Caracas, 09 Abr. ABN.- Por considerar que el dictamen fue incongruente e inmotivado el Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 4° de Control del estado Yaracuy, que otorgó medida cautelar de presentación periódica a 18 efectivos de la Guardia Nacional y a 11 custodios adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MIJ).

Estos funcionarios fueron imputados por su presunta vinculación con la evasión del ex gobernador de Yaracuy Eduardo Lapi, quien permanecía detenido en el Internado Judicial de esa jurisdicción, según indica un boletín de prensa del Ministerio Público.

Agrega el escrito que los fiscales 8 nacional, 2 y 10 de Yaracuy, Mery Gómez, Miguel Ángel Gómez y Rosario Herrera, respectivamente, apelaron la decisión dictada por la juez Alcy Maite Viñales, de acuerdo con el artículo 447, ordinales 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que son recurribles aquellas decisiones que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva y las que causen un gravamen irreparable.

Asimismo, los fiscales señalan que hubo denegación de
justicia, por cuanto la entonces titular del Juzgado 4 de Control no se pronunció respecto a la imputación hecha por los fiscales del Ministerio Público contra Luis Silva, funcionario del MIJ, por la presunta comisión del delito de ocultamiento de arma blanca.

El Ministerio Público denunció ante la presidencia del
Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy a la juez Viñales, ante la decisión adoptada respecto al caso.

Adicionalmente, por instrucciones del fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, se inició una investigación penal contra la juez destituida.

El Ministerio Público imputó a los 29 funcionarios por
la presunta comisión del delito de favorecimiento de evasión por funcionario público agravado, de acuerdo con el artículo 265 en concordancia con el 266 del Código Penal.

Los imputados son Hidalgo Enrique Montes, actual director del penal; Edson Suárez, consultor jurídico del Internado; Zahidee González, asesora jurídica; Jorge Vargas Toyo, jefe de los Servicios Generales y Mantenimiento del penal.

También a Paula Castillo, secretaria del penal; y los
guardias y custodios Luis Silva Mendoza, Jhonny Sánchez, Manuel Guevara, Cecilio Sánchez, Raúl Méndez y Jorge Morr Núñez.

Asimismo, fueron imputados los efectivos de la Guardia Nacional subteniente Eduardo Medina, y los efectivos de menor rango Freddy Fuentes, Luis Pérez, Andrés Galea Guevara, José Pérez, Sindomar Linares, William López, Samuel Gil, Andrés Alvarado Segueri, Antonio Materán, Ronny Montero, Asdrúbal Meléndez, Sandro Mendoza, Luis Ocanto, José Márquez, Yiender Martínez Sánchez, Eliceo Omaña y Orlando Martínez.

La audiencia de presentación se inició el pasado miércoles 4 de abril y finalizó el jueves 5, con la decisión de la juez de otorgar medida de presentación periódica cada cinco días.