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Caracas, 21 Jun. ABN.- Con el propósito de profundizar las competencias del bufete de la nación la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Coordinación de Derecho y Relaciones Internacionales para estudiar los tratados, convenios y acuerdos que suscriba el Estado con otros países.
Destaca un boletín de la PGR las declaraciones del gerente general de Asesoría Jurídica del organismo, Evelio Armas, quien dijo que la procuraduría se ha reestructurado para atender la alta demanda de asesorías requeridas en materia de convenios internacionales a propósito de la política exterior multipolar que ha predominado con este Gobierno.
La unidad estaba adscrita a la Coordinación de Legislación Financiero e Internacional de la cual surgió, hace dos años, la Coordinación de Derecho Económico, que se ha encargado de dar respuestas a las consultas formuladas por la administración pública en materias financiera, tributaria, bancaria, presupuestaria y económica.
Para Armas, no se trata de burocratizar el organismo sino de atender las necesidades específicas del Estado.
Explicó que el objetivo es tener sentado a un abogado de la República en cada mesa donde se vayan a negociar los bienes e intereses patrimoniales de la nación.
La coordinadora de la nueva dependencia, Marisol Alvarado, señaló que la Procuraduría General de la República ha desempeñando un rol destacado en las mesas de negociación de convenios internacionales.
En este sentido, indicó que este despacho viabilizó los instrumentos jurídicos internacionales para la construcción de una fábrica de cemento en Venezuela por parte del Gobierno iraní y, por ende, la edificación de viviendas a bajo costo.
Alvarado también destacó que hicieron un pronunciamiento a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la Inmunidad de Jurisdicción, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la adopción de una Convención Internacional que versa sobre la posibilidad de juzgar a los países en otras jurisdicciones.
Señaló que los países podrían ser demandados internacionalmente. No obstante, apuntó que en Venezuela no se contempla esta posibilidad porque la inmunidad es un derecho irrenunciable de la nación, tal como lo establece la Constitución en su artículo 1, salvo en contadas excepciones para la materia mercantil y laboral.
El anunció coincidió con el fortalecimiento de la Coordinación de Legislación, que se encargará de profundizar las relaciones con la Asamblea Nacional (AN) en tres ámbitos, a saber: la elaboración de la observación a los proyectos de ley; la elaboración de proyectos que son iniciativa del Ejecutivo Nacional y el estudio para la emisión del veto presidencial, así como la Vicepresidencia de la República, actualmente, estudia la reforma del decreto con fuerza de Ley de Aviación Civil y la reforma del decreto con fuerza de la Ley de Turismo, ambas producto de la Ley Habilitante.
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