26-11-15.-Primero suenan cuatro tiros, seguidos del silencio abrumador que indica que algo ha pasado. A los pocos minutos al eco de los disparos le siguen gritos, ruidos, en medio de la noche. En La Candelaria, zona nor-oeste de Caracas, un intento de atraco pasó a convertirse en un linchamiento frustrado. Son las 8:00 de la noche.

Enseguida corre el testimonio por las redes sociales. Para quienes solo escuchan la algarabía les queda la confirmación del suceso al ver la foto de una moto prendida en llamas. Los “comunicadores”, testigos y protagonistas del violento hecho, refieren que uno de los delincuentes fue capturado por los vecinos. El segundo logró escapar.

El “detenido” es rescatado  —pocos minutos después— por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en lamentables condiciones, pero con vida. En ese instante, cesan los gritos e impera, nuevamente, el silencio. El hombre, supuesto ladrón, es trasladado a un centro asistencial cercano.

 Meses antes se vivió una situación similar en la misma zona, pero a plena luz del día. Los supuestos delincuentes fueron rescatados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, acción que fue repudiada por los vecinos con gritos de: “déjennoslo, ustedes no hacen nada”, “¿por qué no llegan cuando nos están atracando o matando?”.

Situaciones similares se han vivido en —al menos— 11 estados del país, siendo Miranda y Caracas  las entidades donde se registraron la mayor cantidad de  sucesos conocidos de esta naturaleza, seguidas por Carabobo y  Zulia, de acuerdo con un balance realizado con los sucesos publicados en los medios de comunicación y en las redes sociales  hasta la presente fecha.

El estudio arrojó 38 hechos de violencia. De ellos 21 han terminado en desenlaces fatales, para un total de 26 víctimas mortales, equivalente a 55,26%. Entre estos hechos destaca un triple homicidio ocurrido en las playas de Chirimena en noviembre. Los bañistas desarmaron a los supuestos delincuentes y tomaron la justicia por cuenta propia. 

En el 44,73% de los casos restante las víctimas han contado con la suerte de la llegada “oportuna” de las autoridades, quienes han logrado tomar el control de la situación y realizado el traslado del herido a un centro asistencial. 

Ante la situación planteada en la actualidad, expertos en el área de seguridad dan fe de que los linchamientos no son nuevos en el país, de hecho en la década del 90 se conoció del primer caso. Lo que alarma a los especialistas no es solo la ocurrencia de estos sucesos, sino el cambio dado en la victimología del linchado.

“En los años 90 y a comienzos del siglo los linchamientos usualmente se daban en casos de violación, ajustes de cuentas, casos de delitos muy graves. Ahora se ve en los intentos de robos y arrebatones. Las personas afectadas son los malandritos”, señala el criminólogo y profesor universitario Keymer Ávila, quien se niega a hablar de aumento en los índices de este delito, “ya que no hay, ni ha habido nunca”, cifras oficiales que permitan hacer comparativos, por lo que considera irresponsable hacer mención a supuestos incrementos de estos casos.

 Esta apreciación es compartida por Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ong’s Provea, quien afirma que las nuevas víctimas en su mayoría son delincuentes que están cometiendo delitos menores; por ello, la población siente que se puede defender. 

“No es el delincuente que forma parte de una banda, no cuenta con las armas más sofisticadas, no es el que integra la industria del delito”, sentencia. El investigador asegura que es común que en épocas de crisis económicas aumente la ocurrencia de delitos menores.

En este sentido, un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, presentado en el mes de octubre, señala que en el país se ha observado un incremento del hurto y el robo cometidos por delincuentes no profesionales. 

“Amparados en la impunidad, en la desesperanza de la población que no denuncia a las autoridades los delitos de los cuales ha sido víctima y en la falta de respuesta de las policías, se ha generalizado en una parte de la población un comportamiento delictivo amateur como modo de vida, como un medio aceptado del ‘rebusque’ para completar los ingresos o adquirir un bien de consumo deseado”, se lee en el documento. 

De acuerdo con el balance realizado, en la gran mayoría de los casos registrados las personas que sufrieron la reacción de la poblada fueron acusadas de cometer robos a la comunidad, algunas señaladas de ser azotes del sector. 

En el 81,57% las víctimas fueron capturadas in fraganti cometiendo delitos menores. Solo en siete casos los supuestos delincuentes fueron vinculados con delitos graves: cinco acusados de cometer abuso sexual, uno relacionado con un supuesto homicidio y otro con el intento de rapto de una niña.

 Los linchamientos evidencian, según los expertos y los testimonios de personas involucradas en estas acciones, el cansancio de la comunidad ante la delincuencia desbordada y ante la inacción del Estado. Por ello, hasta que no se consolide un sistema de justicia firme y acorde con la situación país se propicia un caldo de cultivo para la ocurrencia de estos hechos de violencia, que ponen en peligro a cualquier persona de la propia comunidad, como señala  Ávila: “Estamos en peligro todos, la inseguridad de todos aumentó, la víctima puede ser cualquiera, lo que funciona es una lógica inquisitorial”.

El experto asegura que los linchamientos responden a un hecho “eminentemente emocional”. Para Ávila no es cuestión de decir que las personas son buenas o malas o que se han envilecido.  Por ello, remarca la necesidad de que el Estado tenga una intervención oportuna, proporcional y marcada en la legalidad y que el sistema de justicia se fortalezca, deuda que alcanza ya varias décadas, a su parecer.

“Hay cuestiones que no pueden ser delegadas. La seguridad y la implementación de justicia son exclusivas del Estado. Los vecinos no pueden convertirse en policías. El rol de ellos es hacer contraloría, exigir presencia policial, que se cumpla el servicio, mas no que lo que ejerzan personalmente. Si quieren ser policías que se metan en las academias. Así nació el paramilitarismo, algunos grupos en Colombia, en el 23 de enero. Es un tema muy delicado, se sigue contribuyendo a la fragmentación del Estado”, afirma el profesor universitario.
 
Por su parte, Rodríguez destaca: “Un 92% de impunidad da cuenta de que el sistema de administración de justicia sigue siendo ineficiente. Ante la ausencia de respuesta institucional y la situación de agobio, las políticas de mano dura encuentran eco, como ocurrió a comienzos del 2000, con el famoso Plan Bratton de Alfredo Peña. La consigna fue ‘plomo al hampa’ y en situaciones de tanta fragilidad democrática la mano dura, la política fuerte de shock, encuentran apoyo. Por eso vemos que en tres meses de implementación del OLP 125 personas han sido ejecutadas”, afirma el coordinador de Provea.
 
Mientras tanto, los expertos aspiran que Venezuela no se convierta en el Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, y pierda la cordura ante la injusticia.