El estado de derecho en Venezuela no parece alcanzar a la Gobernación del estado Zulia. El Ejecutivo regional —entre 1997 hasta el 2006— ha acumulado 107 desacatos a tribunales laborales.

Ciudadanos que prestaron servicio a la Gobernación y que acudieron a los tribunales con la esperanza de que el Poder Judicial hiciera valer sus derechos laborales, mueren de impotencia porque nada ni nadie puede realmente lograr que se haga justicia: que les paguen.

El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, exigió al gobernador Manuel Rosales la cancelación de los Bs. 50,1 millardos, por concepto de pasivos laborales, que adeuda a sus jubilados.

Las decisiones se encuentran en el Juzgado Superior en Civil, Contencioso y Administrativo de la Región Occidental. Algunos tuvieron que pasar a manos del Ministerio Público por insubordinación del Ejecutivo ante la medida dictada. Los casos son desde los años 97 hasta el 2006.

Un total de 107 desacatos laborales enfrenta la Gobernación del Zulia ante los tribunales.

La data comprende desde el año 1997 hasta el 2006. De estos casos más de 20 han sido procesados durante la gestión del gobernador Manuel Rosales.

Trabajadores que prestaron servicios en la Policía Regional, Retén del Marite, Intendencia de Maracaibo y San Francisco, Sistema Regional de Salud, Fonfidez, Contraloría Interna, Lotería del Zulia, Conzuplan, Obras Públicas del Estado, Dicori, Desarrollo Social, Irdez, Educación, Saviez, Sanipez y Procuraduría, tuvieron que acudir a los tribunales laborales para reclamar algunos su reenganche, salarios caídos otros la cancelación de sus prestaciones sociales y jubilación.

De ellos, unos 56 ya tienen su sentencia firme que fueron presentadas por el Juzgado Superior en Civil, Contencioso y Administrativo de la Región Occidental, “por contar con esta formalidad ellos se quisieron adherir un recurso que obligara al Ejecutivo cancelarles lo adeudado pero, el juez que lleva el caso no los admitió porque pidieron que fuesen tratados como casos especiales acciones que no contemplan los recursos de amparo porque esta actuación cubre a los querellantes que tengan las mismas condiciones de deuda”, explicó Ender Pérez, abogado del Sindicato de Obreros de la Gobernación del Zulia.

Esta actuación entra dentro del recurso de los 50,1 millardos de bolívares porque son pasivos pendientes que aún tiene el Gobierno regional, destacó Pérez.

Por esta razón, señaló que el gobernador Manuel Rosales debe explicarle a su personal en qué invirtió los 436.778.392.947 millardos de bolívares que recibió el año pasado vía crédito adicional aprobados por la comisión permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) para la cancelación de pasivos laborales.

El jurista recordó que la distribución de esos 400 mil millones de bolívares fueron distribuidos en cuatro créditos y enviados en los meses de febrero, agosto, octubre y noviembre de 2006.

“El primero que recibió fue de 178, 31 millardos donde debió tomar el 100% para pagar los salarios igual que el segundo que fueron los 50,1 millardos, el tercero que fue de 115,78 millardos, el parlamento sólo aprobó el 50% para sueldos y salarios y el 50% para inversión social. Sin embargo, cuando acudimos al Tribunal a denunciar que el Gobierno regional había tomado 49,1 millardos de los 50, 1 aprobados en agosto decidió congelar del saldo abonado en octubre los 49, 1 millardos que habían sido tomados por lo que de los 115,78, el Ejecutivo únicamente recibió 8,4 millardos de bolívares por haber cometido esa falta.

Sin embargo, la Procuraduría apeló la decisión hasta que llegó que el juicio del pasado 23 de enero cuyo fallo recayó en favor de los trabajadores.

En cuanto, al último crédito que fue de 92,57 millardos también fue avalado por la AN que debía ser cancelado en un 100% para salarios y como que tampoco lo hicieron”, detalló.

Por otro lado, explicó que en el listado que tiene el Tribunal con los 107 casos hay unos que fueron pasados a la Fiscalía del Ministerio Público “porque simplemente la Gobernación del Zulia no acató la orden de amparo y ahora el procedimiento pasa a ser penal”.

Además de estos casos, la Asociación de Docentes Jubilados y Pensionados del Estado Zulia (Asodojupez) también presentó una querella ante el Juzgado Superior en Civil, Contencioso y Administrativo de la Región Occidental cuya decisión quedó a favor de sus agremiados el pasado 15 de enero pero, fue apelada el 21 de febrero por la Procuraduría del Estado Zulia, agregó Hugo García, presidente de esta organización sindical.

En la Inspectoría

Por no comparecer a las respectivas citaciones hechas por los sindicatos de trabajadores y no presentar los informes económicos de los contratos colectivos, la Gobernación del Zulia, tiene 13 expedientes abiertos en la Sala de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo.

Desde el 2004 hasta este año, el Ejecutivo ha sido convocado por las dirigencias sindicales a discutir contratos colectivos, la cancelación de algunos pasivos laborales que se han generado a raíz de los incrementos de los sueldos y salarios que ha emanado el Gobierno nacional.

Los 13 informes se encuentran repartidos de la siguiente manera: Dos en la Unidad de Supervisión, siete en la Sala de Reclamos y cinco en la Sala de Contratos por no acudir al llamado de la dependencia del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, el Ejecutivo regional automáticamente fue sancionado con los artículos 630 y 642 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Liliana Marrufo, secretaria general del Sindicato de Obreros, en reiteradas oportunidades ha denunciado que desde mayo del 2006 la Gobernación no ha depositada los contratos colectivos discutidos por los diferentes sectores, “ése es otro de los incumplimientos que el Gobernador tiene con los trabajadores”, sentenció.

Pese a que el secretario de Asuntos Políticos y Administrativos, Nelson Carrasquero —durante su estancia como Gobernador encargado— junto con otras 31 organizaciones sindicales manifestó públicamente que las actas habían sido depositadas en la Inspectoría, el Ministro del Poder Popular para el Trabajo de esa época, Ricardo Dorado, en una visita que realizó a PANORAMA, el pasado martes 28 de noviembre aseguró que éstos no habían sido presentados ante su despacho.

Multas irrisorias

El primer apartado expresa que: “Al patrono que no pague correctamente a sus trabajadores la participación en los beneficios, o la bonificación o prima por navidad que les corresponda se les impondrá una multa no menor del equivalente a un cuarto (1/4) de un salario mínimo, ni mayor del equivalente a dos y medio (2 1/2 salarios mínimos).

En cuanto al 642 dice el marco legal que: “Toda desobediencia a citación u orden emanada del funcionario competente del Trabajo, acarreará al infractor una no menor del equivalente a un octavo (1/8) de un salario mínimo, ni mayor del equivalente a un (1) salario mínimo.