Barinas, mayo 2015.- El Comité de Contraloria Social al Sistema de Justicia Judicial RIF:J- 405211393, solicita a los ciudadanos, Tarek William Saab, Luisa Ortega Díaz, Gladys María Gutiérrez Alvarado y demás magistrados y magistradas de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, garantizar las atribuciones que les asigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 28 (Defensoría del Pueblo), 285 (Ministerio Público) y 335 (Tribunal Supremo de Justicia) para que se respeten los derechos y las prerrogativas que según el derecho internacional le protegen la dignidad a los ciudadanos en el estado Barinas, que vienen siendo sistemáticamente vulnerados por el sistema de justicia en esta entidad.
Ejemplo flagrante son los casos de Carlos Ramón Paredes Garrido expediente EP01-P-2013-018483, Yilbert José Gómez Jiménez expediente EP01-P-2014-019048 y colectivo y difuso expediente EP01-0-2015-000008 los cuales, según el criterio de este Comité, “están viciados con motivaciones impertinentes, contradictorias, totalmente vagas o inocuas, las cuales dan con error, retardo u omisiones injustificadas, inobservancia sustancial de las normas procesales, denegación de justicia y delitos de cohecho y prevaricación y que mantienen en una situación irritante al Comité de Contraloría Social, ya que no hay quien asuma la responsabilidad de los hechos.”
Es por ellos que con fundamento en el artículo 334 de la CRBV solicitan que intervengan y solucionen.
Denuncia el Comité de Contraloría Social que con más de 19 meses de Carlos Paredes y 06 meses de Yilbert Gómez privados de libertad preventivamente, es evidente la violación a los DDHH en el sistema de justicia del estado Barinas, esto en virtud de callar las denuncias de corrupción hechas por los citados ciudadanos.
Para el Comité de Contraloría Social es aberrante la flagrante violación a los derechos humanos en contra de los líderes sociales Carlos Ramón Paredes Garrido quien después que lo inscribieron como candidato a la alcaldía de Barinas por el partido MOPIVENE y PRT, lo criminalizaron mediante un fraude procesal, acusándolo de estafador por el trabajo social que venía desarrollando el cual es público, notorio y comunicacional, y está disponible en las redes de internet, que demuestran la verdad de todo este asunto que cursa en el tribunal tercero de juicio según expediente EP01-P-2013-018483 y el señor Yilbert Gómez siendo el segundo vocero en las organizaciones sociales de las diferentes luchas en beneficio del pueblo Barinés, quien asumió la defensa de Carlos Paredes a través de la contraloría social, denuncia a fiscales, jueces y abogados en todas las instancias, pero que es el más descarado acto llevado a cabo por unos abogados que simularon un hecho punible y aunque el mismo Ministerio Público da prueba de esta irritante y falsa acusación y habiendo sido entregado al CICPC, por el propio tribunal que lleva el juicio de Paredes el 10 de noviembre del 2014 en una continuación de audiencia, al día de hoy tiene más de 06 meses esperando que la jueza Vanessa Parada le haga la audiencia preliminar.
Por último el Comité considera que es triste ver cómo está lesionado el patrimonio moral de todo el gremio de abogados al permitir lo que viene sucediendo en el sistema de justicia del estado Barinas por el comportamiento pasivo, indiferente y complaciente de todos los intervinientes en dicho sistema.
Afirma el órgano de contraloría social que seguirán en oraciones a Dios y presentando quejas y denuncias ante instancias internacionales, ya que ni con amparo constitucional, han podido lograr el respeto de los DDHH en este caso.