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La plenaria de la AN aprobó, en segunda discusión, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que contempla que no prescriben las acciones judiciales contra el tráfico de drogas, además se incorpora en materia preventiva el principio de prioridad absoluta en la protección del niño y adolescente, y se plantea la reestructuración de la Conacuid.
Debido a las modificaciones sufridas durante el debate, la ley fue remitida nuevamente a la Comisión de Desarrollo Social Integral para la redacción del informe para su sanción definitiva.
Dentro de los artículos modificados de la primera discusión, se encuentra el 97, el cual establece la responsabilidad social de las personas jurídicas para el combate del flagelo, estipulando que los productores de alcohol, tabaco y sus mezclas como el chimó, destinará dos por ciento de sus ganancias netas anuales para la construcción y mantenimiento de centros de recuperación. Estos recursos serán administrados por la Fundación contra el Uso Ilícito de Drogas de la Conacuid.
Asimismo, se expresa que quien no cumpla con este mandato será multado con 60 mil unidades tributarias, y si reincide se podrá suspender su actividad hasta por un año.
Una de las modificaciones efectuadas a la ley es la inclusión de la Asamblea Nacional en los procesos de incineración de drogas.
En las disposiciones finales, se señala que el Ministerio de Finanzas cesará en sus funciones de control sobre los bienes provenientes de incautaciones o decomisos provenientes de los tribunales penales que estén bajo su custodia a la fecha de la instalación efectiva del Fondo de Prevención del Delito, y dispondrá de 90 días, contados a partir de la instalación del fondo, para la remisión de los bienes que corresponden a la Conacuid.
Créditos adicionales
La plenaria aprobó siete créditos adicionales por 1.6 billones de bolívares, uno para la Presidencia de la República, otro para diferentes organismos de la Administración Pública y sus entes adscritos, un tercero para el Ministerio del Interior y Justicia; otro para el Ministerio para la Vivienda y Hábitat, y otro para el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Para la Presidencia de la República se aprobaron 15.2 millardos de bolívares, destinados a trabajos de reparación y conservación de maquinarias, equipos e infraestructura en las instalaciones del Palacio de Miraflores, Palacio Blanco, edificio administrativo, edificio y Plaza Bicentenaria, que sirven de sede a la Presidencia.
Para los diferentes organismos de la Administración Pública y sus entes adscritos, es por 860 millardos de bolívares, orientados al pago parcial del aumento del 26 por ciento del salario mínimo actual para los trabajadores del sector público, donde se beneficiarán 346 mil 633 personas del Gobierno Central; 315 mil 436 de los entes descentralizados; 285 mil 386 pensionados y jubilados; 802 mil 238 pensionados del IVSS y 798 mil de las gobernaciones y alcaldías, para un total de 2 millones 547 mil 693 personas.
Situado, seguridad ciudadana
Para el Ministerio del Interior y Justicia fueron aprobados tres créditos. Uno, por 343.7 millardos de bolívares, para la cobertura de la primera porción del aporte legal de 20 por ciento, generado para el Situado Constitucional de los estados y municipios, que podrán ser orientados a cubrir gastos de las regiones, pero especialmente para el ajuste en el salario mínimo decretado por el presidente de la República el 1 de mayo del presente año.
El segundo crédito es por la cantidad de 66.4 millardos de bolívares, que serán transferidos a la Gobernación de Apure, con el objeto de cubrir el déficit en el presupuesto de gastos de 2005. Mientras que el tercer crédito es por 30 millardos de bolívares, orientados a gastos de defensa y seguridad del Estado, con la finalidad de combatir los delitos que atentan contra la seguridad ciudadana; coordinar acciones para resolver situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas y sus propiedades.
Los representantes del Bloque por la Autonomía Parlamentaria negaron su voto, recalcando que se reasume la práctica de las partidas globales, sin detalles, específicamente, lo relacionado a la partida de Gastos y Seguridad y Defensa del Estado. Sobre este punto, Ricardo Sanguino (MVR/Táchira) indicó que los gastos secretos no pueden ser desagregados porque pondría al descubierto acciones que no pueden ser públicas. “No hay ningún subterfugio para desviar los recursos y fueron aprobados en un punto de cuenta por el presidente de la República”.
Por unanimidad, fue aprobado un crédito adicional al Ministerio de Vivienda y Hábitat, por 463 mil 113 millones de bolívares para la Misión Barrio Adentro II, con lo cual se financiará la adquisición, construcción, remodelación, adecuación y ampliación de 239 centros de diagnóstico integral, 286 centros de rehabilitación integral y 17 centros de alta tecnología a nivel nacional. Mientras que el crédito para el Ministerio de Ciencia y Tecnología es por 7 mil 631 millones 296 mil 714 bolívares, para al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), para la cancelación de un bono único al personal de investigadores y técnicos asociados a la investigación.
Comisión Especial
El diputado Jesús García (MVR/Mérida) propuso la investigación de la parte administrativa de las universidades autónomas, señalando que el Gobierno está aplicando, a través del Ministerio de Educación Superior, controles de los recursos que se asignan a las casas de estudio, añadiendo que no se pueden permitir gastos dispendiosos.
Por ello la plenaria decidió, con el apoyo el Bloque del Cambio, Podemos y Acción Democrática, designar la comisión mixta propuesta para tal efecto, conformada por los integrantes de las comisiones de Finanzas, Educación y Contraloría.
Abel Oropeza (Copei/Falcón) votó negativo a la decisión, porque considera que se viola la autonomía universitaria y se vulneran las facultades de la Comisión de Educación. Por su parte, Alejandro Arzola (Convergencia/Yaracuy) indicó que salvan su voto porque afecta el recinto universitario en un hecho sin precedentes.
Elías Matta (LCR/Zulia) dijo que están convencidos de que la Comisión de Educación podría adelantar esta investigación, pero añadió que se pretende darle tintes políticos a la misma.
Pedro Pablo Alcántara (AD/Lara) informó que cada universidad tiene un sistema de contraloría, a través de una oficina centrada para tal fin, sostiene que se debe investigar todo lo relacionado con el hecho universitario y las directrices del ministro de Educación Superior; adelantó, además, que se incorporará a la comisión.
yd
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