Mañana se reunirán con el Bloque Parlamentario Zuliano para que presenten el caso ante la plenaria de la AN. “Carrasquero nos citó al Kristoff para dialogar”, dijo José Luis Acosta. El diputado Omar Prieto los acusará formalmente por los abusos que cometieron.

La Asamblea Nacional (AN) conocerá todos los detalles sobre los hechos de violencia que ocurrieron el pasado martes —entre ellos, las agresiones de la Policía Regional—, durante la protesta de los obreros jubilados de la Gobernación del Zulia.

Todo el Bloque Parlamentario Zuliano sostendrá mañana una reunión con los trabajadores afectados, quienes le harán llegar las denuncias de los hechos que comenzaron como una protesta pacífica y culminaron en una batalla campal que dejó como resultado cinco personas heridas y cuatro detenidas, para que sean presentadas ante la plenaria donde esperan se nombre una comisión especial que se dedique a investigar la situación.

Liliana Marrufo, Albin López, Hugo García, Gustavo Bastidas, dirigentes sindicales y los legisladores José Luis Acosta y Betty de Zuleta, del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez) y Omar Prieto de la AN, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer, expresaron que la actitud del Gobierno regional al “querer lavarse las manos al decir que nosotros atentamos contra el patrimonio de la región, cuando en realidad son ellos quienes están desacatando la orden de un Tribunal Laboral, para la cancelación de los 50,1 millardos de bolívares.

“Es vergonzoso, ver como se niegan a cumplir la sentencia, y a la vez publican avisos en los medios de comunicación diciendo tantas mentiras. Estamos molestos por la actitud del gobernador Manuel Rosales”, expresó López, secretario de organización del sindicato.

En representación de la dirigencia dijo que las acciones legales seguirán en marcha ante la Contraloría General de la República (CGR), la comisión de Finanzas de la AN y el Ministerio para el Poder Popular de las Finanzas, porque ya no son los 50,1 millardos los que sólo reclamamos, sino que deben dar cuenta de los 420 millardos de bolívares que debieron haber cancelado en pasivos laborales”.

Nuevamente denunció que la demora en la entrega de la data “se debe a que todo está viciado. Sabemos que tienen 1.500 contratados y muchos fantasmas, cobrando sin trabajar, como el segundo a bordo de la Procuraduría del Estado, quien ni siquiera sabe dónde quedan sus oficinas”.

En cuanto, a los detenidos dijeron que Ebyk Andrade, escolta del diputado Omar Prieto, fue liberado ayer en horas del mediodía junto con José Gregorio Chourio, de 20 años, nativo de Ciudad Ojeda, quien en el momento de la trifulca llegaba al Palacio de los Cóndores a entregarle una carta al gobernador Manuel Rosales, solicitándole una beca del programa Jesús Enrique Lossada; y un hombre de unos 25 años, de quien sólo se supo que es refugiado colombiano que en muchas oportunidades se dedicaba a limpiar las patrullas de la PR.

“Él nos citó al Kristoff”

Por su parte, Acosta criticó la actitud del secretario de Gobierno, Nelson Carrasquero, quien negó ante los medios de comunicación la reunión que sostuvo el pasado lunes 19 con Liliana Marrufo, la asesora legal Rebeca Del Gallego y su persona.

“Él fue quien me llamó y nos citó al hotel Kristoff, a las 9:00 de la mañana, para tomarnos un desayuno y así negociar la cancelación de los 50 millardos de bolívares. Nosotros presentamos ocho propuestas pero, al final, nos quedamos con las cuatro más importantes, como son la cancelación del fideicomiso, el tabulador de los años 1999, 2000 y 2001, la homologación de los sobrevivientes y las vacaciones vencidas. Quedamos en reunirnos el miércoles de esa misma semana, pero ese mismo día me llamó y me dijo que suspendía la reunión, pues necesitaba más tiempo para recabar toda la data y así poder comenzar con los pagos. Y ahora lo niega, eso es mucho descaro de su parte”, apuntó Acosta.

Acusación

Entre tanto, Omar Prieto señaló que acusará formalmente al secretario de Gobierno, por decir que sus credenciales de la AN “son chimbas”, al comisario Freddy Arenas, jefe de la Brigada Especial de la PR y al asesor jurídico del cuerpo policial “por los abusos que cometieron en nuestra contra y por querer desviar la situación de los 50 millardos, además de violar el artículo 200 de la Constitución nacional que me otorga inmunidad por ser diputado a la Asamblea Nacional, ya que es el Tribunal Supremo de Justicia el que puede solicitar una acción previa autorización del Parlamento. No vamos a permitir que vuelvan a agredir a los jubilados y pensionados por reclamar que no les han pagado”.