Roland Denis, Nerio Marcano y Leonardo Domínguez, miembros de Aipo. Credito: ORLANDO ALVIÁREZ

Caracas. Supuesto desvío de recursos financieros y corrupción en la adjudicación de dinero a cooperativas en el Zulia, denuncian miembros de la organización Anticorrupción Interpelación Popular Organizada (Aipo). También denuncian violación de los derechos de los campesinos e indígenas de la etnia wayú residentes en Santa Bárbara del Zulia.

Nerio Marcano, miembro de Aipo y de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, dice que en el Zulia hay más de 60 "cooperativas fantasma integradas por personas que nada tienen que ver con el campo, no son campesinos ni indígenas. Simplemente buscan dinero. Y tienen amigos en las instituciones que les puedan bajar los recursos". Tales cooperativas están, sin embargo, inscritas en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), agrega.

Señala a una de esas cooperativas: la denominada Faraones de Juyá, que tiene 3.800 hectáreas y está integrada por 84 miembros, "casi todos funcionarios públicos y altos funcionarios de Corpozulia". Marcano narra que esta cooperativa recibió una carta agraria del Inti en el 2003, el mismo día en que le entregó cartas agrarias a los campesinos e indígenas de la zona. "Estos son los verdaderos dueños de las tierras -señala- pues tienen títulos de propiedad otorgados por el antiguo Instituto Agrario Nacional (IAN) hace más de 25 años". Añade que funcionarios de Corpozulia, como Grace Urdaneta, jefa de la Misión Identidad en el Zulia, son miembros de esa cooperativa que ha recibido Bs. 7,4 millardos.

En carta a Douglas Araujo, jefe de la Oficina de Asistencia al Campesino (MAT), miembros del Asentamiento Campesino Aborigen Wayuu, municipio Jesús María Semprún, denuncian que Fondafa le entregó a Gustavo Pérez, "supuesto dueño de tierras", Bs. 100 millones y más de 7.500 palmas aceiteras "que dejó tiradas en nuestro asentamiento".

Campesinos e indígenas de más de 45 cooperativas que no han recibido nada del Estado, tienen tomada desde hace dos días la Procuraduría Agraria en Santa Bárbara. Solicitan la destitución de la procuradora regional, pues dicen que se ha puesto a favor de "falsos terratenientes de la zona".

Marcano denuncia que las cooperativas fantasma tienen como objetivo quitarle las tierras a los campesinos; que hay desvío de fondos; que son atropellados por funcionarios de la Guardia Nacional. Afirma que ninguna institución pública les ha dado respuesta.


MATE INTI BUSCAN SOLUCIONES
El Ejecutivo, por medio de la Procuraduría Agraria Nacional (envió ayer dos procuradores agrarios nacionales), y el Instituto Nacional de Tierras (Inti), junto con la Defensoría del Pueblo y la Guardia Nacional, se reunió ayer tarde (noche) con los tomistas a las puertas (no habían podido entrar) de la Procuraduría Agraria en Santa Bárbara, para conocer sus pedimentos y darles solución, explicó Geraldine López, presidenta de la Procuraduría Agraria Nacional. Los tomistas están pidiendo respuesta a solicitudes planteadas con anterioridad. Sin embargo, López dice que lo único que han concretado hasta ahora es la solicitud de destitución de la Procuradora regional.

Las autoridades están verificando las solicitudes y denuncias planteadas al Inti, y el resto de la situación. Afirmó que campesinos e indígenas son prioridad para el MAT.