Caracas, 19 Ene. ABN.- El director General de la Policía Metropolitana (PM), general Juan Francisco Romero Figueroa, aseguró que la Inspectoría General de ese cuerpo de seguridad abrió una investigación administrativa para aclarar irregularidades detectadas en la muerte del joven Carlos Guerrero, de 17 años de edad, a manos del agente policial Yahir Méndez Camacho el pasado martes.

Añadió Romero Figueroa que pretenden determinar por qué al detenido les retiraron las esposas dentro del comando.

«El funcionario que disparó fue presentado en los tribunales. Ante las declaraciones de los dos testigos –el policía que acompañaba al acusado y un compañero del hoy occiso– el juez determinó que el funcionario actuó en defensa propia y de allí su liberación», explicó el comisario.

Añadió el director policial que, de acuerdo con las declaraciones del propio compañero de Guerrero, cuando se estaba realizando la inspección corporal el joven occiso desarmó a uno de los funcionarios policiales, por lo cual Méndez Camacho se vería obligado a disparar.

Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, Ramón Morales Rossi, lamentó lo ocurrido y aseguró que comparte la decisión del fiscal del caso al apelar la decisión del tribunal que dejó en libertad a Méndez Camacho.

Morales Rossi aseguró, mediante una nota de prensa, que Guerrero y su compañero, quienes vendían verduras en el sector, fueron detenidos por una comisión policial a raíz de una denuncia de los vecinos de la comunidad de La Silsa.

Añadió que el funcionario policial está suspendido pero las investigaciones continúan, pues estima que algunos agentes presentes en la operación cometieron ciertas irregularidades.

Asimismo, comentó que la zona dos de la PM, ubicada en Catia, continúa intervenida debido a numerosas denuncias recibidas sobre la acción de los efectivos adscritos a este destacamento.

Sobornos, robos, cobro por protección, decomiso de droga e irregularidades en actas policiales son algunas de las acusaciones más comunes relacionadas con este pelotón.

«El problema de esta comisaría es que es una de la mas grandes del Distrito Capital, puesto que es donde se reciben todos los procedimientos jurídicos penales. Allí se trabaja como un local de reclusión transitorio y está intervenida desde hace dos meses», agregó Rossi.

Protección Civil Metropolitana, ubicada en el terminal de La Bandera, también fue intervenida.

En este caso, las denuncias se relacionan con el otorgamiento indebido de certificados de situación de riesgo, requisito indispensable para gestionar viviendas ante el Ejecutivo Nacional.

Aseguró que llevaron el asunto a tribunales para conducir una investigación de manera conjunta.

Por último, el Secretario de Seguridad Ciudadana informó que se rotaron los funcionarios de la Inspectoría de la PM debido a que se detectaron 600 expedientes engavetados.

En tal sentido, indicó que se contrató a un grupo de abogados para que determinaran la situación de cada uno de estos casos.