(Caracas, 21 de abril de 2016) El Ministerio Público imputó a 6 mil 350 personas, además se presentaron 3 mil 014 acusaciones en materia de Protección Integral de la Familia durante el primer trimestre de 2016.

Así lo dio a conocer la directora de Protección Integral de la Familia de la institución, Luz Marysol Florez, a través del programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido este jueves 21 de abril por Radio Nacional de Venezuela.

Florez subrayó que en ese mismo período resultaron condenadas y/o sancionadas 1 mil 508 personas por estar incursas en delitos tipificados en la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dijo que la dependencia que dirige cuenta con 149 fiscalías a escala nacional, las cuales están plenamente dispuestas y capacitadas para ofrecer una respuesta oportuna a cada caso.

Asimismo, indicó que manejan tres áreas de competencia: Penal Ordinario (cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas); Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes; y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

La directora puntualizó que en la primera área se registró un ingreso de 11 mil 777 causas, de las cuales fueron resueltas 10 mil 433; mientras que en la tercera se contabilizaron 12 mil 867 asuntos y un egreso de 12 mil 961 causas, en ese mismo lapso.

En otro tema, Florez aprovechó la oportunidad para destacar lo necesario de la conciliación, en aras de coadyuvar con el descongestionamiento del sistema penal venezolano, pues al solventar los conflictos familiares que presenten los solicitantes se evita la judicialización del caso y, a su vez, se impulsa la sana convivencia en el entorno de los niños y adolescentes. En el primer trimestre del año se lograron 5 mil 414 conciliaciones.

Manutención como deber primordial

Por su parte, el subdirector de Protección Integral de la Familia del Ministerio Público, Pedro Meléndez, detalló que la obligación de la manutención es una institución familiar que debe garantizar un nivel adecuado de vida para el niño, cuya responsabilidad recae sobre el padre o la madre que no conviva con este.

Explicó a través del referido espacio radial, que existen formas de hacer efectivo este derecho como es el caso de la conciliación, sin embargo, si no se obtiene por esa vía se procede a dar parte a los tribunales de protección de menores con una demanda emanada por parte del Ministerio Público.

“Todo niño, niña y adolescente tienen derecho al vestido, la recreación, la educación y todo lo demás que se requiera para su óptimo desarrollo” añadió.

Educar a los niños para formar ciudadanos sanos

Respecto a la labor preventiva en la referida materia, Florez manifestó que estas acciones son necesarias y de carácter formativo, por lo que la dependencia que dirige cuenta con un área social que se encarga de articular esfuerzos con otros organismos del Estado para brindar talleres, conversatorios, charlas y jornadas de difusión enmarcadas en la ley que rige esta materia.

Detalló que se efectuaron 38 actividades sobre el tema de la violencia escolar, a través de las cuales se ofrecieron herramientas a los asistentes para que sepan cuando se está frente a situaciones de agresiones físicas (destrucción de pertenencias, empujones, golpes), psicológicas (conductas encaminadas a atacar la autoestima de los demás), así como la intimidación cibernética (usos de las redes sociales para ejercer un daño moral en la persona).

Florez hizo un llamado a quienes hacen vida en los centros educativos para que estén concientes de cuáles son las conductas y sus repercusiones en la estabilidad emocional de otros, así como a que aprendan a detectar en los estudiantes comportamientos errados para corregirlas a tiempo y así evitar la comisión de algún hecho punible.

Destacó que es importante promover el respeto, la tolerancia y la solidaridad en el ámbito escolar, al tiempo que agregó que la citada ley establece que la educación y la crianza deben basarse en amor, afecto, comprensión mutua, buen trato y respeto.

Bajo esta premisa destacó que las instituciones del Estado deben impulsar políticas orientadas al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.