Caracas, 27 Feb. ABN (Betty Colina).- Este domingo la organización Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) realizó una misa en la iglesia de San Francisco, en ocasión de haberse cumplido 16 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo salió a calles a protestar las fuertes medidas neoliberales impuestas por Carlos Andrés Pérez, quien ordenó reprimir a tiros a las masas, dejando una cifra de muertos que aún se desconoce.

Al templo acudió Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic (protegida por varios guardaespaldas). Antes, por su lado, había llegado Hilda Páez, presidente de Cofavic y madre de un joven asesinado en el barrio Maca de Petare en el 89.

Tanto Ortega como Páez coincidieron en reconocer que el Estado venezolano (en este gobierno de Hugo Chávez) había respondido con la indemnización económica a los familiares de las víctimas, tal como había dictaminado la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que en 1995 realizó el fallo.

Sin embargo, ambas reclamaron justicia, pues a 16 años del hecho el país todavía no conoce los nombres de los responsables de la masacre.

Cofavic se constituyó, precisamente, posterior al llamado Caracazo para ayudar a los familiares de los muertos ocasionados por decisión del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, de quien la semana pasada el Ministerio Público solicitó captura por su presunta responsabilidad en los hechos.

Desde su fundación, Cofavic se erigió como la principal organización asesora de los deudos. Con el transcurrir de los años ha desarrollado un crecimiento, que se ha acelerado por el aporte que recibe de varios países.

De hecho, todos los trabajadores de Cofavic reciben su salario en dólares, información que indirectamente Ortega confirmó: "No creo que en Venezuela se hayan suspendido las garantías democráticas que significan el derecho a la intimidad, pero déjeme decirle que no hay ningún dinero que pueda pagar el trabajo que ha hecho gente que ha tenido su seguridad amenazada. Los profesionales normales cobran su dinero de manera normal, fehaciente, declaran sus impuestos y están al escrutinio público. Y las autoridades están para que investiguen". Es decir, según la directora ejecutiva de Cofavic, es constitucional que los trabajadores del país devenguen sus salarios en divisas.

Sobre la cooperación económica que asegura la existencia de la organización, también fue consultada la presidenta Hilda Páez, quien no descartó la posibilidad de que Cofavic haya recibido algún tipo de financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, pese a que la directora ejecutiva de la institución sin fines de lucro, Liliana Ortega, lo negó enfáticamente al ser sometida a la pregunta al momento de asistir a la misa.

En página web, Cofavic informa de todos los países que subsidian su funcionamiento, Páez dijo que dirige una organización que no recibe financiamiento de ningún ente estatal, sino internacional, entre los que destacan los ministerios de Relaciones Exteriores de Alemania, Canadá, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Fundación Misereor (Alemania), y el resto de los países que integran la Comunidad Europea.

Aunque no lo aseguró, o por lo menos dijo no recordarlo, Páez dejó entrever que por algún trabajo puntual es posible que la institución haya recibido financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos. No obstante, en el portal en internet del organismo no lo especifican, como sí lo hacen con otros gobiernos.

Ortega, más segura, precisó que para el tema de seguimiento de casos "no hemos recibido financiamiento sino exclusivamente europeo y canadiense". Y no quiso precisar más detalles al respecto.

Reconoció que el Estado ha cumplido cabalmente con el proceso de indemnizaciones y reconoció el esfuerzo realizado por el Ministerio de Finanzas para dar cumplimiento estricto de acuerdo a los estándares internacionales en esta materia. En total fueron 172 beneficiados, entre menores y personas adultas, y se crearon los fideicomisos, pero, subrayó, no es suficiente.

Al ser interrogada sobre el monto total, dijo no recordarlo, pero aseguró que es considerable e importante. Instó a no utilizar el tema del pago de indemnizaciones como excusa para no cumplir el tema de la justicia, "por eso abogamos, porque el Estado venezolano le dé pleno acatamiento a la sentencia"

Especificó que todavía hay 68 restos no identificados en “la peste” (fosa comunes utilizada en el año 1989) y que fueron exhumados en el año 90, además de 18 personas reunidas en la sentencia del Caracazo. Se suman tres personas que aún están desaparecidos y sus familiares no saben a ciencia cierta cuál fue el paradero de estas personas.