Bogotá, 11 Oct. ABN.- El Estado colombiano tiene, a partir de este martes, el plazo de un año para reconocer su responsabilidad, reparar a las víctimas y enjuiciar a los involucrados en la masacre de Mapiripán, en el departamento de Meta, donde perecieron 49 habitantes de ese lugar, tal como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo condenó a la nación por los hechos registrados en 1997, precisa Prensa Latina.

La abogada Yomari Ortegón, integrante de la entidad no estatal Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que representa a los familiares de las víctimas, indicó que el Gobierno deberá establecer los autores de la masacre y llevarlos a juicio.

Los sucesos de Mapiripán ocurrieron entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando murieron al menos 49 personas a manos de supuestos paramilitares y 60 familias tuvieron que huir de sus lugares de origen.

Para Ortegón, el fallo de la Corte Interamericana deja claro su rechazo a la Ley de Justicia y Paz, al considerar que no se ajusta a los cánones legales, al no promover el respeto a los derechos humanos.

Esa legislación constituye el marco jurídico aprobado por el Congreso y el Gobierno colombiano para legitimar la desmovilización de cerca de 20 mil paramilitares, en un proceso de paz que iniciaron las partes en diciembre de 2002 y debe concluir antes de enero de 2006.

Sin embargo, buena parte de la opinión pública nacional e internacional coinciden en que la Ley de Justicia y Paz no cumple los requisitos indispensables de verdad, justicia y reparación que deben tener procesos de ese tipo.