La rebelión contra 'El paquetazo'

El 27F fue la respuesta del pueblo venezolano a las falsas promesas del neoliberalismo

Caracas, febrero 27 - La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 constituyó la respuesta de un pueblo golpeado por la profunda crisis generada por la aplicación de políticas neoliberales en el país durante la década de 1980 y que se agudizaron en el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez (CAP).

A principios de 1989, la pobreza en la cual vivían cinco de cada diez hogares venezolanos se recrudeció por los recortes aplicados por Pérez en los recursos destinados a atender las necesidades del pueblo. Así, la cifra de "gasto" social, como era concebido en la IV República, bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989. El presupuesto para educación se redujo de 12.005 millones de bolívares en 1988 a 10.635 millones en 1989. Los recursos para la salud descendieron de 5.599 millones de bolívares en 1988 a 4.311 millones en 1989.

"El esquema de crecimiento económico impulsado por el Estado petrolero se agotó y el gasto social se vio afectado no sólo en cantidad sino también en calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la inversión social", señalan los investigadores José Ignacio Silva y Reinier Schliesser en el libro La evolución de la pobreza en Venezuela, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 1998.

A esto se sumó un alza en la inflación de 35,5% de 1988 hasta 81% de 1989, mientras que la estructura económica reflejaba que sólo 5% del empresariado concentraba el 70% de la producción.

"Subió el precio del azúcar, cereales y oleaginosas"; "Liberadas las tasas de interés"; "Aumento de tarifas de libres y por puesto", "Aumento de la gasolina"; ocupaban las primeras páginas de los principales diarios de circulación de la época y describían la paupérrima condición del país.

De las falsas promesas al paquetazo

Pérez en su campaña electoral prometió regresar al estado de bonanza económica que caracterizó su primera administración (1974-1979), conocida como la "Venezuela Saudita" por el flujo de dólares provenientes de la nacionalización de la industria petrolera y del hierro.

Aunque Pérez había asegurado al país que "no pueden haber ajustes en lo económico cuyos efectos sólo se sientan en los grupos de menores ingresos" y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no impondría condiciones a Venezuela, el 16 de febrero de 1989 anunció un paquete de medidas neoliberales que empobrecieron aún más al pueblo.

El principal objetivo del plan era lograr la "ayuda" financiera del FMI. Para ello, el país debía someterse a la constante supervisión de ese organismo, con el fin de obtener 4.500 millones de dólares durante un lapso de tres años.

El programa de ajustes, conocido como "El paquetazo", estipulaba entre otras medidas el alza de tarifas de bienes y servicios, liberación de precios de los alimentos -con excepción de 18 renglones de la cesta básica-, supresión de subsidios y la negativa a un incremento general de salarios.

CAP liberó la tasa de cambio del bolívar, para que "dejara de ser un gran mecanismo de subsidio que había permitido, hasta ese momento, que el pueblo venezolano viviera como no podía, es decir, muy por encima de sus posibilidades", y anunció la racionalización y eliminación progresiva de aranceles a la importación, y la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, con lo cual muchas familias perdieron sus casas que aún terminaban de pagar a crédito.

"En coordinación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca internacional, se planteó una estrategia económica dirigida a recuperar equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que pudiera intentarse de nuevo avanzar en el proceso de transición de un modelo económico y político rentístico-petrolero (populista clientelar) a otro de carácter tecnocrático-privatista", refiere el texto 27- F para siempre en la memoria de nuestro pueblo, editado por la Defensoría del Pueblo.

El estallido

El paquetazo incluyó el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que registró un alza promedio de 94%, y un incremento de 30% en las tarifas del transporte urbano.

Los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos 70%, y la Cámara del Transporte convocó un paro para el lunes 27 de febrero como medida de presión. Ese día intentaron imponer sus tarifas. El resultado fue un estallido popular que en principio fue contra las unidades de transporte y luego se extendió, como reacción también ante una ola de acaparamiento y especulación en los principales rubros alimenticios.

Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el área metropolitana de Caracas y La Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida. Al final hubo revueltas populares en casi todos los estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas.

"El FMI encendió las calles de Caracas"; "Violencia en todo el país" y "Arde el país, alza del pasaje prendió la mecha", eran los principales titulares de la prensa que reseñaba el estallido social, que constituyó la reacción de un pueblo defraudado, abandonado por el Estado y condenado a la pobreza y la exclusión.

Camino a la revolución

La revuelta popular de 1989 evidenció con crudeza la necesidad de un nuevo modelo de país, con justicia e inclusión social. La construcción de ese país comenzó 10 años después, con la llegada a la presidencia del comandante Hugo Chávez y el desarrollo de una profunda revolución política, económica y social.

La inversión social entre 1999 y 2014 supera los 620 mil millones de dólares, y el Estado ha destinado el 60% de sus ingresos a impulsar programas y misiones que permitan atender y satisfacer las necesidades de la población.

En los primeros 15 años de Revolución Bolivariana, la pobreza en el país se redujo de 49% a 19%, mientras que la pobreza extrema bajó de 21% a 5,5%.

Venezuela pasó de un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de nivel medio a un IDH alto, que la ubica como uno de los países con menor desigualdad de América Latina.

Este modelo de país ha sido posible con la protección del salario, la garantía de seguridad alimentaria y la educación gratuita. Además de programas como la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha entregado más de 640.000 viviendas en los últimos tres años.

La inversión social ha sido prioridad del proceso revolucionario, frente a las dificultades económicas y las continuas maniobras desestabilizadoras perpetradas por la derecha para derrocar al Gobierno bolivariano y restaurar el neoliberalismo.

El pasado 11 de febrero el presidente Nicolás Maduro denunció un nuevo intento de golpe de Estado, que planteaba la aplicación de medidas de carácter neoliberal, expresadas de manera eufemística en un documento titulado "Acuerdo Nacional para la Transición", firmado por varios actores de la derecha.

Entre estas acciones, que recuerdan el paquetazo de 1989, figuran: privatización de las empresas públicas, retorno de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones bajo la condición de ejecutar políticas neoliberales, que incluyen despido masivo de empleados públicos y la reducción de programas sociales.


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