Bolívar: Ministerio Público logró pase a juicio para un chileno y cinco venezolanos por rapto de bebé

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Por este caso está imputada la exfiscal 8º auxiliar del segundo circuito de Bolívar

Caracas, 14 de noviembre de 2013) Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de un chileno y cinco venezolanos por su presunta vinculación con el rapto de una niña de siete meses, ocurrido el 30 de agosto en una zona industrial de la parroquia Unare, Puerto Ordaz, estado Bolívar.

En la audiencia preliminar, las fiscales 8º nacional y 10º del segundo circuito del estado Bolívar, Mery Gómez y Vivian Rojas, respectivamente, ratificaron la acusación contra el chileno Ricardo Landeros (48) y los venezolanos Jazmín Maurera (40) y Leomar Barrero (26), por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y asociación para delinquir.

Asimismo, se encuentran acusados los consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Caroní: Gustavo González y Humberto Guerra por la presunta comisión de los delitos de trata de personas, corrupción propia, forjamiento de documento público y asociación para delinquir; mientras que Deisy Pérez fue acusada por los mismos delitos con excepción de corrupción propia.

Pérez fue también acusada por retención de documento público.

Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales, el Tribunal 2º de Control de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz, ordenó el enjuiciamiento de las seis personas.

En el caso del chileno se encuentra recluido en el Internado Judicial de Vista Hermosa; mientras que Barrero fue recluido en el de Monagas, conocido como La Pica.

Por su parte, González y Guerra fueron enviados a la sede de la Policía Municipal de Caroní; y Pérez fue recluida en el Retén Policial de Agua Salada.

Maurera fue enviada al Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno.

Es importante mencionar que por este caso se encuentra imputada la exfiscal 8º auxiliar del segundo circuito del estado Bolívar, Yulima Fermín, quien fue detenida el 22 de octubre de 2013 por su presunta vinculación con el forjamiento de una medida de protección cuando se desempeñaba como Consejera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Caroní en el año 2010.

El caso data del pasado 30 de agosto, cuando Maurera y Barrero en complicidad con el chileno habrían participado en el rapto de una niña de siete meses, en una zona industrial ubicada en la parroquia Unare.

Maurera, quien dijo actuar en representación de una asociación sin fines de lucro, tenía dos meses en contacto con la madre de la bebé, pues le había prometido ayudarla con artículos de primera necesidad para la niña.

El mismo día, Maurera y Barrero buscaron, en un vehículo marca Ford, a la mujer de 26 años y a la bebé en el sector El Roble de Puerto Ordaz, lugar en el que le manifestó que debían tomarle una foto a la niña para obtener beneficios adicionales por parte de la asociación.

Al llegar a la zona industrial de Puerto Ordaz (parroquia Unare), Maurera le indicó a la madre de la niña que se bajara del carro con el fin de firmar un documento exigido por la asociación para guardarlo en sus archivos.

De esta manera, Maurera y Barrero aprovecharon para arrebatarle a la mujer la niña e inmediatamente huir del lugar.

Luego de formulada la denuncia del rapto, efectivos del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron un allanamiento en la casa de Maurera en Puerto Ordaz, donde se incautaron 68 carpetas, entre las que se localizaron medidas de protección alteradas, una de ellas firmada por la exfiscal Fermín y otros consejeros de protección, la cual avala el falso nacimiento de una niña en un asentamiento campesino del municipio Caroní. Esta solicitud la habría solicitado el chileno.

Por el rapto, Maurera, Barrero y Landeros fueron detenidos el 30 de agosto en la alcabala de La Viuda; mientras que los tres consejeros fueron aprehendidos en el mes de septiembre.

La investigación condujo a la aprehensión de la exfiscal Fermín el 22 de octubre en las adyacencias de la Clínica Puerto Ordaz, en atención a una orden solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 2º de Control de Puerto Ordaz.


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