Esperan, pacientemente, bajo el inclemente sol de las tres de la tarde. Aunque el local es lo suficientemente grande, una persona controla el acceso. "Es que llegaron el pollo y la leche, siempre es así", explica una de las ancianas que hacen la cola para entrar al Mercal ubicado en Cotiza. "Yo vivo allá enfrente y bajo en cuanto veo que llega el camión para comprar azúcar, leche para mis nietos y pollo para mis hijos", dice otra. "A veces viene en la mañana, otras en la tarde". Pero el ambiente de cordialidad que reina en la espera cambia cuando un hombre joven sale del establecimiento, con paso seguro, seguido de otro que lleva una carretilla en la que se observan pacas contentivas de la escasa azúcar, pasta y harina para hacer arepas, entre otros víveres, los cuales coloca en una lujosa camioneta estacionada frente al local. "¿Estás viendo?, seguro que es para venderlo en la calle", comenta entre dientes una de las mujeres con tono de indignación.

Uno de los empleados -quien aseguró al ser consultado que el hombre de la carretilla no llevaba azúcar cuando se observó que sídijo que esa mercancía estaba destinada a "la preparación de las bolsas solidarias".

La impunidad campea. La venta de pro ductos de Mercal con sobreprecio por parte de los buhoneros, es uno de los delitos más comunes contra la red.

En Catia y Petare, los comerciantes informales venden la leche que en Mercal cuesta Bs. 4.700, en Bs. 7.000; la harina de trigo que cuesta Bs. 1.000 a Bs. 2.500 y la harina de maíz, que en los expendios subsidiados por el Estado vale Bs. 890, a Bs. 1.000.

Son reiteradas las denuncias que se han hecho en torno a esta situación, pero la impunidad campea porque quienes cometen estas irregularidades saben que no hay medidas contundentes contra ellos.

La red Mercal, que cuenta con más de 13 mil mercalitos, 160 centros de acopio y unas 6.000 casas de alimentación, pareciera que se ha convertido en una red difícil de controlar por parte del aparato gubernamental, y su ampliación en el mercado de alimentos ha implicado también que se presenten distorsiones y abusos en los precios, ineficiencia, desvío de mercancías y estafas ante la mirada complaciente de la impunidad.

Aun cuando el Ministerio Público investiga 155 casos en torno a irregularidades en la red, no hay detenidos. Las penas que corresponden a delitos de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, falsificación de documentos y estafa, tipificados en los artículos 472, 323 y 464 del Código Penal Venezolano, los más comunes contra la red, tienen penas menores a los cinco años de prisión, por lo que los imputados son beneficiados con medidas cautelares.

No obstante, el artículo 464 dispone que tendrá prisión de dos a seis años si el delito se ha cometido "en detrimento de la administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social".

Para la fiscal Luis Ortega Díaz, directora de Actuación Procesal de la Fiscalía, las sanciones son bajas para estos delitos, "pero estamos apegados a la ley".

Sin competencia. Altos funcionarios públi cos como la ministra de Alimentación, Erika Farías, aseguran estar conscientes de la situación. Farías ha dicho que tomará medidas para acabar con la corrupción dentro de Mercal. Ha manifestado que antes de que los medios de comunicación "utilicen el tema para teñir los logros del proceso revolucionario", tomarán medidas para sancionar a quienes desvían los alimentos subsidiados por el Gobierno y los distribuyen a los buhoneros.

Farías hizo, junto a un equipo del Ministerio de Alimentación, un recorrido por Catia y Petare y corroboró las denuncias sobre venta de productos de Mercal por parte de los comerciales informales. Indicó que el despacho del cual es titular no tiene competencia para retirar la mercancía ni sancionar a quien la comercia, pero anunció, a finales de septiembre, que se redactaría una resolución para prohibir la venta de los productos por parte de los comerciales informales. La resolución aún no entra en vigencia.

Félix Osorio, actual presidente de Mercal, desde julio de este año ha consignado ante el Ministerio Público 45 denuncias sobre irregularidades en la red. La Fiscalía conocía de 110 averiguaciones.

Se solicitó una entrevista con el mayor Osorio para consultar su opinión acerca del tema, pero no fue posible obtenerla.

A nivel nacional. Las denuncias acerca de irregularidades en Mercal datan del año 2004 y se han cometido en Caracas, Táchira, Carabobo, Mérida, Nueva Esparta, Maracaibo. Monagas, Guárico, Miranda, Lara y Amazonas.

El Ministerio Público ha comisionado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -Cicpcasí como a la Disip, para que lleve a cabo las averiguaciones.

En mayo de 2005 una comisión de la Disip detuvo a 17 personas vinculadas al delito de estafa contra Mercal. Se llevaron a cabo una serie de investigaciones y 17 allanamientos; se determinó que los dueños y administradores de los establecimientos adscritos a Mercal venían cometiendo estafas millonarias.

Estas personas consignaban, a la hora de cancelar la mercancía, planillas de pago falsas por montos millonarios.

En Carabobo la reventa de mercancía, así como el acaparamiento de productos como la leche de Mercal, han sido los delitos más comunes contra esta organización.

En entidades como Sucre, las irregularidades llegaron a tal punto que implicaron la destitución del coordinador regional del programa.

En Guárico, tanto el Cicpc como la Disip contribuyen con el Ministerio Público en sendas investigaciones. Una de éstas vincula a una fiscal. Actualmente se está realizando el acto conclusivo en relación a este expediente.

Mientras tanto, los buhoneros siguen vendiendo felices.


Los expedientes están en fase de investigación

Las causas que investiga el Ministerio Público en relación a irregularidades en Mercal, se encuentran en fase de investigación. Así lo informó Luisa Ortega Díaz, a cargo de la Dirección de Actuación Procesal de la Fiscalía.

Según indicó la alta funcionaria, el 90% de estas averiguaciones tiene que ver con los delitos de falsificación de documentos, estafa, hurto y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, "aun cuando también hemos detectado delitos de salvaguarda como el tráfico de influencias".

El aprovechamiento de cosas provenientes del delito es el imputado a personas, como los buhoneros, que venden artículos de Mercal a altos precios. La estafa y falsificación de documentos, cuando se falsifican los vouchers a través de los cuales se hacen los depósitos para el pago de la mercancía.

"Todos los casos están en fase de investigación, algunos a punto de presentar acto conclusivo tal como lo es uno en Guárico, donde se cometieron dos delitos: aprovechamiento de cosas provenientes del delito y peculado doloso, donde las personas fueron aprehendidas en flagrancia".

Indicó Ortega Díaz que los delitos que se han cometido tiene penalidades muy bajas, por lo que las personas se encuentran libres, y "aquellas a quienes se les ha dictado medida privativa de libertad, el juez les otorga cautelares". Indicó, además, que en oportunidades cuesta probar los delitos porque los denunciantes no siempre tienen pruebas y hasta han incurrido en simulación de hechos punibles.

"Lamentablemente, el castigo que se da no se corresponde con la situación, pero eso establece el ordenamiento jurídico y estamos apegados a la ley. Pero desde el punto de vista moral esto es un crimen que se comete contra las personas y la sociedad en general, porque Mercal se creó para brindar a la población de menores recursos productos de alta calidad a muy bajos precios".

Ortega Díaz se comprometió a pedir a los fiscales que conocen de estas causas, "una minuta de estos expedientes para así tener más control de las investigaciones", porque el Ministerio Público es muy sensible ante delitos de esta naturaleza".