Caracas, julio 15 - La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha asumido el compromiso de reabrir el expediente por la muerte del periodista, político y guerrillero venezolano Fabricio Ojeda, fallecido en 1966 presuntamente por suicidio, en función de determinar la verdadera causa de su muerte y a sus responsables.
"Hoy la ciencia forense cuenta con todos los recursos para determinar situaciones y ahí presumimos que no fue un suicidio sino un homicidio", indicó el magistrado Juan José Mendoza en relación a la muerte de Ojeda, producida en los calabozos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) el 21 de junio de 1966.
Señaló que, de acuerdo con las conclusiones arrojadas por las investigaciones que se han reiniciado, las características del peritaje no coinciden con lo documentado acerca de la muerte de Fabricio Ojeda.
Entrevistado por el periodista José Vicente Rangel en su programa dominical transmitido por Televen, Mendoza aseguró que el compromiso no sólo del TSJ sino de todos los poderes del Estado es revivir las memorias, reivindicarlas y producir sentencias para la investigación de casos de terrorismo político en Venezuela.
Señaló que, entre los tantos casos de torturas, desapariciones forzosas, fusilamientos, entre otros hechos ocurridos en los años 60, 70 y 80, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) perdió a más de 400 dirigentes de quienes nunca se supo su paradero, quienes además procedían de familias que en la época no tenían posibilidad para hacer denuncias y exigir justicia.
"Tenemos que investigar todos esos hechos, no sólo el de Fabricio Ojeda, sino todos. Se deben abrir investigaciones y si es posible determinar responsabilidades (...) Muchos de los responsables de todos esos hechos ya estarán muertos, pero otros están vivos, tenemos información acerca de eso", expresó el magistrado.
Mendoza resaltó que hoy día, cuando está vigente la Constitución de 1999, la justicia garantiza protección de los derechos del ser humano. "Vivimos en una Venezuela que ha dado un cambio en la importancia de sincronía entre sus poderes públicos, en función del beneficio de los ciudadanos y ciudadanas", puntualizó.