El juzgado 11 de control libró una orden de aprehensión contra el capitán Daniel Alfaro, por los sucesos que derivaron en el fondeo del buque Pilín León en las aguas del Lago de Maracaibo durante el sabotaje petrolero de los años 2002 y 2003.

La jueza Raiza Rodríguez, titular de la referida instancia judicial, libró la medida ante la inasistencia de Alfaro a las citaciones que le ha formulado el tribunal que sigue el caso.

Daniel Alfaro lideró la tripulación que fondeó al tanquero Pilín León en el Lago de Maracaibo. El grupo de tripulantes, encabezado por el capitán, alteró los sistemas de navegación del buque, de tal forma que los tripulantes, encabezados por Carlos López Peña, no pudieran recuperarla, cosa que finalmente lograron el 22 de diciembre del 2002.

Fuentes judiciales también revelaron a PANORAMA que el próximo 31 de enero deberán comparecer ante la Inspectoría General de Tribunales los jueces Dick Willian Colina y Celina Padrón, a quienes se les sigue una averiguación por haberle sobreseído la causa a la tripulación del buque Pilín León.

Destituidos

El pasado 8 de diciembre la Inspectoría General de Tribunales, a cargo de la jueza Iris Peña, decidió acusar y ordenar la destitución de las jueces Colina y Padrón, por haberle sobreseído la causa a la tripulación del buque Pilín León y quienes se unieron al paro petrolero de 2002 y 2003, por constituir un “error inexcusable” el afirmar que el secuestro del buque en el Lago de Maracaibo no constituyó un delito.

El anuncio sobre la medida la ofreció en su momento el ex diputado Rodrigo Cabezas, actual ministro de Finanzas, quien afirmó que de este modo se hace justicia luego de los hechos suscitados en 2002-2003, cuando el sabotaje petrolero causó pérdidas mil millonarias al país.

“Al final ha quedado derrotada la impunidad”, expresó al comentar que fueron tres las jueces zulianas de la Sala Uno de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Zulia, quienes decidieron que no se había cometido ningún delito durante el secuestro del tanquero petrolero, sólo que la tercera jurista, Tania Méndez, se jubiló el año pasado.

Explicó que en marzo del año pasado, la Inspectoría aceptó la apelación introducida por la Fiscalía General de la República, recurso aceptado y reabierto por el Tribunal Supremo de Justicia.