento», aseguró.

Los fallecidos en Yumare respondían a los nombres de Dilia Rojas, Simón Romero Madrid, Nelson Castellanos, Pedro Giménez, Alfredo Caicedo, José Silva, Rafael Quevedo Infante, Luis Rafael Guzmán Green y Ronald Morao.

«Hasta los momentos las exhumaciones de los restos de las víctimas demuestran que todos fueron torturados y ajusticiados con tiros en la cabeza», afirmó.

Señaló que la querella involucra a un grupo de 38 funcionarios policiales, incluyendo al grupo comandado por López Sisco y a funcionarios de otros cuerpos policiales que estaban en comisión de servicio en ese organismo.

«También se incluye a ocho ex funcionarios del gobierno de Jaime Lusinchi, incluyendo a éste y a su entonces ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage», aseguró.

Omar Ramírez explicó que entre los delitos imputados figuran homicidio calificado, uso indebido de arma de guerra, torturas, abuso de autoridad y violación de domicilio.

Señaló que cuatro años antes López Sisco estuvo involucrado en la denominada masacre de Cantaura, al sur del estado Anzoátegui, así como también participó activamente en el año 1989 en el hecho conocido como la masacre de El Amparo, en el estado Apure.

«Esto demuestra que había una política de Estado basada en la represión y donde se cometieron delitos que califican como de lesa humanidad, los cuales no prescriben en el Derecho Internacional», explicó.

A juicio de Ramírez, «la investigación sobre el caso Yumare puede sentar un precedente para que en Venezuela se termine la impunidad con respecto a los delitos cometidos por la IV República».