04-05-15.-Este lunes se cumplen 53 años de la masacre del Liceo José Miguel Sanz en Maturín, capital del estado Monagas, al oriente del país, donde Alberto Millán, de 18 años y José Guerra de 19 años, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado, en una época en que los movimientos sociales y estudiantiles eran perseguidos y desaparecidos por los gobiernos de la IV República.
“Los muchachos solo eran estudiantes, que solo se dedicaban a estudiar. Eran niños llenos de sueños. AD y Copei estuvieron juntos en esa masacre” expresó César Millán, hermano de Alberto Millán, en una entrevista ofrecida en 2013 al canal Venezolana de Televisión.
El 4 de mayo de 1962, agentes de agentes de la Dirección General de Policía (Digepol, cuerpo que antecedió a la Disip), y grupos de choque del bipartidismo (AD y Copei) entraron al liceo armados y arremetieron contra estos jóvenes pertenecientes al movimiento estudiantil. Además de la muerte de Millán y Guerra, hubo 17 heridos.
Los grupos armados, tras asesinar a estos jóvenes, tenían en otra salón de la institución a un total de 17 jóvenes más, los cuales-contó Millán- iban a ser fusilados de no ser por la intervención a tiempo del teniente Héctor Carvajal Sequera, hoy coronel retirado.
Soraima Pelayo Zamora, fue una de las jóvenes que estuvo a punto de ser fusilada en esa masacre. “Nos iban a fusilar, me iban a fusilar a los 14 años, faltó poco, pero un teniente de la Guardia Nacional y su grupo se metió y dijo que esa vaina no la podían hacer”, dijo.
Esta masacre fue silenciada por los medios de comunicación y no se logró hacer justicia, incluso el juicio realizado a los responsables fue manipulado para no castigar a los culpables, denunció César Millán.
“Hubo un juicio que tenía todo preparado, argumentaron que fue una bala perdida que le entró (a Alberto Millán) y que la misma bala mató a Rafael Guerra, todo fue preparado para que no se acusara a nadie de homicidio”, explicó.
El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó reabrir y tramitar la causa penal sobre los homicidios de los estudiantes Millán y Guerra.
El TSJ indicó que es imprescindible la reapertura del expediente, puesto que ambos homicidios “constituyeron violaciones graves a los derechos humanos, en los términos de los artículos 29 y 271 de la Constitución”.
