Maturín, 12 May. ABN (Judith González).- El delito de gastos de recursos o adquisición de deudas sin disponibilidad presupuestaria, que fue el imputado este jueves al ex gobernador del estado Monagas, Guillermo Call, puede acarrearle una pena de hasta tres años de prisión, de comprobarse su culpabilidad.

El procurador del estado, Félix Roque, quien funge como representante legal del gobernador José Gregorio Briceño, en la acusación realizada ante el Ministerio Público, contra el ex mandatario, fue el encargado de proporcionar la información.

Indicó el funcionario que Call es acusado por la suscripción de convenios con las universidades Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) e Instituto Universitario Santiago Mariño (IUSM), pese a saber que la Gobernación no tenía disponibilidad presupuestaria.

Esta es una de las nueve denuncias que se hicieron en su contra ante los organismos jurisdiccionales, pero de resultar Guillermo Call responsable de todas las irregularidades administrativas denunciadas, pudieran dictarle pena máxima de cárcel.

Específicamente sobre el caso de los convenios con las instituciones educativas, la parte acusadora apeló al artículo 59 de la Ley contra la Corrupción.

Este refiere que: “El funcionario público que excediéndose en las disposiciones presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre créditos públicos, efectúe gastos, contraiga compromisos de cualquier naturaleza, que hagan procedentes reclamaciones contra la República o contra algunas de sus entidades o instituciones, será penado con prisión de 1 a 3 años”.

Los acuerdos firmados por Call en el año 2003 con la UGMA y el IUSM, eran para la inscripción de un grupo de estudiantes, que según el ex gobernante no habían tenido acceso a la universidad privada.

Expuso Roque que con la UGMA se establecieron convenios de pago, por un monto de 162 millones y 340 millones de bolívares, respectivamente (para un total de 500 millones de bolívares), que se comprometieron sin haber disponibilidad financiera.

Con el IUSM también se establecieron igualmente convenimientos de pago, por 120 millones y 280 millones de bolívares, respectivamente (para 400 millones de bolívares en total), se firmaron sin la debida disponibilidad de recursos.

Para el procurador, la Fiscalía ha tomado con mucha seriedad las denuncias referidas, y la imputación que se hizo este jueves es señal de que no estaba inventando acusaciones.

“Creemos muy apropiado que los órganos de la justicia comiencen a dar respuestas serias con relación a la actuación de los funcionarios públicos de la administración pasada y que se revise su conducta”, indicó.

Lo que los anima en estas denuncias es la claridad con la cual debe administrarse los dineros de la cosa pública, pues es obligación del gobernador Briceño y de su persona velar por el buen uso de tales recursos, añadió.

Félix Roque a su vez rebatió las acusaciones de Guillermo Call, de que él es un perseguido político. Afirmó Roque que si algo ha demostrado el gobierno bolivariano, es ser respetuoso de los derechos humanos de las personas.

Indicó además que los poderes son autónomos, y como tal son respetados. Si los órganos competentes determinan que los acusados son inocentes, así lo declararán.