Caracas, 20 Feb. ABN (Angélica Antía Azuaje).- El presidente de la
Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León
Parilli, señaló que la acción del Ministerio Público de prohibir la
salida del país a 16 banqueros no es una medida política ni de
persecución.

A su juicio, la prohibición se circunscribe a una medida común que
contempla la ley “y así lo solicitó el fiscal bancario nacional en
materia de Salvaguarda, José Benigno Rojas, tal como lo pudo haber hecho
en cualquier proceso normal y corriente”, aunque considera que el
Ministerio Público “se demoró mucho tiempo (más de tres años) en actuar
e imputar".

En efecto, recordó que tales acciones se derivaron de la sentencia
emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 24 de
enero de 2002, en la cual se declaró inconstitucional la modalidad de
créditos indexados al salario.

En ese momento, la máxima instancia judicial ordenó remitir el
expediente al Ministerio Público para determinar si los hechos
revistieron o se ajustaban al tipificado para el delito de usura.

De allí en adelante, distintos deudores hipotecarios y asociaciones que
los agruparon, entre ellas Anauco, por intermedio de la Asociación
Nacional de Deudores Hipotecarios (Andhi), presentaron querellas
particulares, las cuales, agrupadas, sumaron 34 en total.

En el caso de Anauco, recordó que reclamaron que los créditos otorgados,
fuera de Política Habitacional, no tenían marco regulatorio o legal que
soportasen dicho otorgamiento.

De allí que el resultado, a su entender, “producía ganancias
desproporcionadas a favor del acreedor”.

Otro punto reclamado por representantes de Anauco tuvo que ver con 124
casos declarados y otorgados por una institución financiera bajo el
régimen de Área de Asistencia III de política habitacional con recursos
propios del banco y a tasa libre de mercado, a personas que reunían los
requisitos para créditos de asistencia II, es decir, con tasa
preferencial y recursos del Fondo Mutual Habitacional.

En definitiva, el proceso penal está abierto desde aquel
entonces y el fiscal del Ministerio Público consideró necesario dictar
medida de prohibición del país, las cuales acordó el juez 44 Penal.

Por su parte, el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, Trino Alcides Díaz, señaló que está decisión está en manos
de la justicia, “por lo que el organismo regulador no puede entrometerse
en este problema”.

No obstante, Díaz recalcó que tienen en constante vigilancia,
observación y supervisión al sistema bancario nacional “para que no
incurran en situaciones irregulares, tal como sucedió en el pasado con
los créditos indexados”.

Como se sabe, un tribunal de Caracas prohibió salir de Venezuela a 16
representantes de instituciones bancarias públicas y privadas, sobre
quienes pesan imputaciones por supuesta usura y que se teme intentarían
fugarse del país.