Caracas. Unos “altísimos” índices delictivos, así como una ciudadanía constantemente amenazada, temerosa y que resiente el abandono del Estado, fueron algunos de los hallazgos de la Mesa contra el Crimen y la Violencia que, después de 30 días de consulta, presentará al Parlamento un informe con cuatro líneas de acción hacia un plan de seguridad.

El documento plantea a los diputados la obligación de “actualizar y elaborar un marco jurídico normativo del Sistemade Administración de Justicia”.

En este sentido, incluye la creación de la Ley Policía Nacional, que debería estar lista para el próximo 15 de julio.

Asimismo, exhorta a la revisión del Código Orgánico Procesal Penal y del Código Penal, “para subsanar posibles contradicciones entre una política de seguridad de perfil social y las normas constitucionales restrictivas”.

Más adelante, y también como tarea para los parlamentarios, el informe de la Mesa establece la urgencia de promover una ley de protección de víctimas, testigos, expertos, acusados y jueces; para la recaudación de pruebas, y el Código de Ética del Juez.

Al parecer de los integrantes de la comisión especial, son urgentes las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Protección al Niño y al Adolescente y el Código de Ética del Abogado.

Además de la reestructuración legal, el documento de 16 páginas hace mención a acciones que, en el corto y mediano plazo, otros actores de la vida nacional deben adelantar. Alto a la impunidad. Como una acción estratégica, la Comisión plantea la reestructuración y depuración de la Fiscalía General de la República, el Cicpc, los tribunales y las policías, “para hacerlos más eficientes”.

Además, menciona la profundización de los planes de mejoramiento de la administración de justicia penal, con el objeto de garantizar el acceso a la justicia y mejorar el tiempo y la calidad de respuesta a la denuncia.

Como una medida que evitaría la acción deshonesta de los funcionarios que integran el sistema judicial, el documento establece la creación de un registro nacional automatizado de los trabajadores, el cual permita monitorear el desempeño de sus funciones.

Mejores policías. Para la instancia presidida por el diputado Ismael García, el tema de la formación y atención a los funcionarios policiales, como garantes directos del resguardo de los ciudadanos y sus bienes, es de gran importancia en cualquier intento por diseñar un plan de seguridad.

El informe da cuenta de la obligatoriedad de la profesionalización del policía, con la creación de una carrera universitaria. Igualmente, propone revisar los beneficios sociales, la adecuación de los salarios y la vigilancia a la aplicación del sistema de seguridad que comprende vivienda, protección ante el riesgo laboral, salud, pensión, pérdida del empleo y condición de extrema necesidad.

Medios para la paz. Entre los primeros lineamientos de la Mesa, y para lo que necesitó del concurso de los representantes de las grandes televisoras, se encuentra la firma de un acuerdo con los medios de comunicación social.

Con dicho compromiso, se asumiría la formación de la población por medio de programas y campañas que tengan como centro la tolerancia, la solidaridad y la convivencia.

De igual forma, se plantea el análisis y el control de códigos comunicacionales que promueven la violencia en la programación de los medios y mensajes publicitarios.

Justicia alternativa. Una de las propuestas recogidas por la Comisión, y que forma parte del informe, es la de justicia de paz. Así, proponen un plan de capacitación a las comunidades para que utilicen esta modalidad en la resolución de conflictos, al tiempo que piden la validación de las acciones tomadas por estos jueces.