Barquisimeto, 07 May. ABN (Félix Gutiérrez).- La sorpresa tomó por
asalto a los usuarios y a las usuarias habituales del Poder Judicial de
Lara en el Edificio Nacional de Barquisimeto, el pasado lunes 2 de mayo,
cuando observaron las adyacencias de la infraestructura tomadas por un
numeroso piquete de la Guardia Nacional (GN), poco antes de que abrieran
las puertas.

En ese mismo momento un avión de la GN llevaba de Caracas a Barquisimeto
al presidente de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), Luis Velásquez Alvaray, quien en su maletín portaba un oficio, el
CJ-O5, en el que emitía la medida de suspensión de 16 jueces y juezas
del estado, así como ordenaba comenzar el proceso de reestructuración
urgente y en su totalidad del Poder Judicial en esta región.

Este proceso se aceleró, según afirmó el magistrado Alvaray en esta
ciudad, por los manejos irregulares que se habían producido en la
estructura del Poder Judicial de esta región en las últimas horas, lo
que violó el debido proceso.

Estos movimientos irregulares buscaban como objetivo dejar en libertad
condicional a Jhonny Bolívar, mejor conocido en esta región como
"Capitán Bolívar", procesado por narcotráfico, secuestro, lavado de
dólares y ocultamiento de armas de fuego, entre otros delitos.

El "Capitán Bolívar" cobró notoriedad en la región en septiembre de 2004
cuando se le señaló como autor intelectual de la masacre de Uribana, un
motín que dejó más de una decena de internos muertos en el centro
penitenciario de la región centrooccidental.
Algunos de los cadáveres habían sido mutilados.

Este motín se habría producido por el control del mercado de la droga
que opera en esta cárcel, ubicada en el sector Uribana, a las afueras de
Barquisimeto.

La medida de libertad a favor del "Capitán Bolívar" la dictó la jueza
suplente del Tribunal de Juicio Número 5 del Circuito Judicial Penal
del estado Lara, Menfis Álvarez, quien había sido juramentada el
miércoles 27 de abril y el viernes 29 de abril en la tarde dictaba esta
controversial medida.

La decisión de la jueza Álvarez no sólo contemplaba la libertad de
Jhonny Bolívar, sino también la devolución de todos sus bienes,
propiedades y cuentas bancarias.

El seguimiento realizado por la Comisión Judicial del TSJ impidió que
esta medida se concretara, según afirmó el magistrado Velásquez Alvaray
en la capital larense.

Relató que el viernes 29 recibió una llamada de esta región en la que le
advertían sobre la decisión de la jueza Álvarez y las irregularidades
cometidas para que esta medida se concretará el lunes 2 de mayo, razón
por la cual viajó con carácter de emergencia a Barquisimeto.

Esta coyuntura sirvió para intervenir el Poder Judicial en la región e
iniciar su proceso de reestructuración, mediante el cual se suspendieron
y destituyeron a 16 jueces, algunos de ellos vinculados con la
liberación de narcotraficantes, lavadores de dólares y secuestradores.

Las denuncias en contra de la actual estructura del Poder Judicial en
Lara por la liberación de personas vinculadas con el tráfico de drogas y
la legitimación de capitales no es reciente.

Uno de los casos más sonados se registró el 28 de julio de 2000 en el
que estuvo involucrado el Tribunal Tercero de Control del Circuito
Judicial Penal de Lara, a cargo de la jueza Rosa Virginia Acosta.

Esta jueza decretó el sobreseimiento de la causa que cursaba contra
siete personas implicadas en el decomiso de un cargamento de 110 kilos
de cocaína de alta pureza, decomisada en el puerto marítimo de
Felixtowe, Inglaterra.

El 1 de octubre de 1998 la policía de este país europeo, con competencia
plena en materia de drogas, retuvo en la embarcación un cargamento de
mil 248 baldosas de cerámica para piso.

En su interior estaban escondidos 110 kilos de cocaína de alta pureza,
por lo que las autoridades inglesas con competencia en drogas detuvieron
a toda su tripulación.

El cargamento procedía de la empresa distribuidora Mega Centro Occidente
C.A., ubicada en la Zona Industrial de Barquisimeto, estado Lara,
Venezuela.
El cargamento ilegal tenía como destino Sudáfrica.

Las investigaciones iniciadas por las autoridades venezolanas obtuvieron
como resultados la detención de nueve personas, siete de las cuales
fueron imputadas por existir claras evidencias de estar comprometidas.

Dos años más tarde todos los imputados fueron liberados por la jueza
Acosta además de restituidas sus cuentas bancarias, tarjetas de créditos
y el derecho a enajenar y agravar sus bienes inmuebles.

La jueza alegó errores de procedimiento del Ministerio Público para
dejar en libertad a los procesados. Uno de los episodios de este caso se
hizo muy notorio porque la jueza había utilizado como testigo en una
audiencia a Julio Arévalo, un ciudadano que luego se determinó que había
fallecido para el momento que sirvió de testigo.

Los fiscales del Ministerio Público apelaron la decisión y la Corte de
Apelaciones declaró con lugar esta medida, pero los implicados ya habían
huido del país y dejado a resguardo sus bienes.

Dos meses antes de que la juez Rosa Acosta tomara la controversial
decisión el prestigioso abogado de la región, Hugo Mario Giménez,
conducía su vehículo Mercedes Benz color plateado placas número GAT-41U
por la calle 17, entre las carreras 24 y 25 de esta ciudad, justo la
frente del Palacio de Justicia. Eran las 11:00 de la noche.

El abogado Giménez venía de cenar con un amigo a quien le estaba
negociando la venta de su vehículo. De la oscuridad de la noche y el
perenne silencio de estos espacios del centro de la ciudad surgió
sigilosa una motocicleta con dos jóvenes a bordo. El vehículo frenó en
la esquina de la carrera 17 con esquina de la calle 24 y la motocicleta
se aproximó por el lado del conductor. El copiloto de la motocicleta
desenfundó el revolver y disparó seis veces contra el conductor del
vehículo. El abogado Hugo Mario Giménez murió en el acto y su amigo se
salvó milagrosamente.

Este famoso caso de sicariato conmovió a la colectividad larense y
también se vinculó a la guerra de poderosos grupos económicos del
centrooccidente, así como al narcotráfico y la legitimación de capitales
en la región, mafia de la que el abogado resultó víctima. Este caso
igualmente se relacionó con escritorios de abogados vinculados con
mafias, juezas y jueces corrompidos, que beneficiaron a personas
procesadas por narcotráfico en Lara.

En aquella época el Ministerio Público del estado Lara había abierto
cinco investigaciones por legitimación de capitales o "lavado de
dólares", que realizaban de manera conjunta con organismos de seguridad
del Estado venezolano y con el apoyo de la Drug Enforcement
Administration (DEA) de los Estados Unidos.

Se procesaban cinco investigaciones en el que estaban involucradas
reconocidas empresas y prestigiosos hombres públicos de la región, entre
los que destacaban empresas y personas relacionadas con el decomiso en
el puerto de Felixtowe. Esta investigación incluía a jueces y juezas que
liberaron a personas procesadas por narcotráfico y legitimación de
capitales en la región centrooccidental.

La liberación de personas vinculadas con el tráfico de drogas, el lavado
de dinero y otros delitos de esa naturaleza se multiplican en el Poder
Judicial de Lara en la década de 2000, según la información que manejan
parlamentarios de la región, particularmente Víctor Martínez y Nelson
Pineda quines se han encargado de hacer seguimientos a estos casos.

El último episodio se produjo a finales de 2004 cuando Álvaro Javier
Guerrero, quien se desempeñaba para aquella época como Juez de Juicio
Número 5 del estado Lara, absolvió a los imputados en el decomiso de mil
280 kilos de cocaína practicado por la Guardia Nacional en esta región.
Este juez fue destituido y provocó sanciones a altos niveles del Poder
Judicial en esta entidad.

El caso del "Capitán Bolívar" encendió nuevamente la alarma en Lara y
aceleró la reestructuración de la administración de justicia en esta
región.

Provocó la suspensión de cinco jueces titulares y la destitución de once
jueces suplentes, entre los cuales se encuentra Rosa Virginia Acosta,
quien se desempeñaba ahora como Jueza Primero de Primera Instancia de
Juicio.

El decomiso de drogas por parte de la Guardia Nacional se multiplica en
la región Centro-Occidental. No obstante, la absolución de traficantes
va la par de los decomisos. El nuevo intento de reestructuración del
Poder Judicial en el país y particularmente en el estado Lara se inició
para detener un nuevo avance del narcotráfico, como la libertad del
"Capitán Bolívar".

No obstante, este esfuerzo apenas se constituyó en un breve freno.
Apenas es un intento en búsqueda del camino extraviado del Poder
Judicial en Lara.