Sábado, 13 de diciembre de 2014.- Dirigentes populares barineses denunció ante el Ministerio Público, en Caracas, casos de sicariato, detenciones arbitrarias, persecución y amenazas que vienen sucediendo en el estado Barinas. Aldemaro Sanoja y Jean Carlos Rangél (hijo del dirigente sindical asesinado Tomás Rangél) presentaron previamente la denuncia en rueda de prensa de Marea Socialista y luego se desplazaron a la Fiscalía. Ambos son miembros del Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia del estado Barinas. Llegaron a Caracas desde Barinas a denunciar hechos de sicariato, la represión, persecución política y la criminalización de las luchas del movimiento popular revolucionario.
Uno de los casos más recientes es el de Omni Cuevas, miliciano campesino y dirigente comunal asesinado en las cercanías de su lugar de residencia, sucedido el 25 de octubre de 2014. Según los denunciantes, no se observan signos en el sistema judicial de Barinas que indiquen que hay disposición de hacer justicia y detener estos crímenes; muy por el contrario, los perseguidos parecen ser las personas vinculadas con Omni Cuevas, también integrante del Consejo de Contraloría Social del Sistema Judicial del Estado Barinas y de la comunidad de El Real, Municipio Obispos. Integrantes de esta organización, de sindicatos solidarios y de medios de comunicación popular que apoyan su lucha, están siendo detenidos o amenazados por organismos policiales entre los que se menciona al CICPC.
Cuevas fue interceptado por sicarios y asesinado a balazos. Sus familiares han sido objeto de amenazas y han tenido que desplazarse lejos de sus hogares para evitar correr la misma suerte en un estado donde dicen que campea a sus anchas el paramilitarismo, conectado con ganaderos y terrófagos que tendrían puntos de apoyo funcionarios del aparato estatal.
Con anterioridad a Omni Cuevas, el dirigente obrero Tomás Rangél (padre de Jean Carlos Rangél) fue asesinado en 2010, pero este hecho en el que se presume involucramiento de empresarios privados favorecidos por instancias locales del Ministerio del Trabajo, ha quedado en la impunidad, hasta el momento. Factores políticos e institucionales parecen ignorar o muestran insensibilidad a este tipo de situaciones, de acuerdo con las declaraciones proporcionadas por la gente de Barinas, invitada a la rueda de prensa de Marea Socialista para favorecer la visibilización de la problemática del movimiento popular del estado llanero.
Otro caso más que denunciaron fue el del dirigente popular Carlos Paredes que luego de una lucha por tierras urbanas y vivienda fue encarcelado por lo que se considera como un "falso positivo" y lleva 14 meses en prisión con un proceso judicial que consideran amañado, con audiencias suspendidas y postergadas, renuncias y destituciones de jueces o fiscales que alargan cada vez más el tiempo que lleva Paredes encarcelado sin que termine el juicio y sin que se le hayan podido comprobar presuntos delitos que se le imputan. Sectores del movimiento popular de Barinas consideran esto como un juicio político, una retaliación y una manera de neutralizar políticamente a este dirigente que se reivindica chavista y del proceso revolucionario. Hay otro preso más reciente del mismo grupo, Gilbert Gómez, que lleva dos meses preso por motivos que son considerados como forjados al servicio de la persecución política.
Sanoja y Rangél fueron acompañados solidariamente por miembros de la corriente chavista Marea Socialista (MS) y por el Frente Nacional Bolivariano Chávez Vive (adherente de MS), y todos se dirigieron a la sede del Ministerio Público y al Despacho de la Fiscal General de la República, a entregar un escrito y una carpeta de documentos, donde se detallan denuncias, presentadas previamente en rueda de prensa con Marea, acerca de lo que está ocurriendo en el estado Barinas. Estos dirigentes populares del Estado Barinas, solicitaron protección frente a las amenazas y al hostigamiento de que vienen siendo objeto varias personas. Luego de su visita a la Fiscalía se dirigieron a las oficinas del Comisionado Presidencial para la Reforma Policial, Freddy Bernal, para consignarle también las denuncias y muy especialmente las relacionadas con cuerpos policiales.