10-03-15.-La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se refirió este martes a las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos y aseguró que desde Estados Unidos “pretenden impedir que nuestros fiscales cumplan con sus funciones” en alusión a la fiscal Katherine Harrington, señalada por el gobierno del presidente Barack Obama de violar derechos humanos.

Harrington es la única civil en la lista de siete funcionarios sancionados por el Gobierno de Obama por su presunta vinculación con violación de derechos humanos y corrupción.

“La geopolítica energética de Estados Unidos no conoce límites en la violación de Derechos Humanos, en la soberanía política y la autodeterminación de los pueblos”, afirmó.

“Sus planes (Estados Unidos) colonialistas para apoderarse de los recursos naturales de los pueblos los ejecutan sobre el sufrimiento, la muerte y la destrucción de naciones enteras, con argumentos falaces y mentiras. Hoy el objetivo es Venezuela. La mayor reserva petrolera del mundo está en Venezuela (...) Nada ni nadie intimidará al Ministerio Público”.

Durante la presentación de la memoria y cuenta correspondiente al ejercicio 2014 ante la Asamblea Nacional, se refirió a la actuación de los fiscales durante los hechos que causaron 43 muertos, incluyendo un fiscal del Ministerio Público.

“Fueron acciones delictivas ejecutadas con el propósito de desestabilizar al país, de atentar contra la paz del país (...) nuestros funcionarios han sido impedimento para quienes han tratado de quebrantar la paz social (...) estas acciones que iniciaron el 12 de febrero de 2014 trajeron como consecuencia la muerte de 43 personas venezolanas, un sinnúmero de heridos y daños materiales a instituciones públicas y privadas”.

“Hubo que desplegar a los fiscales a nivel nacional para iniciar las investigaciones, atender a las víctimas y en el complimiento de su deber perdió la vida Julio González, lo recordamos hoy, un fiscal valiente, trabajador, abnegado, heroico, como son todos los fiscales del Ministerio Público, como lo es Katherine Harrington. Katherine, mujer valiente, a quien le expreso todo el apoyo, no solamente el apoyo de la fiscal general, si no toda la institución del Ministerio Público y estoy segura que todo el pueblo venezolano está contigo”.
“Pretenden impedir que nuestros fiscales cumplan con sus funciones, quieren impedir que Katherine trabaje (...) Los poderosos del norte no quieren que Katherine trabaje”.

“Los organizadores de estas manifestaciones de estas guarimbas, los factores políticos que cometieron delitos pretenden no ser juzgados por ellos, y lo que hacen es atacar irracionalmente cualquier acción del Estado, sea del Ministerio Público o de cualquier organismo del Estado para establecer las responsabilidades penales en las que pudieron haber incurrido, es decir que si actuamos en el ejercicio de la acción penal vamos a ser cuestionados, bueno ya estamos siendo cuestionados a nivel internacional, nuestra fiscal que hay que protegerla, tenemos que estar pendiente de Katherine Harrington, de su familia y sobretodo brindarle solidaridad”, expresó tras recalcar que el Ministerio Público presentó por estas acciones ante tribunales de control a 3.351 personas.

Fueron 30 los funcionarios acusados por excesos policiales durante los hechos violentos escenificados en 2014, explicó la fiscal durante su exposición.

“Como garante de la protección de los derechos humanos en todos aquellos hechos donde hubo exceso policial hubo contundencia, en el marco de estos hechos se acusó a 30 funcionarios. Por ejemplo por la muerte de Bassil Da Costa (ocurrida el 12 de febrero de 2014) se acusó a ocho funcionarios, un comisario del Sebin por homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, este se encuentra privado de libertad. Y se acusaron a siete funcionarios más por ese caso”, detalló.

Sobre el asesinato de Geraldine Moreno, en Valencia, indicó que se acusó a cuatro funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana “por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, dos de ellos se encuentran privados de libertad (...) Por la muerte de Asdrúbal Rodríguez Araguayán se acusó a dos funcionarios de la Policía de Chacao por los mismos delitos, se encuentran privados de libertad, esto por mencionar algunos”.

Figuran en la lista de funcionarios que no podrán ingresar a Estados Unidos el mayor general Gustavo Enrique González López (director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional,Sebin); el mayor general Antonio Benavides Torres (Jefe del Comando Regional número 5 de la GNB); el mayor general Justo Noguera Pietri (excomandante de la GNB) , el mayor general Miguel Vivas Landino (Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana), el general Manuel Gregorio Bernal Martínez (Exdirector del Sebin, jefe de la 31 Brigada Blindada de Caracas), el general Manuel Eduardo Pérez Urdaneta (Comandante de la Policía Nacional Bolivariana) y la Fiscal Katherine Harrington del Ministerio Público, quien lleva el caso del alcalde Antonio Ledezma y a María Corina.