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La Unidad fue creada por Resolución de la Fiscal General, publicada en Gaceta Oficial N° 39.086, del 23 de diciembre de 2008, ante la necesidad de promover y ejecutar estrategias, políticas y acciones para darle celeridad a las investigaciones penales iniciadas por violación de los derechos humanos, y en las que se presuma la participación de funcionarios públicos.
Para la conformación de la referida instancia también se tomó en cuenta que el desarrollo de la investigación puede verse obstaculizado por la indebida interferencia del trasgresor y la ilegítima colaboración de otros funcionarios vinculados al proceso, cuando la conducta delictiva es ejecutada por un funcionario policial.
En ese sentido, la Unidad, adscrita a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP), practicará las diligencias necesarias y urgentes, dirigidas al resguardo del sitio del suceso y a la colección de los elementos vinculados con la investigación.
También llevará a cabo la totalidad de los peritajes que se requieran para el trámite de las diversas investigaciones que sean iniciadas.
Dicha dependencia, la cual funcionará en la sede operativa del Ministerio Público, ubicada en la esquina de Ánimas de la avenida Urdaneta en Caracas, contará con equipos tecnológicos para el análisis criminalístico-forense.
Entre esos instrumentos están un secuenciador automático de ADN, para la elaboración de perfiles genéticos de muestras biológicas; un microscopio de comparación balística, que permitirá el estudio y comparación de conchas y proyectiles, un cajón de disparo balístico, para realizar pruebas de este tipo.
La Unidad contará con un equipo humano integrado por antropólogos, odontólogos, un especialista en identificación genética, anatomopatólogos, técnicos y enfermeras forenses, entre otros.