MP acusó a seis funcionarios del Cicpc por extorsión

Credito: Archivo

28-03-14.-El Ministerio Público acusó a tres inspectores e igual número de detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes fueron aprehendidos el 03 de febrero de este año, tras presuntamente extorsionar a un comerciante que habían trasladado desde el estado Miranda a Caracas.

El fiscal 46º nacional auxiliar, Alexis Cova Escalante, acusó a los siguientes funcionarios del Cicpc: César Dublier Ramírez Silva (inspector jefe), Baywis Ignacio Rivas Márquez (inspector), Delvis Alirio Román Pacheco (inspector), Jeanyi de Los Ángeles Ocando (detective jefa), Nelson Adrián Valera (detective agregado) y Carlos Eduardo Suárez Martínez (detective).

Los funcionarios fueron acusados por los delitos de extorsión agravada en grado de coautores, asociación para delinquir, privación arbitraria de libertad y peculado de uso.

En el escrito presentado ante el Tribunal 7º de Control del área metropolitana de Caracas, el representante del Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de las seis personas.

Asimismo, se requirió que se mantenga la medida privativa de libertad contra los seis funcionarios, quienes permanecen recluidos en la sede de la Brigada de Acciones Especiales de ese organismo, ubicada en San Agustín, municipio Libertador del Distrito Capital.

El pasado 29 de enero, los seis funcionarios de la policía científica se trasladaron hacia la población de Mamporal en Río Chico, estado Miranda, con el pretexto de realizar un procedimiento.

En ese lugar acudieron a la residencia de un comerciante, al que le manifestaron que tenían conocimiento acerca de supuestos hechos ilícitos relacionados con materiales ferrosos. De inmediato, trasladaron al hombre a Caracas.

Ya en la ciudad capital, en la sede de la División Nacional de Hurtos del Cicpc, le habrían exigido al comerciante una alta suma de dinero a cambio de no involucrarlo en la comisión de un delito.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público y funcionarios de la Brigada de la Función Pública del organismo policial iniciaron la investigación del caso, razón por la que se solicitó una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el pasado 3 de febrero.

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