BOGOTA,COLOMBIA / AFP — La masacre de ocho personas y la desaparición de otras cinco en el noroeste de Colombia generó una enérgica condena de organismos humanitarios, incluso de la ONU, no sólo por la forma brutal de los asesinatos sino por acusaciones de ONG -rechazadas por las autoridades- de que fue responsabilidad del Ejército.

El activista de paz Luis Guerra, su compañera y su hijo de 11 años, así como otros cinco campesinos -incluidos dos niños de dos y seis años- fueron asesinados el 21 de febrero a garrotazos, con machetes y armas de fuego por hombres vestidos de camuflado que irrumpieron en San José de Apartadó, una comunidad declarada en resistencia pacífica.

Sus cadáveres, algunos mutilados, fueron encontrados el fin de semana y los pobladores de Apartadó (850 km al noroeste de Bogotá) temen que igual suerte hayan corrido otras cinco personas desaparecidas y en cuya búsqueda salieron hoy martes.

Una delegación de la Fiscalía se encuentra desde el lunes en la zona, donde reúne pruebas para tratar de esclarecer los hechos.

Las primeras versiones de autoridades locales y pobladores señalaban a paramilitares de ultraderecha o a guerrilleros comunistas, pero este martes crecieron las denuncias que implican al Ejército.

"Hemos logrado reunir suficientes testimonios que dan cuenta de la responsabilidad de efectivos de la Brigada XVII del Ejército", afirmó el abogado Elkin Ramírez, de la ONG Corporación Jurídica Libertad que asesora a la comunidad de paz de Apartadó.

El abogado denunció: "El sábado, mientras estábamos cuidando los cadáveres, el Ejército llegó a acordonar la zona y hubo manipulación de las pruebas. Un soldado tomó uno de los machetes -que estaba ensangrentado- y en presencia nuestra lo llevó hasta el río, lo lavó en sus aguas, diciendo, este es el machete degollador", añadió.

"Uno no sabe hasta dónde llegan los paramilitares y hasta dónde la Fuerza Pública, lo que sí sabemos con certeza es que todos estos crímenes de esta semana fueron directamente de batallones de la Brigada XVII", dijo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, del Centro de Investigación en Educación Popular (Cinep) y quien trabaja en la zona.

Por su parte, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas -reconocida por su defensa de los derechos humanos en esa convulsionada región-, afirmó que "tropas de la XVII Brigada, que supuestamente han salido a rodear la región, dieron muerte, de una manera atroz (a estas personas)".

Aunque el lunes el ministro de Defensa, Jorge Uribe, dijo que "la Fuerza Pública colombiana está tranquila porque no fue ella la que cometió estos atropellos", este martes dejó el caso en manos de los investigadores.

"Creemos que no fue la Fuerza Pública puesto que ni siquiera teníamos personal en operaciones en esa zona, pero vamos a ver en los próximos días que las investigaciones nos den mayor claridad", aseveró.

El hecho motivó el rechazo de la sociedad colombiana y organismos internacionales, y recordó épocas de crueldad que se creía iban siendo superadas en el prolongado conflicto colombiano.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas exigió una pronta investigación que conduzca a la sanción de los responsables.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Desplazados (ACNUR) aseguró que "estas muertes son las últimas en una serie de ataques que, de acuerdo con la comunidad de paz de San José de Apartadó, han provocado la muerte a 154 de sus miembros desde 1997".

"Los asesinatos muestran claramente la difícil situación que enfrentan las comunidades de paz y los riesgos para sus líderes. En los últimos ocho años, el Estado colombiano no ha sido capaz de tomar medidas suficientes para proteger a estas comunidades y resolver los problemas que los afectan", dijo.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó goza de una medida provisional de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional colombiana.

Una comisión de la OEA, que verifica un cese de hostilidades de los paramilitares comprometidos en un proceso de paz, se trasladó de Santa Fe de Ralito -sede del diálogo- al sitio de los hechos, distantes a unos 80 km.

¿Quién mató a garrotazos a líder de comunidad de paz?

Bogotá/Corresponsal EDLP —El líder de una comunidad de paz asesinato a garrotazos...

Un militar que varios testigos vieron cuando lavaba el machete con el que habría perpetrado la masacre de la que una de las víctimas fue el anterior dirigente...

Una balacera a un bus con niños indígenas escolares...

Los anteriores son algunas de las acusaciones en los que se han visto involucradas en los últimos días las Fuerzas Militares y que coinciden con un informe de Washington, en el que admite "mejoras" en el desempeño de Colombia en derechos humanos.

En el Reporte Anual sobre Derechos Humanos 2004, entregado por el Departamento de Estado, reconoce avances del país en esa material y destaca la presencia policial en toda la nación, lo que permitió la reducción de los ataques terroristas en un 42%. insiste, sin embargo, en que aún se presentan grandes problemas relacionados con la colaboración de sectores de la fuerza pública con grupos paramilitares y de impunidad. Frente a este último punto advierte que a finales del 2004 más de 100 mil casos "estaban atascados".

Hoy, el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría, salió al paso de denuncias en el sentido de que las tropas estarían involucradas en la muerte de 8 personas (se busca, además, a 5 desaparecidos), en hechos ocurridos en San José de Apartadó, zona de Urabá, departamento de Antioquia, occidente del país, que hace 8 años se declaró como "comunidad de paz", y en las que sus habitantes no permiten, desde entonces, el ingreso de nadie que porte armas.

Luis Eduardo Guerra, de 35 años; su pequeño Deiner Andrés, de 11 años, y su compañera Beyanira Areiza, de 17; Alejandro Pérez; los hermanos Santiago y Andrea Tuberquia Muñoz, de 18 meses y 6 años de edad, al igual que sus padres, Alfonso y Sandra, fueron muertos el pasado 19 de febrero por hombres armados que vestían prendas militares. Guerra, líder de la comunidad, fue asesinado a garrotazo limpio a la orilla de un río. Los restos fueron consumidos por los gallinazos, según el relato de campesinos.

Por su elocuencia, Guerra era interlocutor ante el Gobierno nacional y la comunidad internacional frente a los temas de su comunidad. Representó a la población en el Encuentro de Comunidades de Paz, realizado en Italia en el 2003, y en múltiples ocasiones denunció amenazas de todos los grupos armados, amenazas que cobraron la vida de su primera esposa, que murió el año pasado por la explosión de una granada que les dejaron en su vivienda.

El domingo fueron exhumados sus cadáveres en presencia de una comisión humanitaria de Ong (Organizaciones No Gubernamentales), nacionales e internacionales.

Ayer la comunidad sepultó a los ocho muertos, tras una semana de vigilia a la espera de acceder a la zona.

El dolor no terminó ahí: de otras áreas rurales llegaron desplazados e informaron que pueden ser más los muertos, debido a que, la semana pasada, en la vereda Las Nieves, a cuatro horas de allí, una familia compuesta por cinco personas fue sacada de su casa y hasta ayer no había rastro de ella.

Por esa razón, una comisión humanitaria se desplazó hoy para verificar la denuncia", indicó la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Isabel Cuartas, una de las integrantes de la comisión humanitaria.

Según la dirigente, "la masacre fue cometida por integrantes del batallón Cacique Nutaima, adscrito a la XVII Brigada del Ejército y hay testigos y pruebas que lo confirman".

En esa versión coincidieron algunos integrantes de la Comunidad de Paz que, la semana pasada, responsabilizaron a hombres de la XI Brigada (con sede en Montería). También el sacerdote Javier Giraldo indicó que "uno no sabe hasta dónde llegan los paramilitares y hasta dónde la Fuerza Pública. Lo que sí sabemos con certeza es que todos estos crímenes de esta semana fueron directamente de batallones de la Brigada 17".

Elkin Ramírez, asesor jurídico de la comunidad, denunció que `hubo manipulación de la evidencia por parte de integrantes del Batallón 33 de contraguerrilla. Eso lo pudimos comprobar, pues un soldado cogió uno de los machetes ensangrentados, que estaba cerca de donde fueron asesinadas las personas, lo llevó hasta el río, lo lavó, lo estregó en la arena y luego delante de toda la comunidad, dijo este es el machete degollador".

"Son acusaciones temerarias", aseguro el comandante del Ejército, general Reinaldo Castellanos. El comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, dijo, mientras tanto, que son parciales las sindicaciones, pues otro sector de la comunidad señaló a la guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como las autoras. El oficial dijo que lo mejor es esperar a que terminen las investigaciones de rigor.

El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, indicó, a su turno, que "nos unimos a los colombianos para rechazar cualquier asesinato. La Fuerza Pública está tranquila porque no fue ella la que cometió este crimen".

El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, señaló que otra información apunta a las Auc, aunque "hay varias versiones, pero ninguna confirmada". Pérez solicitó al Sergio Caramagna, jefe de la misión de verificación de la OEA, investigar lo ocurrido. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó la masacre

En un informe preliminar, la Fiscalía dijo que existen tres versiones: una que apunta a las Farc, otra al Ejército y otra a paramilitares, pues en la zona había letreros de éste último grupo.

La comunidad dijo que espera justicia. "¿Cómo es posible que la mitad de estos muertos sean niños y que los hayan asesinado como lo hicieron, a golpes? De eso puede dar fe la Fiscalía. Tienen que estar muy enfermos para matar a un bebé de 18 meses. Esto sobrepasa todo nuestro sufrimiento", dijo un líder de la comunidad.

Recordó que en los últimos ocho años el desfile de muertos no ha parado ese caserío: son 140 homicidios en ese lapso y una cifra imprecisa de desaparecidos y desterrados.

"Lo más grave es que eran niños y niñas, hombres y mujeres asesinados a garrote y descuartizados. A un grupo de cinco lo metieron en una fosa (...) Llamaría a esto la operación Herodes...", anotó Cuartas.